Monseñor Uriarte ha prestado su último “servicio” a la Iglesia en Guipúzcoa. El mismo ha consistido en desobedecer las instrucciones claras, precisas y hasta contundentes que recibió de Roma en el sentido de no permitir que saliera a la luz la edición “corregida” del Jesús de Pagola, al menos no sin haber sido antes revisada por la Comisión para la Doctrina de la Fe de la CEE. Pues nada, ni repajolero caso. Dicha edición va con su “imprimatur". Un imprimatur que de poco va a servir si, como todo parece indicar, la Congregación para la Doctrina de la Fe toma cartas en el asunto y abre expediente al teólogo vasco. De hecho, según mis fuentes, y puedo asegurar que son absolutamente fiables, las correcciones llevadas a cabo por Pagola no alteran apenas en nada los errores teológicos que fueron mostrados por la comisión de la CEE.

Pero eso ya a monseñor Uriarte le importa un pimiento. Él dejará de ser obispo de San Sebastián el próximo 9 de enero. E incluso si, como posiblemente se esté intentando desde España, se produce una reacción “urgente” de Roma pidiendo la retirada del libro, lo más seguro es que el prelado vasco se haga el sordo y mire para otro lado. De tal manera que el marrón le caerá a monseñor Munilla. Es más, estoy convencido de que esa, y no otra, era la intención de Uriarte. La jugada es clara: si Munilla se carga el libro, aparecerá ante los enemigos internos y externos de la Iglesia como el obispo inquisidor que se enfrenta al teólogo más destacado de su nueva diócesis. Y si no hace tal cosa, habrá quien diga que tiene miedo a hacer lo que tiene que hacer.

Pero yo creo que, precisamente, monseñor Munilla no tiene que encargarse de este asunto, aunque también es cierto que si lo hace, sería la forma más contundente de dejar bien claro que a él nadie le marca el paso. En todo caso, el que ha dado el imprimatur al libro no es él sino Uriarte. Y si se tiene que censurar a Pagola y al obispo que le apoyó, esa es tarea de la Santa Sede. Lo que un obispo rebelde hace, no lo tiene que deshacer su sucesor sino la Sede Apostólica, que para eso está. Roma debe facilitar las cosas al nuevo obispo de San Sebastián, quien debería encontrarse con el asunto resuelto incluso antes de tomar posesión.

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Se nos dice ahora que el gobierno buscó y logró enfrentar a la patronal de la enseñanza religiosa en España (FERE) con los obispos (CEE) a la hora de oponerse a Educación para la Ciudadanía. Parece ser que el éxito de semejante hazaña cabe atribuírselo a un tal Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación cuando se montó el cirio con esa asignatura adoctrinadora. Posiblemente Tiana tuvo un papel destacado, pero de lo que yo me acuerdo es de la famosa carta que la ministra Cabrera mandó a Manuel De Castro en la que le aseguraba que se respetaría el ideario de los centros a la hora de dar la asignatura. Una carta que, obviamente, carecía de cualquier valor jurídico o ejecutivo, ya que no pasaba de ser una declaración de intenciones.

El caso es que mientras que desde Añastro y aledaños salían declaraciones explosivas llamando poco menos que a la rebelión cívica contra la EpC -me acuerdo especialmente de una entrevista de Losantos al cardenal Cañizares y de otra de César Vidal a Martínez Camino-, desde los colegios católicos se decidió mirar a la luna, hablar de pacto y poner mala cara a los padres que osaban objetar. Y una cosa es cierta: a la FERE se le podrá acusar de casi cualquier cosa menos de falta de coherencia. Pero resulta que el mismo cardenal que hacía de Elías contra los Baales de la EpC, luego se comía con patatas la incorporación de la asignatura a sus colegios diocesanos. Y no fue el único. Cuando pregunté a un prelado sobre la cuestión, la respuesta fue: “¿y qué podemos hacer? ¿exponernos a que nos cierren los colegios?". Sin comentarios.

Lo cierto es que tras la tempestad vino la calma y la actitud del episcopado español ante la EpC empezó a parecerse mucho a la de la FERE. Es decir, oposición al fondo pero con disposición a llegar a los acuerdos que fueran menester para al menos salvar la cara de los colegios católicos. Por supuesto, se ha seguido diciendo que la asignatura es adoctrinadora, que atenta contra el derecho de los padres, etc, etc. Pero los únicos que han objetado han sido precisamente algunos padres. Si se hubiera producido una oposición radical de la escuela católica a la asignatura, es obvio que el gobierno habría que tenido que echar marcha atrás. El Estado no puede asumir el volumen de alumnos, y el gasto que supondría, de la escuela concertada. Pero si no se hizo tal cosa antes de la sentencia del Supremo, menos se va a hacer ahora. Así que tendremos EpC sí o sí, y nos tendremos que conformar con impedir que a los muchachos les lleguen los peores libros de dicha asignatura. Por ejemplo, yo me he leído “de pé a pá” el que se da en el colegio de mi hijo y no he encontrado nada contrario a mis valores.

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