¿El derecho vigente en Puerto Rico permite la existencia de calles privadas? Esta pregunta constituyó el eje del debate el pasado 11 de febrero durante una vista oral que celebró el Tribunal Supremo para atender una petición de Certificación Interjurisdiccional de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico. Lo leemos en El Nuevo Día.

El interrogante surgió después que el juez federal Gustavo Gelpí emitiera una orden para que los residentes de las urbanizaciones cerradas con controles de acceso permitan entrar a sus predios a los testigos de Jehová a predicar. Sin embargo, la urbanización Brighton Country Club en Dorado rechazó la orden federal alegando que no le afecta porque las calles de este complejo residencial son privadas.

Establecida la controversia, la curia escuchó las argumentaciones iniciales de la licenciada Nora Vargas Acosta, quien representó a la Watchtower Bible Tract Society of New York (corporación empresarial detrás de la secta) y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová; y del licenciado Héctor Rivera Cruz, quien representó al Municipio de Dorado. Cada parte se dirigió a los jueces del máximo foro judicial del país en un turno de 25 minutos.

Acompañada por los abogados Erica Fontánez y Paul Polidoro, Vargas Acosta argumentó que las calles en Puerto Rico son públicas y que la petición de control de acceso de la urbanización constituía una confirmación de dicha condición de espacio público. “Esa Ley de control de acceso otorga el permiso pero dejando claro que no constituye la privatización de las calles”, apuntó Vargas Acosta. Reiteró que en la Isla no hay calles residenciales privadas conforme al derecho vigente.

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El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que esperan que llegue al Parlamento en los próximos meses, por el que se dará validez civil a los ritos religiosos de casamiento de mormones, ortodoxos, testigos de Jehová y budistas en España, confesiones con notorio arraigo pero sin Acuerdos firmados con el Estado que, hasta el momento, tienen que casarse por lo civil para que su matrimonio tenga validez en España. Lo cuenta Europa Press.

El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica el artículo 60 del Código Civil incluyendo el siguiente párrafo: “Se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España”.

Las confesiones religiosas que tienen reconocido el notorio arraigo en España y que, por tanto, se verían afectadas por esta ley son: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) -que son más de 51.000 en España-, la Iglesia Ortodoxa -un millón y medio-, los testigos de Jehová -113.000- y los Budistas -varias decenas de miles-.

Según reza el anteproyecto de ley, el reconocimiento de efectos civiles requerirá la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial y la libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto o figura equivalente de carácter religioso debidamente acreditado mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa y dos testigos mayores de edad.

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El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer, 29 de noviembre, un real decreto que modifica la actual regulación de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para incluir más confesiones religiosas, informa el Ministerio de Justicia, de lo que se hace eco la agencia Efe. El fin es ajustar, clarificar y perfeccionar ciertos aspectos de esta comisión, encargada de asesorar al Gobierno sobre esta materia.

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa (del año 1980) dispone una composición tripartita y paritaria de la comisión de la que forman parte los representantes de la Administración del Estado, por un lado, y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas entre las que estarán en todo caso las que tengan notorio arraigo en España, por otro, además de personas de reconocida competencia en la materia.

Desde la anterior regulación de 2001 han alcanzado la declaración de notorio arraigo en España varias confesiones: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2003), los Testigos Cristianos de Jehová (2006), el Budismo (2007) y la Iglesia Ortodoxa (2010).

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Una maestra estadounidense ha sido suspendida temporalmente de empleo y sueldo tras haber obligado a un alumno de su clase, testigo de Jehová, a recitar el juramento a la bandera de EE.UU., tal como informó ayer, 6 de noviembre, un medio local, de lo que se hace eco la agencia Efe. Anne Daigle-McDonald, profesora en el colegio Explorer K-8, de la localidad de Spring Hill, en la costa oeste del estado suroriental de Florida, forzó a un alumno de nueve años a colocar la mano sobre el corazón y recitar el juramento a la bandera de EE.UU.

El niño, según los preceptos de los testigos de Jehová, tiene prohibido participar en actividades consideradas por ese grupo religioso como “adoración de objetos”. Pese a las protestas del niño, según la fuente, la maestra señaló que, si era estadounidense, tenía que saludar a la bandera, y volvió a obligarle a al día siguiente a jurar bandera, tras lo que le dijo ante el resto de la clase: “Si no puedes poner tu mano en el corazón, entonces debes irte del país”.

Las autoridades escolares han suspendido cinco días de empleo y sueldo a la profesora, que tendrá que asistir a clases sobre diversidad religiosa y étnica y que ha asegurado que ignoraba que los testigos de Jehová tengan prohibido recitar el juramento a la bandera.

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Los municipios puertorriqueños de Bayamón, Dorado, Guaynabo, Gurabo, Ponce y Trujillo Alto deberán pagar miles de dólares en multas por no cumplir con la orden del juez federal Gustavo A. Gelpí de abrir las urbanizaciones con control de acceso sin guardias a los testigos de Jehová. Lo cuenta Mariana Cobián en El Nuevo Día.

Gelpí emitió una orden en la que recuerda a los municipios demandados que el 21 de marzo pasado decidió que los adeptos de la secta tienen derecho a poder entrar a las comunidades para poder llevar su mensaje dado que las carreteras son públicas, y que debían proveerles “beepers”, dispositivos o claves de entrada para lograr acceso a las comunidades. El juez recalcó que de no cumplir con la orden, los municipios se exponían a una multa de 100 dólares diarios.

“Simplemente no se puede argumentar que los municipios demandados no sabían de la sanción de $100 diarios. Los demandantes sometieron una moción para que se impongan las multas a los municipios de Bayamón, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Ponce y Trujillo Alto. Algunos municipios que enfrentan sanciones alegaron que actuaron de buena fe o que no pudieron cumplir a tiempo con la orden, por lo que no deben ser sancionados. La corte no encuentra mérito en esos argumentos”, lee la decisión de Gelpí, que no encontró incumplimiento por parte de los municipios de San Juan y Caguas.

La multa de Bayamón es de 1.900 dólares por tardar 19 días en cumplir, mientras que la sanción de Dorado es de 1.400 dólares por tardar 14 días. Guaynabo enfrenta una multa de 8.800 dólares por estar 88 días tarde, mientras que Gurabo deberá pagar 1.400 dólares por 14 días. Trujillo Alto enfrenta una multa de 4.800 dólares por estar 48 días tarde. La suma más alta le corresponde a Ponce, de 11.600 dólares por 116 días sin cumplir.

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