Como cabía esperar, la Asamblea Universitaria de la, todavía, Pontificia Universidad Católica del Perú, decidió que no iba a aceptar la petición de cambio de estatutos propuesta por la Santa Sede. Entre dichos cambios, figuraba el que la elección de Rector debería tomarse por parte del arzobispo, que debería de elegirlo de una terna propuesa por la Asamblea. Da igual quien sea en cada momento dicho arzobispo. La idea, fruto del sentido común, es que una universidad católica y pontificia, debe estar bajo el control de la propia Iglesia. De lo contrario, no tiene lógica alguna que dicha universidad se llame católica ni pontificia.

Los responsables de la PUCP han optado por lo que ellos llaman “independencia” y autonomía universitaria respecto a la Iglesia. Es posible, aunque no lo sé, que la legislación peruana les ampare. Sobre este asunto he leído artículos de diversa índole. Siendo español no tiene mucho sentido que me pronuncie al respecto, ya que es una cuestión que tendrán que dilucidar los peruanos. Ahora bien, no hace falta ser muy inteligente para entender que una universidad que es confesionalmente católica no puede actuar al margen de lo que la Iglesia Católica diga.

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Liechtenstein es un microestado situado en el corazón de Europa que hace frontera al oeste por Suiza y al este con Austria. En Wikipedia se pueden leer los datos más interesantes sobre esa pequeña nación, que es más conocida por su condición de paraíso fiscal y por su equipo de fútbol, probablemente el mejor entre los más modestos de Europa, que por otra cosa.

De sus 34.000 habitantes, las tres cuartas partes son católicos. No sé qué porcentaje son practicantes, pero si el catolicismo en Liechtenstein tuviera las mismas características que el que se da hoy en Suiza y Austria, no cabría ser muy optimista. Algo me lleva a pensar que ese no es el caso. El hecho de que más de la mitad de la poblacion haya votado en contra del aborto indica que la moral católica sobre la dignidad de la vida humana es aceptada por la mayoría de esos católicos. Si la secularización interna de la Iglesia hubiera avanzado allá como lo ha hecho en sus países vecinos o incluso en España, probablemente el resultado habría sido el contrario.

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El periodista César Coca ha realizado una interesantísima entrevista a Mons. Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona-Tudela y una de las mentes más preclaras del episcopado español en las últimas décadas. Como quiera que abordan muchos temas, me quiero centrar en dos de las preguntas y la respuesta que da don Fernando:

- Según las encuestas, los españoles confían poco en la Iglesia y muy poco en los obispos. ¿Alguna autocrítica?

- Lo veo injusto, como le decía. Hay medios que se divierten metiéndose con nosotros. Que si somos ricos… Cuando me fui de Pamplona alguien dijo que me había comprado un piso de 90 millones en Marbella. ¿Que podemos ser mejores y más listos? Sí, pero no somos de los peores. Un obispo tiene una gran responsabilidad y hace su trabajo en condiciones muy modestas, y sin ambiciones. Cobramos 1.200 euros al mes, así que me creerá si le digo que no estamos aquí por codicia ni honores.

- Entonces, ¿a qué cree que se debe esa falta de confianza?

- A que tocamos temas que duelen. Pero es que tenemos que ser fieles a nuestra misión. Por complacer a la gente no podemos cambiar nuestros pronunciamientos, como hacen los políticos. Hay una tendencia a decir que la Iglesia debería ser más condescendiente. Pero no; tenemos que ser la voz de Jesucristo, en lo que guste y en lo que no. No podemos ser oportunistas, como algunos nos piden.

Efectivamente, la Iglesia pero, sobre todo, los obispos, no gozan de mucha popularidad en la sociedad española. Ahora bien, lo que para algunos eso es síntoma de debilidad del catolicismo en este país, para mí es una clara señal de que no se están haciendo las cosas muy mal. Me preocuparía mucho que una sociedad que está instalada en la securalización, que va a toda velocidad por la senda de la cultura de la muerte, tuviera una buena opinión de la Iglesia.

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La Fiscalía ha pedido 309 años de cárcel para el doctor Morín por 101 delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental. Además, ha solicitado diversas penas por las mismas razones para su esposa y el personal sanitario que colaboró en la maquinaria de picar carne humana en que se convirtieron las clínicas de ese asesino de bata blanca. Llegaron a practicar abortos a criaturas de siete meses y medio de gestación. O sea, infanticidio rampante. Ahora bien, no olvidemos que las leyes abortistas de este país permitían ese tipo de abortos en algunos supuestos. Que el doctor Morín y sus compinches falsificaran los informes médicos para que encajaran con esos supuestos, no nos exime del horror de pensar que la ley admite que se mate a su ser humano en el seno materno cuando ya puede vivir fuera.

No sabemos en qué puede acabar el juicio humano contra esos profesionales de la cultura de la muerte, pero sí sabemos cuál será el resultado del juicio al que se tendrán que enfrentar una vez mueran. A menos que, Dios lo quiera, se arrepientan de sus crímenes, lo que les espera no es una condena de siglos, sino una cadena perpetua en el sentido más literal del término.

Tuve el privilegio de conocer personalmente al doctor Nathanson, que pasó de ser un ángel caído exterminador a convertirse en un apóstol de la vida. La misericordia de Dios alcanza también a quienes han dedicado su vida a matar inocentes no nacidos. Y la gracia divina convierte a matarifes miserables en abogados ante el mundo de la dignidad de la vida humana desde su concepción.

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Me dan una pena, oye, que no sé como lo puedo soportar. Me refiero a las madres que estrangulan a sus bebés recién nacidos. Las pobres no tuvieron dinero para pagarse un aborto y claro, no les queda más remedio que optar por matar a sus hijos nada más nacer. Al fin y al cabo, tampoco hay mucha diferencia. Lo que importa es que la criatura, culpable de haber llegado a existir sin que nadie se lo pidiera, no moleste más a su mamita.

La sociedad debe de ayudar a esas mamás asesinas. Por eso hay que alabar la decisión de la jueza canadiense Justice Veit -no es broma el nombre… se llama así de verdad-, que ha decidido poner en la calle a una muchachuela que tuvo la ingeniosa idea de dar a luz en el baño de la casa de sus padres y, a continuación, poner sus manos sobre el cuello de su hijo, apretar hasta que dejó de respirar para luego tirarlo a la parte de atrás de la cerca de unos vecinos. De hecho, no es que le diera un arrebato repentino. Se demostró que la joven lo había planeado antes.

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