El próximo año Andalucía destinará casi 7 millones de euros de sus endeudadas arcas públicas para pagar abortos. Por supuesto, no será la única comunidad autónoma que destine una partida a semejante actividad criminal que, por obra y gracia de los votos en las Cortes, lleva siendo legal desde hace muchos años. En ese sentido, cabe decir que lo mismo da que la comunidad esté gobernada por socialistas o por populares. Si acaso, en algunas comunidades gobernadas por estos últimos, como la valenciana, al menos parece que se producen intentos por ayudar a las mujeres embarazas con dificultades económicas.
El dinero público es gestionado por las diversas administraciones del Estado, pero es de todos. Es decir, los millones que tanto en Andalucía como en el resto de España se van a dedicar a pagar el asesinato legal de seres humanos no nacidos, salen de nuestros impuestos. Y no hay una casilla para que podamos optar por no financiar semejante barbaridad con nuestro dinero. Además, la posiblidad de objeción fiscal parcial es legalmente muy complicada y dudo que tenga posibilidades de ser puesta en marcha de manera efectiva. Si uno se mete en ese jardín y al final resulta que te multan, acabas dando más dinero al Estado.
En realidad, todo lo relacionado con el aborto es una rampa hacia el abismo social e institucional. El sistema actual, con el Rey “católico” Juan Carlos I a la cabeza, empezó por legalizar algunos abortos, siguió por el camino de abrir la puerta a la desaparición casi total de niños con síndrome de Down u otras enfermedades que se puedan detectar en la fase fetal -Hitler se sentiría orgulloso- y, de momento, ha acabado por usar dinero público para enriquecer a esos miserables que se ganan la vida matando a los no nacidos.
Ante esa realidad, podemos optar por manifestarnos de vez en cuando para que los gobernantes no nos hagan ni repajolero caso. Manifestarse en la calle está bien, sin duda. Movilizarse para apoyar a las diversas instituciones que ayudan a las madres que realmente tienen problemas para traer a sus hijos al mundo, está aún mejor. Pero la única manera de poner fin a este holocausto es considerarlo como tal de forma legal. Y para esa tarea hacen falta diputados y senadores dispuestos a poner como condición indispensable la vuelta a la penalización de todo aborto para dar su voto a un gobierno. El problema es que en este país son escasísimos los cristianos dispuestos a que la cuestión del aborto sea decisiva a la hora de votar. Así nos va. Así nos va a ir.
Luis Fernando Pérez Bustamante
PD: Este artículo no admite comentarios para evitar que ocurra lo que siempre pasa cuando toco este asunto e introduzco la cuestión política.
