¿Hasta dónde ha de haber separación entre política y religión?
Se lee y se oye muchas veces que la Iglesia católica no puede, como institución espiritual, entrometerse en la vida política. Que no puede opinar, siquiera, de los asuntos materiales de la tierra; que, en fin, mejor estaría en la sacristía y, en todo caso, llevando una contadía privada de su doctrina y pensamiento.
Esto es, como bien puede pensarse, algo extraño a la realidad de las cosas.
Sabemos lo que Jesucristo dijo cuando, con ánimo de cogerlo en un renuncio, le enseñaron una moneda: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Lc 20:25)
Sin embargo, no dijo que la separación fuera de tal forma que no existiera relación alguna entre lo político y lo religioso. Eso no lo dijo porque comprendió que, simplemente, era imposible: la Iglesia la había creado para que estuviera en el mundo, para que, con la transmisión de la Buena Noticia, el mundo cambiara su corazón de piedra por otro de carne.
Esto lo ha comprendido, a la perfección, Benedicto XVI, el denostado, cuando, en su primera encíclica, Deus caritas est, establece, más que nada, el deber de la Iglesia y, en realidad, la relación que debe existir entre política y religión.
Así, “La Iglesia tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica, para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables” (Deus caritas est, 28)
Es decir, que es obligación de la Iglesia. No se trata de una actuación que, por capricho, hace la Esposa de Cristo sino que, al contrario, ha de llevar a cabo por imperativo (y gozo) espiritual.
