El des-acuerdo en los abusos de menores. Por Mons. Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo
Publico aquí un texto aparecido hoy, 12 de Enero de 2026, en el diario ABC de España.
Me alegro por la gran claridad de Mons. Sanz y ruego a Dios para que nosotros, como Iglesia militante, terminemos con esta lacra de una vez, sin síndromes de Estocolmos y exigiendo que otras instituciones también sean sindicadas e investigadas.
Porque ley sea pareja, nadie se queja…
P. Javier Olivera Ravasi, SE
Por Mons. Jesús Sanz Montes
Ya tenemos otra entrega en el escenario calculado del despiste trazado con tiralíneas y cartabón: emplazar a la Iglesia católica para que ‘pague’ sus desafueros abusivos perpetrados por clérigos pederastas. A bombo y platillo lo ha presentado el ministro correspondiente y aplaudido por su jefe mandamás. Que la Conferencia Episcopal (CEE) y la Conferencia de Religiosos (Confer) firmen un acuerdo vinculante con el Gobierno de España para que este fije el precio del delito, la Iglesia pague la factura correspondiente del crimen de marras, y si no hay acuerdo, que lo dirima el Defensor del Pueblo. A no pocos les ha sorprendido este ajuste en el que el Gobierno marca el precio, selectivamente señala al pagador, tomando como árbitro al Defensor del Pueblo (sólo de una parte del pueblo, no de todos).
No se trata de una decisión que pone en marcha el Ejecutivo gobernante teniendo en cuenta a todas las víctimas, sino sólo a las que se inscriben en las filas de los clérigos y religiosos católicos. Extraña opción que se focalice sólo en la Iglesia los casos de abusos cuando estos representan el 0,2 por ciento, quedando casi impunes de facto el 99,8 por ciento restante. Si exigiésemos reciprocidad porque realmente nos interesan todas las víctimas, sean quienes sean los victimarios, tendríamos que decirle al Gobierno esto: que repare económicamente a las víctimas que han sufrido los abusos por cualquier tipo de delincuente civil (de la esfera familiar, de enseñanza, de deporte, de centros de acogida de menores, etcétera) y que se atenga al dictamen del Defensor del Pueblo ante un conflicto de valoración. Pero no han dicho esto, aunque haya una cláusula retórica donde se dice que lo harán.
Como indicaba el presidente de la CEE, monseñor Argüello, la Iglesia ha tomado este toro por los cuernos haciendo sus deberes con responsabilidad moral, alentados por las indicaciones de los últimos pontífices. Y poniendo en marcha las oficinas correspondientes en cada diócesis y en las congregaciones religiosas para la acogida y acompañamiento de los abusados. Importante es el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales de la Iglesia en España (Priva). Es un compromiso real con las víctimas que tenemos en nuestro patio particular.
Nuestros gobernantes, que exhiben como un trofeo el acuerdo firmado, no han hecho un protocolo como el realizado por la Iglesia (Priva), tampoco una prevención con una pedagogía adecuada para que estos casos no se den en el ámbito de la familia, de la escuela pública estatal, de los centros de protección de menores tutelados por las Administraciones Públicas, de las asociaciones de tiempo libre y establecimientos de entrenamiento físico, etcétera. No han hecho nada de esto, aunque se permiten poner su punto de mira y su martillo pilón obsesivo en un tipo de víctimas nada más, porque tienen detrás un tipo de victimarios concretos que quieren señalar.
¿Por qué esa fijación? Porque estamos de nuevo ante un arma de distracción masiva en un momento en el que ellos necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente, crispando el ambiente con polémicas sensibles que enfrentan dialécticamente a una sociedad saturada de escándalos y procesos judiciales que implican a los imputados y encarcelados conocidos, cuyas siglas políticas y responsabilidades de gobierno no hace falta ni siquiera explicitar por sabidos.
Repitamos una vez más que la pedofilia es un crimen inmenso, máxime cuando es perpetrado por quien más debería dar ejemplo de referencia moral ante los más inocentes e indefensos, como son los niños. Por eso Jesús dijo que más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar quien hiciera daño a los pequeños (Lc 17,2). Sí, la pedofilia es un crimen, un delito y un pecado de toda la sociedad cuando ha perdido su horizonte moral, cayendo en la frivolización ética, cuando ningunea la verdad haciendo de la mentira un método de gobernanza, cuando trivializa lo más sagrado, como es la vida en todos sus tramos, y la familia se dilapida en cualquier tipo de unión, cuando se traicionan las virtudes morales de la justicia, la paz y la convivencia.
Reconocemos que también la Iglesia tiene miembros que han cometido ese pecado moral, ese delito penal. Por ello hemos puesto en marcha espacios adecuados y recursos humanos para la acogida de esas denuncias, para la prevención que evite estos terribles abusos, así como las garantías para que nadie se aproveche de semejante derrotero para sacar provecho torticero. Hay casos en los que las víctimas han sido los sacerdotes, al acusarlos falsamente. Y quien hubiera ocultado o protegido a quien los cometía de veras tiene una complicidad por la que tendrá que pagar ante Dios y ante la sociedad. Pero la pedofilia no es un pecado o delito cristiano y clerical en particular, sino que lo es de toda la sociedad. Haría bien el Gobierno, si es coherente con esa preocupación que dice exhibir por las víctimas, que abra su foco real donde estos crímenes se cometen en toda la sociedad.
Sugiero que, recíprocamente, al igual que exigen a la Iglesia que subsidiariamente repare los daños, incluso cuando el presunto victimario ha fallecido o ha prescrito su delito de abuso, también las Administraciones Públicas afectadas (ministerios de Familia, Deporte, Educación, etcétera) indemnicen a quienes han sufrido estos terribles desmanes en los escenarios civiles antes indicados y no pueden recibir ningún tipo de ayuda psicológica, económica y ética. Eso que piden a la Iglesia, y que la misma Iglesia se adelantó a ofrecerlo por compromiso moral, aunque no tuviera una obligación legal ni penal, que también estos gobernantes hagan lo mismo en sus ámbitos de competencia.
Porque, dado que la pedofilia es una lacra de la entera sociedad contemporánea, en la que también la Iglesia está integrada, pongamos los medios y los remedios para sanarla y erradicarla sin seccionarla interesadamente por un motivo de disuasión y de desgaste ideológico. Por ejemplo, atajando el daño tremendo que genera la pornografía, tan fácilmente asequible a través de internet y las redes sociales que tanto se quiere controlar, o la educación ideologizada por el género a la carta que diseña la banalización antropológica, sin olvidar la hipocresía cínica de la inmoralidad o amoralidad en tantos casos de quienes tienen mucho que callar y mucho en lo que comprometerse de verdad, mientras fomentan el caldo de cultivo para que se sigan cometiendo estas tragedias deleznables que todos lamentamos, pero que algunos sólo eligen para distraer y jalear con los intereses sabidos que nunca se declaran.
Jesús Sanz Montes, OFM es arzobispo de Oviedo
Fuente: https://www.abc.es/
(las negritas no están en el texto original)
31 comentarios
Del gobierno masónico del anticristo nada nos extraña, es más, hacen muy bien su papel, satanas estará contento... pero ¿el papel de los obispos españoles?, a muchos nos deja boquiabiertos. Con su actitud parecen aceptar todo el teatro, todo el ataque sin base jurídica ni legal.
Si alguien ha sufrido abuso de un clérigo católico, entonces debe denunciarlo a la policía ¡Y PUNTO!. Ya veremos después del juicio quién debe pagar, con las debidas garantías. Es el pederasta el que comete el crimen, no la Iglesia. Si hay algún obispo encubridor, entonces debe ser acusado de cómplice, ¡Y PUNTO!.
Este teatro es absurdo y naiff, no se comprende, no tiene lógica, porque la estupidez tiene un límite, ó quizás oscuros acuerdos secretos como el de China, ó quizás inconfesables chantajes de IBIS y otras cosas que a los fieles de a pie no nos interesan.
Así que todo dependerá del que necesite pasta y "denuncie" a una "comisión" y luego un PSOE resentido vestido de "defensor del pueblo", un carguillo politiquero sin competencias de ningún tipo, "decidirá" lo que se hace, supongo que después de consultar a alguna logia ó a algún "ministro". Es todo un completo absurdo, absurdo TOTAL.
Si un funcionario del Estado comete un abuso y el Estado lo encubre, se hace cómplice y puede ser obligado a pagar indemnizaciones a las víctimas más allá de la responsabilidad penal del funcionario.
Lo mismo se aplica a los sacerdotes y la Iglesia.
La realidad ,la triste realidad, es que durante décadas hubo una política de encubrimiento de abusos en la Iglesia y que Roma solamente se tomó en serio el problema cuando el pago de millones por responsabilidad civil arruinó a las diócesis norteamericanas.
Catecismo de la Iglesia Católica.
313. santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: "Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor" (Carta de prisión; cf. Liturgia de las Horas, III, Oficio de lectura 22 junio).
Romanos 8:28 es un versículo bíblico clave que
afirma que todas las cosas obran juntas para el bien de quienes aman a Dios y son llamados según su propósito, significando que Dios puede usar circunstancias buenas y malas para cumplir sus planes, transformando incluso el sufrimiento en un medio para el crecimiento espiritual y la bendición, no como magia, sino para los que mantienen una relación con Él, como en los ejemplos de José o Job
Pero firmaron, ¿O no?
Animo a todos los fieles a que pidan explicaciones a los obispos. No podemos estar callados ante semejante decisión. Con todo el respeto
Mire, le voy a poner un ejemplo de forma educada a ver si así lo entiende.
Mi tío fue sacerdote. Digo fue porque murió hace 5 años. Si mañana recibe una denuncia de abuso de hechos que ocurrieron en los sesenta, no tiene derecho a defensa porque está muerto. Si acusan a su obispo de encubrimiento, tampoco, porque está muerto.
Sin embargo, la Iglesia paga ¿Donde está la justicia?
El tema es que el gobierno es un ignorante:
Ignora y fomenta el genocidio del aborto.
Ignora y fomenta la perversión de los niños.
Ignora y fomenta el divorcio.
Ignora la poligamia por sucesión de esposas.
Ignora el pecado de adulterio.
Ignora y fomenta la mentira, cuyo padre es Satanás.
Ignora los robos y latrocinios.
Ignora y fomenta la fornicación.
Ignora que es un hipócrita queriendo quitar la paja, no pequeña, del ojo ajeno, cuando tiene el una viga en el suyo.
En una palabra que se les puede mandar a un aserradero en vez de al oculista.
No hay que mezclar lo espiritual con lo jurídico, y menos aún en este sistema anticristiano y ateo. Y menos aún con un falso proyecto del PSOE contra la Iglesia, claramente de inspiración masónica y odiadora de Cristo. Debe haber juicio legal con todas las garantías para todos, y PUNTO. Nada de apaños con el dinero de todos, y con el prestigio de todos los católicos, como si la "Iglesia" fuera una institución abusadora como tal, que de pronto se arrepiente y debe pagar. No.
Hablamos del ministro Bolaños chantajeando a la jerarquía de la Iglesia, con no sabemos qué material (¿el pago de impuestos por los inmuebles? ¿la cancelación de la financiación a la Iglesia? ¿sacar pruebas de determinadas personas implicadas en actos aborrecibles por la moral cristiana?), sencillamente no tenemos ni idea de lo que hay detrás de este bodrio y de este irracional jurídico de aceptación de culpas "colectivas".
Ya ha dicho Alberto Bárcena que Bolaños tuvo un papel específico en rituales que simbolizan la persecución de la Iglesia, como por ejemplo en la exhumación de los restos funerarios de Franco del Valle de los caídos con violencia institucional.
Una cosa es la Comunión de los Santos y el Cuerpo Místico de Cristo y otra obviar los procesos jurídicos que son de ley, usando un acuerdo absurdo donde el defensor del pueblo decide cuanto paga "la Iglesia" a los que denuncien supuestos abusos. El defensor del pueblo no tiene prácticamente ninguna atribución, y el que ha llevado todo este tema es un personaje del PSOE rebotado antiguo fraile que me da la peor de las vibraciones, Ángel Gabilondo. Alberto Bárcena le incluye en la "red de influencia masónica" dentro del socialismo español.
Y a todo lo anterior se presta la Iglesia (sus jerarquías) sin la menor oposición, colaborando. De cómplice. Es inconcebible. Como dijo Churchill (personaje por otro lado muy oscuro pero de frases muy agudas), "elegisteis el deshonor para evitar la guerra, habéis perdido el honor y tendréis también la guerra".
2. El Arzobispo de Oviedo ya no engaña ni a un niño de 3 años: en la CEE es miembro de la Comisión Ejecutiva desde el 3 de marzo de 2020, tras ser elegido de nuevo para este cargo en la Plenaria de marzo de 2024. Era miembro del Comité Ejecutivo desde 2017. Asimismo es miembro de la Comisión Permanente.
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jesus-sanz-montes/
3. El Arzobispo de Oviedo ha votado el acuerdo en los abusos de menores con el Gobierno. Y si votó negativamente, no publicó nada en ABC y no ha dimitido por honor y coherencia.
4. ¿Qué película está contando ahora que ya se firmó el "des-acuerdo" en los abusos de menores?
5. Todos sabemos que es un disparate episcopal, una aberración jurídica y un impuesto más a los fieles católicos.
6. Pero, la X del IRPF pesa mucho en quien se comporta como un mercenario, vendido al dinero del dios Estado.
7. Los abusos sexuales (+80% homosexuales) a menores y su encubrimiento episcopal se acaban en 0,01 segundos si hay voluntad, si se quiere cumplir la Voluntad de Dios. Basta con hacer lo que se hacía antes del CV II: exposición pública del obispo encubridor y el clérigo culpable con su correspondiente expulsión y ex-comunión. Ya está bien de maltratar al pueblo de Dios: espiritual y, algunos, físicamente.
Precisamente la mayoría de casos de abuso viene de la primavera postconciliar.
El punto 7 desde luego es falso, JSP, antes del Vaticano II no se hacía eso que dice usted, desgraciadamente no se conoce ni un solo ejemplo. Cuánto más atrás en el tiempo, más cobertura y menos claridad.
2. No existen ejemplos documentados completos publicados de casos de abuso clerical investigados específicamente por el Santo Oficio en el siglo XIX, en gran parte porque la institución misma estaba desapareciendo y sus archivos fueron dispersados o destruidos, República y Guerra civil o Cruzada.
3. La mayor parte de la evidencia histórica proviene de los siglos XVI–XVIII, donde se documenta la persecución del delito de solicitación en confesores y otros clérigos y los mecanismos de proceso que se empleaban.
4. Uno de los últimos casos conocidos, jurisdicción española, en que un sacerdote fue citado por el Santo Oficio por abusos sexuales en contexto de solicitación fue el capellán Paulino Vicente Arévalo, quien se sentó ante la Inquisición en 1798 acusado de abusos a penitentes. Este caso es especialmente relevante porque se da ya muy cerca del fin institucional del Santo Oficio y muestra la continuidad de este tipo de procesos hasta finales del XVIII.
5. Otro caso documentado por historiadores es el del sacerdote Martín Navarro, juzgado por solicitación en 1722 ante la Inquisición de Cuenca. Este caso forma parte de la serie de expedientes abiertos por el Santo Oficio por abusos sexuales dentro de la confesión o en contactos con penitentes.
6. En 1578, Andrés de Campos, teniente de cura en La Alberca, fue protagonista de uno de los procesos de solicitación más antiguos dentro de los archivos del Santo Oficio de Cuenca. El caso ilustra bien el tipo de procedimiento inquisitorial que luego se mantuvo: múltiples denunciantes, vigilancia del confesor y apertura de expediente formal por el tribunal. Para que aprenda el tal Bolaños.
7. La Inquisición abrió numerosos expedientes por delito de solicitación (sexual en contexto de confesión) en varios tribunales españoles hasta finales del XVIII —el último periodo antes de su desaparición oficial en 1812–1834. Un estudio cuantitativo realizado sobre registros hasta 1819 encontró que entre 1723 y 1820 se completaron al menos 3775 casos de solicitación investigados por tribunales inquisitoriales españoles. El historiador Stephen Haliczer encontró 223 expedientes completos de solicitación entre 1530 y 1819 en los archivos españoles, con varios casos específicos de sacerdotes que intentaron seducir a penitentes —incluyendo ejemplos con adolescentes en torno a la pubertad (antes de la edad mínima canónica de confesión). ¿Qué muestran estos casos? Cómo actuaba el Santo Oficio frente a estos delitos: Apertura de expediente tras denuncia de uno o varios fieles. Evaluación de testimonios y declaraciones de confesores y otros testigos. Acusación formal y juicio inquisitorial, centrado en la profanación del sacramento y el delito de solicitación. Sentencias de tipo eclesiástico y disciplinario, que podían incluir: prohibición de confesar, penitencias, reclusión o exilio eclesiástico.
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