Puerto Rico: los testigos de Jehová defienden su proselitismo en los tribunales
¿El derecho vigente en Puerto Rico permite la existencia de calles privadas? Esta pregunta constituyó el eje del debate el pasado 11 de febrero durante una vista oral que celebró el Tribunal Supremo para atender una petición de Certificación Interjurisdiccional de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico. Lo leemos en El Nuevo Día.
El interrogante surgió después que el juez federal Gustavo Gelpí emitiera una orden para que los residentes de las urbanizaciones cerradas con controles de acceso permitan entrar a sus predios a los testigos de Jehová a predicar. Sin embargo, la urbanización Brighton Country Club en Dorado rechazó la orden federal alegando que no le afecta porque las calles de este complejo residencial son privadas.
Establecida la controversia, la curia escuchó las argumentaciones iniciales de la licenciada Nora Vargas Acosta, quien representó a la Watchtower Bible Tract Society of New York (corporación empresarial detrás de la secta) y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová; y del licenciado Héctor Rivera Cruz, quien representó al Municipio de Dorado. Cada parte se dirigió a los jueces del máximo foro judicial del país en un turno de 25 minutos.
Acompañada por los abogados Erica Fontánez y Paul Polidoro, Vargas Acosta argumentó que las calles en Puerto Rico son públicas y que la petición de control de acceso de la urbanización constituía una confirmación de dicha condición de espacio público. “Esa Ley de control de acceso otorga el permiso pero dejando claro que no constituye la privatización de las calles”, apuntó Vargas Acosta. Reiteró que en la Isla no hay calles residenciales privadas conforme al derecho vigente.
