ARGENTINA: RATIFICA EL TRATADO DE LA CORTE CRIMINAL INTERNACIONAL. Positiva interpretación de "género" y "embarazo forzado". Firmas y Ratificaciones. Cautela.

Fuentes: Propias; Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 29.572, Suplemento, 1ª Sección, 23-01-01; UN Wire, 09-02-01; Coalition for a Criminal Court, Press Release, 8-02-01. Vid. Noticias Globales 30, 35, 37, 45, 46, 138, 157, 217, 355, entre otras)

Por Elena Brañas

En el suplemento de la 1ª sección del boletín oficial de la República Argentina del 23 de enero pasado, se publicó la ley 25.390, por la cual Argentina ratifica el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Criminal Internacional. A la traducción oficial del mismo al castellano, se le adjuntan las correcciones hechas por diferencias en la traducción.

El Estatuto de Roma publicado por el Boletín Oficial tal y como se incluye en la legislación argentina, (Ley 25.390), consta de: un Preámbulo con 11 párrafos, Parte I: DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE, arts. 1 al 4; Parte II: DE LA COMPETENCIA, DE LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE, art. 5 al art. 21; Parte III: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL: art. 22 al 33; Parte IV: DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE, art. 34 al art. 52; Parte V: DE LA INVESTIGACION Y EL ENJUICIAMIENTO: art. 53 al art. 61; Parte VI: DEL JUICIO, art. 62 al art. 76; Parte VII: DE LAS PENAS, art. 77 al art. 80; Parte VIII: DE LA APELACIÓN Y REVISIÓN: art. 81 al art. 85; Parte IX: DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL, art. 86 al art. 102; Parte X: DE LA EJECUCION DE LA PENA, art. 103 al art. 111; Parte XI: DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES, art. 112; Parte XII: DE LA FINANCIACIÓN, art. 113 al art. 118; Parte XIII: CLAÚSULAS FINALES, art. 119 al art. 128. Transcribimos los artículos que nos parecen más significativos con las correcciones correspondientes del texto castellano incorporadas a la ley; éstas van entre corchetes.

(…)

PARTE II: DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE

ARTÍCULO 5º: CRÍMENES DE COMPETENCIA DE LA CORTE

1.- La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

El crimen de genocidio; Los crímenes de lesa humanidad; Los crímenes de guerra; El crimen de agresión.

2.- La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. (Dentro del crimen de agresión algunas ONG's feministas, insisten en incluir algunos aspectos que se refieren a la defensa de la vida humana y de la familia. Los paréntesis son nuestros)

ARTÍCULO 6º.-

(se da la definición de GENOCIDIO y describe los actos que se encuadran en el mismo) a).- Matanza de miembros del grupo; b).- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c).- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. d).- Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e).- Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

ARTÍCULO 7º.-

1. (define qué se entiende por CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD) a) Asesinato, b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional; f).- tortura; g).- violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, EMBARAZO FORZADO, esterilización forzada u otros abusos sexuales [corrección: O CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA SEXUAL] de gravedad comparable; h).- Persecución de un grupo o colectividad de identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, DE GÉNERO definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i).- Desaparición forzada de personas; h).- El crimen del apartheid; k).- Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2.- A los efectos del párrafo 1.- (se dan definiciones e interpretaciones de los diferentes crímenes), dice el punto e): "Por 'EMBARAZO FORZADO' se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo".

3.- "A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término 'GÉNERO' se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término 'GÉNERO' no tendrá más aceptación que la que antecede".

(…)

PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PENAL

Artículo 29º: Imprescriptibilidad

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.

(…)

PARTE XII. CLAUSULAS FINALES

Artículo 120º: Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.

Artículo 121º:ENMIENDAS

1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.

El boletín UN Wire del 9 de febrero pasado, publicó la noticia que Argentina había ratificado el Tratado para establecer la Corte Criminal Internacional. Por otra parte la ONG, Coalition for a International Criminal Court, en su resumen de prensa publicó el 8 de febrero lo mismo, resaltando que era el estado número 28 que lo hace, y que se necesitan 60 ratificaciones para que el Tratado entre en vigencia. En el continente americano solamente lo ratificaron: Argentina, Belice, Canadá, Trinidad-Tobago y Venezuela.

139 países firmaron el tratado con la intención de ratificarlo, pero algunos, incluidos los Estados Unidos han hecho severas reservas a su contenido.

La Coalición destacó el hecho que el propio presidente Fernando de la Rúa le había encargado al canciller Rodríguez Giavarini, que le entregara personalmente al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el instrumento de ratificación.

La Coalición para una Corte Criminal Internacional (siglas en inglés: CICC), dice que agrupa a más de 1000 ONG's, interesadas en que el "Tribunal Supranacional" se pueda poner en funcionamiento cuanto antes. Fue formada en 1995.

En su boletín del pasado 8 de febrero, la Coalición decía: "Argentina continúa siendo un eslabón clave en el proceso para establecer la Corte Criminal Internacional, desde su crítico compromiso en la conferencia diplomática de Roma en 1998. La decisión Argentina de ratificar el tratado, siendo una de las mayores naciones hispanohablantes, refleja el extraordinario interés que existe en el mundo en apoyo de la Corte Criminal Internacional y el Estatuto de Roma. Muchas naciones latinoamericanas se beneficiarán de la experiencia de la ratificación de Argentina, y ésta será beneficiosa en la rápida resolución de sus propios procesos de ratificación".

Últimos datos publicados por la Coalición para la Corte Criminal Internacional:

Ratificaciones del Estatuto de Roma son 28, en orden cronológico:

Senegal, 2-02-99; Trinidad y Tobago, 6-04-99; San Marino, 13-05-99; Italia, 26-07-99; Fidji, 29-11-99; Ghana, 20-12-99; Noruega, 16-02-00; Belice, 5-04-00; Tajikistán, 5-05-00; Islandia, 25-05-00; Venezuela, 7-06-00; Francia, 9-06-00; Bélgica, 28-06-00; Canadá, 7-07-00; Malí, 16-08-00; Lesotho, 6-09-00; Nueva Zelanda, 7-09-00, Botswana, 8-09-00; Luxemburgo, 8-09-00; Sierra Leona, 15-09-00; Gabón, 21-09-00; España, 25-10-00; Sud África, 27-11-00; Islas Marshall, 7-12-00; Alemania 11-12-00; Austria, 28-12-00; Finlandia, 29-12-00; Argentina, 8-02-01.

Firmantes del Estatuto de Roma, son 139, por su orden alfabético en inglés:

Albania, 18-07-98; Algeria, 28-12-00; Andorra, 18-07-98; Angola, 7-10-98; Antigua y Barbuda, 23-10-98; Argentina, 8-01-99; Armenia, 1-10-99; Australia, 9-12-98; Austria, 7-10-98; Bahamas, 29-12-00; Bahrein, 11-12-00; Bangladesh,16-09-99; Barbados, 8-09-00; Bélgica, 10-09-98; Belice, 5-04-00; Benin, 24-09-99; Bolivia, 17-07-98; Bosnia y Herzegovina, 17-07-00; Botswana, 8-09-00; Brasil, 7-02-00; Bulgaria, 11-02-99; Burkina Faso, 30-11-98; Burundi, 13-01-99; Camboya, 23-10-00; Camerún, 17-07-98; Canada, -18-12-98; Cabo Verde, 28-12-00; República África Central, 7-12-99; Chad, 20-10-99; Chile, 11-09-98; Colombia, 10-12-98; Comoros, 22-09-00; Congo (Brazzaville), 17-07-98; Costa Rica, 7-10-98; Costa de Marfil, 30-11-98; Croacia, 12-10-98; Chipre, 15-10-98; República Checa, 13-04-99; República Democrática del Congo, 8-09-00; Dinamarca, 25-09-98; Djibouti, 7-10-98; República Dominicana, 8-09-00; Ecuador, 7-10-98; Egipto, 26-12-00; Eritrea, 7-10-98; Estonia, 27-12-99; Fidji, 29-11-99; Finlandia, 7-10-98; Francia, 18-07-98; Gabón, 22-12-98; Gambia, 7-12-98; Alemania, 10-12-98; Georgia, 18-07-98; Ghana, 18-07-98; Grecia, 18-07-98; Guinea, 8-09-00; Guinea-Bissau, 12-09-00; Guyana, 28-12-00; Haití, 26-02-99; Honduras, 7-10-98; Hungría, 15-12-98; Islandia, 26-08-98; Irán, 31-12-00; Irlanda, 7-10-98; Israel, 31-12-00; Italia, 18-07-98; Jamaica, 8-09-00; Jordania, 7-10-98; Kenya, 11-08-99; Kuwait, 8-09-00; Kyrgyzstán, 8-12-98; Latvia, 22-04-99; Lesotho, 30-11-98; Liberia, 17-07-98; Lichtenstein, 18-07-98; Lituania, 10-12-98; Luxemburgo, 13-10-98; Macedonia, Ex-República de Yugoslavia, 7-10-98; Madagascar, 18-07-98; Malawi, 3-03-99; Malí, 17-07-98; Malta, 17-07-98; Islas Marshall, 6-09-00; Mauricio, 11-11-98; México, 7-09-00; Mónaco, 18-07-98; Mongolia, 29-12-00; Marruecos, 8-09-00; Mozambique, 28-12-00; Namibia, 27-10-98; Nauru, 13-12-00; Países Bajos, 18-07-98; Nueva Zelanda, 7-10-98; Niger, 17-07-98; Nigeria, 1-06-00; Noruega, 28-08-98; Omán 20-12-00; Panamá, 18-07-98; Paraguay, 7-10-98; Perú, 7-12-00, Filipinas, 28-12-00; Portugal, 7-10-98; Polonia, 9-04-99; Republica de Corea, 8-03-00; Republica de Moldova, 8-09-00; Rumania, 7-07-99; Federación Rusa, 13-09-00; Samoa, 17-07-98; San Marino, 18-07-98; Santo Tomé y Príncipe, 28-12-00; Senegal, 18-07-98; Seychelles, 28-12-00; Sierra Leona 17-10-98; Eslovaquia, 23-12-98; Eslovenia, 7-10-98; Islas Salomón, 3-12-98; Sud África, 17-07-98; España, 18-07-98; Santa Lucia, 27-08-99; Sudan, 8-09-00; Suecia, 7-10-98; Suiza, 18-07-98; Siria 29-11-00; Tajikistan, 30-11-98; Tanzania, 29-12-00; Tailandia, 2-10-00; Trinidad y Tobago, 23-03-99; Uganda, 17-03-99; Ucrania, 20-01-00; Emiratos Árabes Unidos, 27-11-00; Reino Unido, 30-11-98; Estados Unidos de América, 31-12-00; Uruguay, 19-12-00; Venezuela, 14-10-98; Yemen, 28-12-00; Yugoslavia, 19-12-00; Zambia, 17-07-98; Zimbabwe, 17-07-98.

Dejando de lado las objeciones de algunos países como los Estados Unidos, que ven en la Corte Penal Internacional un freno para sus operaciones militares, reiteradamente hemos advertido en Noticias Globales, que podría darse que la Corte sirviera para imponer el nuevo sistema de derechos internacionales -los "nuevos derechos humanos"- que incluyen los "derechos" al aborto, a la "orientación sexual" -con el reconocimiento legal de las uniones homosexuales-, y el nuevo concepto de "derecho al desarrollo humano", acuñado por la ONU, que incluye también el aborto, la esterilización de minorías indeseables o molestas, la educación en la sexualidad de los menores de edad sin ningún tipo de "ingerencia paterna", y la "reforma" de las religiones llamadas "dogmáticas", entre las que los burócratas internacionales incluyen a la católica; etc. La táctica de la ONU es la de siempre, proponer una idea humanitaria a los gobiernos, y sus burócratas y los grupos radicales controlan las definiciones y la implementación. (Vid. palabras de Juan Pablo II, Noticias Globales 355)

Los temores no son exagerados. La IPPF y una corte numerosa de ONG's feministas y abortistas, al término de la sesión especial de Beijing+5 de la Asamblea General de la ONU, en junio pasado, al verse otra vez frustrado su plan de imponer el aborto como "derecho humano básico", acusaban a la Santa Sede y al Su Santidad, Juan Pablo II, como promotores de una "guerra de sufrimiento y muertes", por su oposición al aborto, a la educación sexual, a la homosexualidad y a las campañas contra el HIV/SIDA consistentes en el reparto de preservativos. Que la Iglesia es "responsable de millones de muertes maternas", o de "millones de contagios de SIDA", o de "millones de embarazos no-deseados", son frases que se leen y se escuchan con mucha frecuencia en la propaganda de las ONG's feministas y abortistas, que suelen coincidir con aquellas de la lista de 1000 ONG's, que integran la Coalición para la Corte Penal Internacional.

Por eso, más que un entusiasmo ingenuo que aplauda la creación de la Corte Internacional, lo que nos hace falta a los católicos es más cautela, más estudio y más interés en participar e influir en las comunidades locales, nacionales e internacionales. FIN, 18-02-01

CHILE: DECLARACIÓN DEL ARZOBISPO DE SANTIAGO SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA

El Ministerio de Salud del gobierno chileno, modificó por decreto las normas sobre la esterilización voluntaria. La resolución fue publicada en el Diario Oficial, el 9 de diciembre pasado. El 7 de febrero, Mons. Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago, publicó un documento que pide revisar la medida dictada por el ministerio.

El documento dice así:

VALORES, CULTURA Y ESTERILIZACIÓN

1. La reciente Resolución del Ministerio de Salud sobre la esterilización de hombres y mujeres ha suscitado, con toda razón, una discusión pública. Más allá de las disposiciones que pretenden asegurar la decisión libre de quien solicite la esterilización (Nº 3, 4, 5 y 6), la Resolución exige una profunda reflexión sobre sus fundamentos antropológicos, éticos y jurídicos, como también sobre sus repercusiones biológicas, culturales y religiosas.

2. Aunque la Resolución no haya tenido la intención de materializar determinadas corrientes valóricas, hay que analizarla con objetividad en el contexto de tendencias culturales de nuestro tiempo, impulsadas internacionalmente por algunos sectores, que no sólo son discutibles, sino que atentan contra valores básicos de nuestra cultura.

Recordemos algunos planteamientos de esas tendencias:

a) Llamar abusivamente "acción de salud" a intervenciones médicas que no atacan enfermedad alguna, y que procuran la amputación de un órgano sano.

b) Postular que el ser humano, en el uso de su libertad, pueda atentar contra su integridad física y ética, prescindiendo de la voluntad de su Creador, inserta en su propia naturaleza.

c) Dar por supuesto que la supresión de la capacidad de engendrar vida humana, en beneficio de una determinada forma de ejercer la sexualidad, es camino de auténtica felicidad. Así se elimina uno de los más preciosos dones que Dios ha regalado al amor conyugal y responsable entre el hombre y la mujer, al ennoblecerlos con la paternidad y la maternidad. Especialmente grave resulta que jóvenes puedan eliminar para siempre su capacidad de procrear, mutilando así su cuerpo, su espíritu y su futura familia.

d) Defender y propiciar la fecundidad de las especies animales y vegetales en el cuidado ecológico, y simultáneamente, con total incoherencia, malograr la fecundidad del ser humano y aun, en ciertas corrientes, propiciar el aborto. Esto constituye, de hecho, una enfermedad cultural.

e) Exacerbar la autonomía individual por una exaltación sin contrapeso de los derechos y libertades de cada uno, sin considerar los derechos de las otras personas. Este individualismo invasor, contraviene, de modo no recuperable, la naturaleza del matrimonio.

3. La Resolución Ministerial se refiere al asunto más delicado y trascendental para la armónica supervivencia de un pueblo, cual es la transmisión de la vida. Esta materia se relaciona directamente con el vigor de la familia como núcleo de la sociedad, como espacio de la felicidad humana y escuela de la solidaridad social. En el sentir profundo de nuestra cultura se tiene un alto aprecio por la familia, el que las nuevas disposiciones no consideran debidamente.

4. Por otra parte, lamentablemente la Resolución Ministerial no distingue entre la esterilización con fines terapéuticos, y la esterilización sin ningún fin terapéutico, que se ha prestado para tantos abusos y es reprobable. Tampoco tiene la necesaria claridad, sobre todo cuando abre las puertas a esterilizaciones a solicitud de terceros, en casos especiales. La imprecisión de la norma podría conducir a graves abusos, especialmente contra la gente de menos cultura, los pobres y los desvalidos, como ha ocurrido en diversos países, en los cuales el Estado asumió esa función y frenó el crecimiento demográfico, utilizando despóticamente su poder para esterilizar. Seguramente no es ésta la intención de la norma, pero abre las puertas a una aplicación similar, en un país con una de las tasas de crecimiento más bajas del Continente.

5. El hecho que una Resolución Ministerial pueda determinar una materia tan delicada y de tal trascendencia valórica y cultural, cuestiona éticamente el ordenamiento jurídico en vigencia y (o) su aplicación en este caso. Debido a la trascendencia de las nuevas disposiciones, éstas debieran ser tratadas por una instancia representativa y de gran nivel ético, en el marco de una consulta amplia interdisciplinaria y de cara a toda la nación.

6. Dadas la voluntad de diálogo de la Sra. Ministra de Salud, la transparencia y la búsqueda de consensos que desea el Supremo Gobierno en el tratamiento de los asuntos de relevancia nacional, y el hecho que los convenios internacionales aprobados por el Parlamento no exigen de Chile tales disposiciones, cabe esperar una cuidadosa y pronta revisión de las normas dictadas, para que ellas correspondan a los valores que sustentan nuestra identidad cultural.

+ Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arzobispo de Santiago; Santiago, 7 de febrero del año 2001. FIN, 16-02-01

GUATEMALA: DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.

Fuentes: Propias. Vid. Noticias Globales 384 a 393 y 396 a 400, entre otros.

Por Juan C. Sanahuja

Este año, como hemos informado, los organismo internacionales empeñados en el proceso de reingeniería social anticristiana, han tomado como objetivo del proceso de destrucción de la familia tradicional, el reconocimiento jurídico de una nueva definición de patria potestad que "independiza" a los menores de edad de sus padres. En América Latina se ha desatado una verdadera ola de reformas legislativas, para lograr este objetivo. Publicamos un comunicado de los Obispos de Guatemala, sobre el Código de la Niñez y la Juventud.

Comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala en torno al Código de la Niñez y la Juventud

1. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala ofrece este comunicado con el fin de CONTRIBUIR AL PROCESO DE DISCERNIMIENTO en torno al Código de la Niñez y de la Juventud. Como pastores de la Iglesia Católica nos corresponde pronunciarnos sobre las IMPLICACIONES ÉTICAS del Código, porque la rectitud moral es la que garantiza la dignidad de la persona humana y el bien común de la sociedad. Por lo tanto, el juicio que se emite respecto al mismo NO ES DE CARÁCTER POLÍTICO, el cual compete a la población en general y a las organizaciones políticas en particular. Se busca de este modo ofrecer criterios para que los responsables políticos tengan una referencia más que les permita tomar la decisión política de aplicarlo, modificarlo, aplazar su vigencia o revocarlo. Sin embargo, al final de esto documento haremos algunas propuestas concretas que se deducen de la doctrina que aquí presentamos.

Principios doctrinales

2. EL PRINCIPIO ÉTICO FUNDAMENTAL, que debe ser tomado en cuenta en la consideración de los derechos de la niñez y de la juventud, es LA FAMILIA, entendida como forma básica y natural de la comunidad y la sociedad humanas (Catecismo de la iglesia católica, 2207, 1882). En numerosos textos del Nuevo Testamento se evidencia claramente la importancia de la familia (cfr. Efesios 5,21-6,4; Colosenses 3, 18-21; 1Pedro 3,1-7). Según la visión cristiana "la familia es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo". A la luz de esta expresión teológica se entiende la afirmación sociológica de la familia como "célula original de la vida social". "Es la sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad" (cf. Catecismo de la Iglesia católica, 2205, 2207) "Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella" (Catecismo de la iglesia católica, 2202).

La familia es creación de Dios. "Él la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derecho y de deberes" (Catecismo de la iglesia católica, 2203).

Estas afirmaciones constituyen la fuente fundamental para juzgar cuales derechos y cuales deberes son objetivamente obligatorios y, por lo tanto, permitidos y recomendados para adquirir carácter de ley respecto a los niños y a los jóvenes.

3. Los niños y los jóvenes son considerados MENORES tanto antropológica como legalmente. La MINORIDAD no es un dato meramente cuantitativo, es decir, no significa simplemente que la persona no ha alcanzado determinada edad. La minoridad es un dato antropológico CUALITATIVO y significa que la persona NO HA ALCANZADO LA MADUREZ NECESARIA PARA EJERCER SUS DERECHOS Y DEBERES DE FORMA AUTÓNOMA, sino que los ejerce y los disfruta BAJO LA GUÍA Y LA TUTELA DE LOS ADULTOS. Los adultos a quienes naturalmente corresponde la guía y tutela de los derechos y deberes del menos SON LOS PADRES DEL MISMO. A esta obligación y derecho se denomina PATRIA POTESTAD. El menor ejerce y disfruta de sus derechos y deberes en VINCULACIÓN NATURAL con la patria potestad (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2214, 2221).

4. El apoyo social y legal a la familia, tal como los concibe la visión cristiana, es el medio más seguro para garantizar el bien de la comunidad y de la sociedad y para evitar la tragedia de menores desamparados, abandonados y dejados a su cuenta en la calle (Catecismo de la iglesia católica, 2211). Según las tradiciones culturales de algunos pueblos, como el maya, este núcleo familiar se ve incrementado por la permanencia de los hijos varones casados en el mismo domicilio de sus padre, por lo que conviven abuelos, padres e hijos. Este núcleo familiar es considerado como UNA UNIDAD y los hijos solamente alcanzan la autonomía al casarse. Subsiste sin embargo el hecho de que la autoridad plena compete a los abuelos.

5. Cuando por alguna razón faltan los padres naturales del niño, la patria potestad la ejercen las personas a quienes los padres naturales libremente han encargado la tutela de sus hijos. En caso de niños desamparados, ocurre con frecuencia, sobre todo en la cultura maya, que otros familiares o los padrinos de bautismo, se sienten espontáneamente responsables del cuidado de esos menores. En todo caso, la patria potestad la pueden adquirir aquellos adultos que, guardando el debido proceso legal, adopten al menor desamparado como hijo.

6. La patria potestad se fundamenta en la consideración de la cualidad de PERSONA que tiene EL MENOR y se ejerce en vistas a su EDUCACIÓN Y HUMANIZACIÓN (Catecismo de la iglesia católica, 2222). Por lo tanto al patria potestad NO AUTORIZA PARA EXPLOTAR, PROSTITUIR, COMERCIALIZAR O VIOLENTAR A LOS MENORES. La comunidad, preferiblemente aquella que está cerca de la realidad familiar, tiene la obligación de crear los medios que protejan al menor contra los abusos, que en nombre de la patria potestad, se ejerzan contra el mismo.

7. No corresponde al estado, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel municipal, violentar el ejercicio normal del derecho de la patria potestad de los adultos sobre los menores bajo su cuidado (Catecismo de la Iglesia católica, 2209). Al contrario, las leyes de la nación, DEBEN PROTEGER Y FORTALECER LA INSTITUCIÓN FAMILIAR y, dentro de ella, EL DERECHO NATURAL DE LA PATRIA POTESTAD. Los abusos cometidos en nombre de la patria potestad deben ser considerados en la ley penal y, después de debido proceso, pueden ser causa de la pérdida de este derecho.

8. De acuerdo con el PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD (Cf, Catecismo de la iglesia católica, 1883), los organismos superiores no deben asumir las funciones que pueden realizar otros a nivel inferior. Por eso no se ve necesario crear nuevos entes de protección al menor, cuando ya existen en la legislación actual los organismos convenientes para ello. Urge solamente fortalecerlos y hacerlos eficaces.

9. La educación de los niños y los jóvenes es un deber que recae primariamente sobre quienes ejercen sobre ellos la patria potestad (Catecismo de la iglesia católica, 2223). El estado es responsable subsidiario de la educación de los menores y siempre respeta las opciones culturales y éticas que los padres desean para sus hijos (Catecismo de la iglesia católica, 2229). La educación consiste entre otras cosas, en la transmisión de la cosmovisión, es decir los conocimientos, formas culturales, valores éticos y religiosos, en fin, el acervo cultural propio de la familia del menor. Por lo tanto los padres tienen el derecho a exigir, durante la minoridad, que sus hijos vivan de acuerdo con los valores culturales en los que los educan (Catecismo de la iglesia católica, 2217). Naturalmente el "derecho a exigir" respeta la condición personal del niño y excluye el trato denigrante, humillante, violento hacia el mismo.

10. Los menores tienen derecho a exigir ante las autoridades competentes la debida protección frente a los actos delictivos, que falsamente amparados en la patria potestad, cometan sus padres o tutores contra ellos. Son crímenes contra los menores: la explotación laboral, la comercialización de sus personas, la prostitución y la violencia, entre otros. Pero no se puede considerar como delito el derecho que tienen los padres de pedir y exigir a sus hijos la colaboración en las tareas domésticas, así como el recurso a las privaciones o restricciones temporales de locomoción y diversión utilizadas tradicionalmente como métodos correctivos y educativos.

11. No debieran existir los menores abandonados en la calle. Por lo tanto las acciones que se tomen para resolver este problema deben tener dos propósitos: eliminar las causas que producen esta tragedia humana y atender a los que desafortunadamente son víctimas del desamparo total. Corresponde a las comunidades locales crear los medios e instituciones necesarios para atender, educar y sostener a los niños que carecen de protección y amparo familiar, con el fin de que también ellos alcancen el grado de madurez y educación propios de un ser humano y sean protegidos de la prostitución, la drogadicción y otras formas de delincuencia. Estas organizaciones pueden funcionar con apoyo financiero público o privado, pero en todo caso la ley debe regular su funcionamiento para asegurar que cumplen sus objetivos. También en estos casos se aplica el principio de subsidiaridad, según el cual, organismos de más alta jerarquía no deben asumir lo que pueden realizar organizaciones de menor rango.

12. La ley determinará lo relativo a los menores delincuentes. La ética cristiana recuerda que el delincuente es siempre un ser humano, que el crimen cometido no destruye su dignidad, y que debe ser tratado con el respeto debido a toda persona. El proceso penal, al que debe ser sometido el menor delincuente, debe tener carácter correctivo más que punitivo, pues está orientado a la recuperación del menor.

Recomendaciones

13. El tema de los derechos de la niñez y de la juventud deben ser tratados dentro de un Código de la Familia. Los casos del tráfico y comercialización con los niños, de los menores abandonados en la calle y de los menores delincuentes son hechos que se apartan de la norma, y no es legítimo tratar de resolver estos problemas por medio de leyes que afectan el funcionamiento normal de la institución familiar. Recordamos que la solución a los problemas en torno a la niñez y la juventud, se encuentra en la línea del fortalecimiento de la institución familiar y no en políticas que la debiliten.

14. El problema del maltrato y abuso a los menores dentro de la familia debe encontrar solución en leyes, tribunales e instituciones cuyo objetivo sea la educación y corrección de la familia y no en el enfrentamiento de hijos contra padres.

15. Las instituciones y organismos, que auxilian la familia, deben ser apolíticos e inspirarse para sus acciones en doctrina acerca de la familia, coherentes con el pensamiento ético y cultural de las familias que pretenden auxiliar. El Código no lo garantiza claramente.

16. A la luz de lo anteriormente expuesto, juzgamos que el Código de la Niñez y de la Juventud contraviene, el algunos artículos, principios éticos fundamentales que rigen las relaciones entre padres y los hijos. Igualmente menoscaba la autonomía de la familia frente a los poderes públicos, al otorgarles amplia libertad para intervenir en ella. En consecuencia, creemos que el Código debe ser substancialmente revisado para ajustarse a los principios constitucionales que salvaguardan los principios éticos que hemos expuesto, y, posteriormente, debe ser integrado a una legislación general sobre al familia.

17. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine las mentes y los corazones de quienes tienen la responsabilidad mayor en este asunto de vital importancia para la sociedad.

+ Víctor Hugo Martínez Contreras, Arzobispo de los Altos y Presidente de la CEG; + Rodolfo Quezada Toruño, Obispo de Zacapa y Prelado de Esquipulas y Vicepresidente de la CEG; + Mario Enrique Ríos M., Obispo Auxiliar de Guatemala y Tesorero de la CEG; + Gerardo Flores Reyes, Obispo de La Verapaz; + Alvaro Ramazzini Imeri, Obispo de San Marcos; + Pablo Vizcaíno Prado, Obispo de Suchitepéquez-Retalhuleu y Secretario de la CEG. FIN, 13-02-01