En estos días pasados hemos publicado varias noticias relacionadas con los videntes. Ahora traemos aquí la relación de este tema con un caso de desaparición muy conocido en España. Antes de que se abriera la última línea de investigación en la finca Majaloba, en La Rinconada (Sevilla), la Policía recurrió a videntes para buscar el cuerpo de la joven desaparecida Marta del Castillo. Lo hizo después de rastrear más de un centenar de lugares de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva sin hallar rastro alguno que pudiera ayudar a encontrar el cadáver de la adolescente desaparecida, de cuyo asesinato se cumplieron el pasado 24 de enero cinco años, tal como relataba ese mismo día el Diario de Sevilla.

Desesperados por la falta de pistas y con el hallazgo del cuerpo de Marta como única obsesión, los investigadores de la Policía llegaron a inspeccionar las ubicaciones marcadas por estos adivinos, que orientaban a los agentes en sus búsquedas y que se mostraron convencidos de que los restos de Marta se hallaban donde ellos indicaban, según han indicado a este periódico fuentes judiciales.

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La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a seis teleoperadores de líneas de videncia, tarot y magia negra que extorsionaban a clientes amenazándoles con dar a conocer grabaciones de conversaciones comprometedoras, después de que les sonsacaran datos y hechos referentes a otras personas a las que achacaban todos sus males. Lo cuenta Miguel Cabrera en El Mundo (edición de Andalucía).

Dos de las víctimas son de Almería y llegaron a pagar a los miembros de la red 28.100 euros -en este caso con amenazas continuadas durante tres meses- y 5.000 euros a cambio de no dar a conocer sus conversaciones con los teleoperadores y de destruir las grabaciones.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando la Guardia Civil detectó un grupo que podría estar extorsionando a sus víctimas de forma sistemática y organizada. Los agentes contactaron con las dos víctimas de Almería mencionadas, quienes les dieron a conocer que en las conversaciones los teleoperadores intentaban sonsacar información que afectara a terceras personas con las que tuvieran mala relación, haciéndoles ver que esas personas eran las causantes de todos sus males y proponiéndoles el encargo de algún tipo de “trabajo de magia negra” contra ellos.

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¿El derecho vigente en Puerto Rico permite la existencia de calles privadas? Esta pregunta constituyó el eje del debate el pasado 11 de febrero durante una vista oral que celebró el Tribunal Supremo para atender una petición de Certificación Interjurisdiccional de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico. Lo leemos en El Nuevo Día.

El interrogante surgió después que el juez federal Gustavo Gelpí emitiera una orden para que los residentes de las urbanizaciones cerradas con controles de acceso permitan entrar a sus predios a los testigos de Jehová a predicar. Sin embargo, la urbanización Brighton Country Club en Dorado rechazó la orden federal alegando que no le afecta porque las calles de este complejo residencial son privadas.

Establecida la controversia, la curia escuchó las argumentaciones iniciales de la licenciada Nora Vargas Acosta, quien representó a la Watchtower Bible Tract Society of New York (corporación empresarial detrás de la secta) y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová; y del licenciado Héctor Rivera Cruz, quien representó al Municipio de Dorado. Cada parte se dirigió a los jueces del máximo foro judicial del país en un turno de 25 minutos.

Acompañada por los abogados Erica Fontánez y Paul Polidoro, Vargas Acosta argumentó que las calles en Puerto Rico son públicas y que la petición de control de acceso de la urbanización constituía una confirmación de dicha condición de espacio público. “Esa Ley de control de acceso otorga el permiso pero dejando claro que no constituye la privatización de las calles”, apuntó Vargas Acosta. Reiteró que en la Isla no hay calles residenciales privadas conforme al derecho vigente.

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Una mujer acusada junto con su marido de matar a un hombre al que atrajeron mediante un anuncio en internet reconoció durante una entrevista para un periódico haber cometido el homicidio, y aseveró que ha matado a más de 20 personas en diversas partes del país, según informa Associated Press.

En entrevista para el periódico Daily Item de Sunbury (Pensilvania, EE.UU.), Miranda Barbour dijo que desea declararse culpable del homicidio de Troy LaFerrara, perpetrado el pasado mes de noviembre. También aseguró en la entrevista efectuada desde la cárcel que ha matado al menos a otras 22 personas, desde Alaska hasta Carolina del Norte, en los últimos seis años como integrante de una secta satánica.

“Creo que llegó la hora de contarlo todo. No me interesa si me creen. Sólo quiero contarlo”, expresó Barbour, según el texto que difundió el periódico el pasado 15 de febrero. El jefe de la policía de Sunbury, Steve Mazzeo, dijo al Daily Item que los investigadores están al tanto de las afirmaciones de Miranda Barbour sobre otros homicidios. Agregó que están “sumamente preocupados” y que se han puesto en contacto con los cuerpos de policía de otras demarcaciones.

En un comunicado emitido ayer, 16 de febrero, la división del FBI en Filadelfia dijo que había establecido contacto con la policía de Sunbury y que “ofrecerá cualquier asistencia requerida para el caso”. El abogado de Miranda Barbour no respondió de inmediato mensajes de The Associated Press dejados en su oficina. Mazzeo no respondió de inmediato un mensaje dejado en su oficina el domingo para solicitar un comentario.

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El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que esperan que llegue al Parlamento en los próximos meses, por el que se dará validez civil a los ritos religiosos de casamiento de mormones, ortodoxos, testigos de Jehová y budistas en España, confesiones con notorio arraigo pero sin Acuerdos firmados con el Estado que, hasta el momento, tienen que casarse por lo civil para que su matrimonio tenga validez en España. Lo cuenta Europa Press.

El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica el artículo 60 del Código Civil incluyendo el siguiente párrafo: “Se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España”.

Las confesiones religiosas que tienen reconocido el notorio arraigo en España y que, por tanto, se verían afectadas por esta ley son: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) -que son más de 51.000 en España-, la Iglesia Ortodoxa -un millón y medio-, los testigos de Jehová -113.000- y los Budistas -varias decenas de miles-.

Según reza el anteproyecto de ley, el reconocimiento de efectos civiles requerirá la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial y la libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto o figura equivalente de carácter religioso debidamente acreditado mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa y dos testigos mayores de edad.

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