Tras un pedido de informes realizado por el diputado nacionalista uruguayo Pablo Abdala, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del país reconoció que contrató a una escuela de yoga que es investigada por la Justicia de operar como una presunta secta, según informa el diario El País. Se trata de la Academia de Yoga Tradicional Ananda, de Montevideo, filial en Uruguay de la secta de origen rumano MISA (Movimiento para la Integración del Absoluto Sublime).
Tres años de yoga con amparo oficial
Abdala solicitó información para saber si el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) “celebró un convenio” con la escuela, ya que “de acuerdo a distintas investigaciones periodísticas y a una de tipo judicial”, en Montevideo, “a partir del año 2010 habría actuado una supuesta escuela de yoga que, en realidad, escondía una secta dedicada a la trata de personas”.
“La misma tenía por finalidad la captación de mujeres que, a través de la manipulación sicológica, eran incorporadas a la organización, adoctrinadas en determinadas creencias y luego trasladadas a un campamento en una ciudad de Rumania”, dice el diputado en el pedido. Además agrega: “Una vez allí, según las referidas versiones judiciales y periodísticas, eran sometidas a distintas formas de explotación sexual”.
El Mides respondió que el INJU “realiza llamados abiertos para la presentación de propuestas de talleres artísticos, culturales y educativos” y que la escuela de yoga, hoy investigada por la Justicia, “ofreció talleres desde agosto de 2013 hasta julio de 2016”.
Evaluación positiva del maestro de yoga
Abdala solicitó se informe acerca de si el INJU o el Mides tuvieron conocimiento sobre los antecedentes, actividades y sobre “la eventualidad de que la misma escondiera la existencia de una secta” al momento de realizar el convenio. El ministerio respondió que para adjudicar los espacios y la realización de un taller “son necesariamente evaluados los currículum de los talleristas ofertantes” y que “el currículum del tallerista titular de la escuela fue evaluado positivamente”.
El mismo –Octav Fercheluc– es un ciudadano rumano vinculado a un movimiento originario del país europeo acusado de pornografía, trata de personas y cuyo líder, Gregorian Bivolaru, está prófugo. La cartera indicó que “durante el período en que se ejecutaron los talleres en cuestión no existió denuncia al respecto”.
Según supo El País, la primera de varias denuncias ocurrió a principios de esta década, cuando una madre aseguró que sus dos hijas habían viajado a Rumania y no habían vuelto. La segunda fue en 2013 y la última, de un anónimo, el año pasado. Abdala indicó que ayer, 17 de octubre, plantearía el tema en la “Comisión Permanente” del Parlamento.
