Como quiera que la buena gente de Bebé-Aído ha enviado un muñequito de los suyos a la Familia Real y han pedido al Rey que interceda para que no salga adelante la nueva ley del aborto, recupero para los lectores de este blog y de InfoCatólica una carta que escribió monseñor Guerra Campos el 19 de julio de 1985, a cuenta de la primer ley del aborto y su sanción por el sucesor de Franco a título de Rey y actual Jefe de Estado de nuestra querida España:

MORAL CATÓLICA Y MONARQUIA CONSTITUCIONAL
La responsabilidad moral del Rey en la sanción de las leyes

El 19 de julio “YA” publicó un editorial titulado “El Rey y la ley del aborto”. Envié al diario una exposición complementaria con el propósito de que la doctrina moral católica no quedase rebajada a mero liberalismo. “YA” no se ha dignado publicar dicha aclaración. Y así me veo obligado a hacerla pública en este número del “Boletín”, añadiéndole un párrafo conclusivo.

“YA” en su editorial de hoy glosa mi declaración de 13 de julio en lo tocante a la sanción y promulgación de la ley. Destaca este punto como novedad. La novedad, si la hay, no me corresponde, pues, en 1983, un Obispo muy ligado al “YA”, escribió sobre el “grave problema de conciencia para muchas personas porque no es lícito cooperar ni a la elaboración, ni a la promulgación, ni a la puesta en práctica…”

El artículo de “YA” merece ser continuado para que podamos asomarnos de verdad al problema moral que nos preocupa. Recuerda primero la conocida falta de responsabilidad jurídica del Rey según la Constitución, su carencia de iniciativa y de libertad para oponerse, su función meramente nominal, su preeminencia simbólica y puramente representativa como encarnación suprapartidista del Estado.

En el último párrafo, que es el que toca la cuestión, hace dos afirmaciones. En la primera reconoce que “la responsabilidad moral no queda agotada en la responsabilidad jurídica ni de las personas ni de las instituciones”. “Puede darse incluso contraposición entre ambas, lo mismo que puede darse entre la legalidad de una norma y su moralidad”. Reconocimiento oportuno, pues el gran problema tras la promulgación de la ley está precisamente en que numerosos practicantes del aborto quedan exentos de responsabilidad jurídica mientras permanece su responsabilidad moral, como autores de lo que la Iglesia califica de “crimen abominable”.

La segunda afirmación es aplicable al caso del Rey. Dice que para “calibrar su verdadera responsabilidad moral” es forzoso tener en cuenta como condicionante: 1º la obligación jurídica de obrar en un sentido determinado, en razón de su cargo; 2º la necesidad de ponderar, en difícil discernimiento, las gravísimas consecuencias de carácter general que pudieran derivarse de sus decisiones.

Y aquí se detiene la exposición de “YA”. Que hay que tener en cuenta ese condicionante es evidente; pero no basta para formar un criterio moral. Nos deja en una hipótesis indeterminada. En primer lugar, ¿consta que el Rey tuviese obligación jurídica de sancionar cuando la ley se opone a las garantías que exige el Tribunal Constitucional? Y dado el condicionante, ¿elimina sin más y en cualquier caso la responsabilidad moral? ¿No se requiere alguna otra condición, al menos como propósito de futuro?

Una respuesta cómoda sería que el Rey, en virtud del sistema constitucional, queda exento de responsabilidad moral sancionando con pasividad permanente y automática todo lo que produzca aquel sistema, aunque ello le convirtiera en símbolo de un Estado que conculque valores inviolables.

En nuestro caso es forzoso no olvidar que, mientas dure la ley del aborto, lo que se produce no es sólo una situación insatisfactoria respecto a opiniones o formas constitucionales. Lo que ocurre es que se está destruyendo de manera monstruosa la vida de niños inocentes. Esto condiciona seriamente la valoración de las consecuencias que pudieran derivarse de evitarlo (¿es claro que sean realmente más graves?). Además, según enseño la Santa Sede, no es aplicable al caso el criterio del pluralismo democrático, porque “la vida de un niño prevalece sobre todas las opiniones; no se puede invocar la libertad de pensamiento para arrebatársela”. No se puede invocar ningún concepto de tratadistas constitucionales. Si una ley ataca esa vida, un Rey constitucional no puede olvidar que la ley existe con su sanción y sin ella no.

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Conozco pocos casos de cardenales, arzobispos u obispos cuya imagen se haya deteriorado tanto en tan poco tiempo como el del cardenal arzobispo de Viena, S.E.R Christoph Schönborn. Hubo quien le incluyó entre los papables en el último cónclave. Y si hace dos años me preguntan quién podría ser el sucesor de Benedicto XVI, salvo que el buen Dios nos haga el favor de conceder al actual Papa muchos más años de vida, sin duda habría incluido al cardenal austriaco entre los candidatos. Hoy pienso que su mejor destino sería como Prefecto de la Lavandería vaticana, dicasterio que yo aconsejaría crear para que el Papa pueda librarse de cardenales y prelados varios que amenazan con arrasar por donde quiera que pasan.

Así que yo recuerde, en los últimos doce meses hemos visto a ese cardenal participar en una misa con globos, confetis, guitarras y batería. Le hemos visto permanecer impasible ante el boicot al nombramiento por el Papa de un obispo auxiliar para una diócesis austriaca. Le acabamos de ver permanecer callado como una tumba ante la acusación, con datos ciertamente importantes, de ser, como poco, filomasónico. Y por si fuera poco, monseñor Andreas Laun, obispo auxilar de Salzsburgo, le ha puesto en evidencia delante de toda la Iglesia al anunciar que le llamó por teléfono para prohibirle participar en una marcha contra el aborto y a favor de la vida ante el ayuntamiento de Viena. Vamos, que sólo le falta seguir los pasos de Rowan Williams, primado anglicano, y hacerse druida.

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Mucho se ha hablado y escrito sobre la “imperiosamente” necesaria separación entre Iglesia y Estado, entre el ámbito de la fe y el de la acción política. En cuanto algunos católicos explicamos que la fe, de existir, configura cualquier tipo de acción del que la profesa, se nos tilda de fundamentalistas que deseamos para nuestro país una especie de legislación similar a la sharia islámica en versión “católica”. La verdad es que estamos en un caso claro de extremos que se tocan. Por una parte, el de un modelo que busca hacer de la ley civil y penal un mero trasunto de la religión religiosa y por otra, el de un modelo que desprecia por completo cualquier condicionamiento moral que venga dado por una tradición religiosa que ha conformado la civilización sobre la que se pretende aplicar dicho modelo.

Tenemos ejemplos de a qué conducen dichos extremos. En Italia un musulmán acaba de asesinar a su hija, ya mayor de edad, por haberle deshonrado al largarse a vivir con su novio “católico". Lo que en el país transalpino es un crimen, en muchos países musulmanes se vería como la cosa más normal del mundo. De hecho, la madre de la asesinada justifica lo que ha hecho su marido. Por otra parte, en España estamos a punto de que a las jóvenes entre 16 y 18 años se les permita abortar sin permiso paterno. Es decir, un modelo admite que un padre acabe con la vida de una hija rebelde y el otro anima a que las menores se pasen por el forro la autoridad paterna para asesinar a sus hijos.

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El cardenal Rouco Varela ofició ayer una misa en el CEU San Pablo de Madrid con ocasión del I Congreso de Juristas Católicos que allá se está celebrando. En su homilía el cardenal les recordó a los políticos católicos que “no se puede legislar en contra de la ley de Dios". Lo cual está muy bien, pero necesariamente surge la pregunta: ¿cuántos políticos verdaderamente católicos hay en las instituciones democráticas?

No me refiero a bautizados, que obviamente son mayoría. No, me refiero a políticos católicos practicantes. ¿Sabe alguien cuántos son? ¿llegan acaso a ese casi 20% de españoles que van a misa habitualmente? Sospecho que no. Y de hecho, ¿hay alguno de ellos en el gobierno, que es el que envía los proyectos de ley al Parlamento y el Senado? Sin duda ninguno. Y de haber alguno se sometería a la disciplina de partido, verdadera alma mater de este sistema llamado democracia. Entonces, ¿a quién habla el cardenal? ¿a quienes nada pueden hacer para que no se legisle en contra de la ley de Dios?

No se me entienda mal. No critico al cardenal por decir eso, que está muy bien dicho. No le acuso de hacer un brindis al sol. Debemos agradecerle esas palabras de exhortación a los pocos políticos católicos que hay en nuestro país. Pero la realidad es la que es y convendría que fuéramos adecuando los discursos a la misma. Seamos claros: las creencias religiosas no juegan papel alguno allá donde se aprueban las leyes que rigen nuestra sociedad. Las pocas excepciones a ese hecho no hacen sino confirmar la regla. Y ahí es donde se debería incidir. El sistema está “vacunado” contra el cristianismo, al que trata poco más o menos como si fuera un virus agresor que amenaza la salud de un modelo legislativo encaminado, cada vez más, a imponer una ideología concreta sobre toda la sociedad. La partitocracia es un antibiótico muy efectivo contra la actividad de los pocos políticos auténticamente católicos que puedan existir. Su efectividad es nula, su presencia mediática casi inexistente y sus ideales son sacrificados ante el falso dios de la maquinaria electoral.

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Corría el año 30 después de Cristo, que diría mi amigo César Vidal, cuando en Israel había un rey llamado Herodes que cometió el pecado de liarse con la mujer de su hermano. La cosa no habría tenido mayor importancia si no fuera porque en aquel entonces vivía el mayor profeta en la historia del pueblo elegido. Se llamaba Juan y le apodaban “el bautista” porque predicaba el arrepentimiento y administraba el bautismo por agua para el perdón de los pecados. El bueno de Juan no tenía pelos en la lengua y acusaba al rey de ser un adúltero de tres al cuarto. Y eso al rey no le hacía ni pizca de gracia. El final de esa historia lo conocemos. El profeta acabó con la cabeza cortada y el rey siguió viviendo en pecado.

No fue el primer rey de Israel que había pecado con mujeres. El mismísimo rey David cayó en adulterio con Betsabé y, aún peor, para tapar las consecuencias de su primer pecado -ella se quedó preñada-, cometió un crimen aun más horrendo al ordenar que pusieran al marido de su amante en primera línea de batalla para que le mataran. Entonces también hubo un profeta, llamado Natán, que fue a acusarle de adúltero y asesino, pero la reacción de David no fue la misma que la de Herodes. El hijo de Isaí se arrepintió de su pecado y Dios le perdonó aunque no dejó sin castigo -esa penitencia que los protestantes niegan- su acción.

Estamos pues, ante un mismo pecado, una misma denuncia profética y dos resultados distintos. En un caso, el profeta muere por ser fiel a la verdad. En el otro, el pecador se salva tras escuchar al profeta. Siendo que hoy existen gobernantes como los reyes Herodes y David, la pregunta es: ¿dónde están los profetas que denuncian sus pecados?

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