Aborto: Rick Perry versus Ruiz Gallardón
En Texas hay un gobernador dispuesto a poner las cosas difíciles a los que se dedican al negocio del aborto. Quiere que se apruebe una ley que obligue a las clínicas abortistas a tener capacidad de admitir ingresos hospitalarios para las pacientes que van a las mismas a matar a sus hijos no nacidos. La medida busca garantizar la protección de la salud de esas mujeres ante cualquier posible complicación de la operación, pero de paso servirá para que haya menos centros en los que se practique ese acto infame de deshacerse del ser humano que crece en el seno de la madre que lo quiere muerto.
De las 42 clínicas de la muerte que hay en dicho estado, 37 tendrán que cerrar sus puertas. Y, como no podía ser de otra manera, los proabortistas no están dispuestos a que se les cierre el negocio. Los demócratas tejanos han hecho todo lo que estaba en sus manos para impedir que la ley saliera adelante durante el periodo normal de sesiones de la cámara legislativa del estado. Eso incluyó un discurso de once horas de una senadora, que no buscaba convencer a los republicanos sino dilatar la hora de la votación para evitar que la misma se hiciera antes de la medianoche. Wendy Davis logró su objetivo, pero el gobernador Rick Perry ha hecho uso de sus atribuciones para convocar un periodo extraordinario legislativo que servirá, esta vez sí, para que se apruebe la ley.