El sucesor de Francisco Franco en la Jefatura de Estado a título de rey, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, ha tenido que salir de España tras la avalancha de informaciones sobre su posible enriquecimiento ilícito, probable delito fiscal, etc. Enriquecimiento del que se aprovechó, sobre todo, una señora de castidad más que dudosa llamada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, con quien el monarca emérito mantuvo una relación que iba bastante más allá de la amistad.
El revuelo en España es considerable, pero más allá de la rabiosa actualidad, conviene señalar una serie de hechos que pueden ayudar a formarse un juicio sobre la figura de don Juan Carlos:
1- Perjuro y usurpador del trono que correspondía a su padre
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I prestó juramento ante las Cortes españolas. El juramento se lo tomó Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes:
- Señor, ¿juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional
- Juro por Dios y ante los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
- Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande.
No era la primera vez que el sucesor de Franco juraba defender los principios del movimiento nacional. La primera fue el 22 de julio de 1969, también ante las Cortes españolas. Justo después de su juramento dijo: “Quiero expresar en primer lugar, que recibo de su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936“.
Pues bien, nadie puede dudar que Juan Carlos de Borbón y Borbón juró en falso sobre la Biblia y los Santos Evangelios.
No está de más recordar en qué consistían las leyes fundamentales del régimen franquista. Para ello, basta citar lo que dijo sobre el propio Franco San Juan XXIII, Papa:
Da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico… ¿Qué más quieren?
Tampoco es baladí señalar que según las propias leyes de sucesión de la monarquía liberal borbónica, a quien correspondía ser Rey era a Don Juan, Conde de Barcelona, padre de Juan Carlos. El hijo, por tanto, usurpó el derecho del padre, aunque éste finalmente accedió a renunciar a sus derechos dinásticos. Señal, dicho sea de paso, de que dichos derechos existían, porque no se renuncia a lo que no se tiene. La cuestión tuvo su miga, como pueden comprobar ustedes escuchando el siguiente relato de Antonio García-Trevijano (*), posiblemente el único republicano auténtico que ha habido en España en el último medio siglo.
2- Rey que sanciona una Constitución sin Dios
Tras haberse cargado gran parte de los principios del movimiento nacional, introduciendo en España un régimen partitocrático (son las élites de los partidos quienes deciden qué vota el pueblo), Juan Carlos I acaba sancionando una Constitución en la que Dios y su ley desaparecen del panorama institucional. La unidad católica de España -que no mera confesionalidad- desaparecía por completo. Ya había empezado a desaparecer con la reforma de la ley de libertad religiosa en vida de Franco (1967). Reforma “impuesta” por el Concilio Vaticano II, tal y como explicó en esta charla de 1987 el profesor Rafael Gambra, carlista de pro (**).
Sobre dicha Constitución, baste recordar la advertencia del cardenal Marcelo González, Arzobispo de Toledo y Primado de Estaña. En su Instrucción pastoral previa al referéndum sobre la Carta Magna, se lee:
1. La omisión, real y no solo nominal, de toda referencia a Dios.
Estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica –que se sitúa en una posición de neutralidad ante los valores cristianos- a una nación de bautizados, de cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. No vemos cómo se concilia esto con el “deber moral de las sociedades para con la verdadera religión”, reafirmado por el Concilio Vaticano II en su declaración sobre libertad religiosa (DH, 1).
No se trata de un puro nominalismo. El nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano. Pero su exclusión puede ser también un olvido demasiado significativo.
2. Consecuencia lógica de lo anterior es algo que toca a los cimientos de la misma sociedad civil: la falta de referencia a los principios supremos de ley natural o divina. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente, en manos de los sucesivos poderes públicos, en salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre, como lo demuestran los propósitos de algunas fuerzas parlamentarias en relación con la vida de las personas en edad prenatal y en relación con la enseñanza.
3- Rey que sanciona leyes inicuas
Divorcio
El Concilio Vaticano II llamó “epidemia” al divorcio en el punto 47 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. El 20 de julio de 1981, Juan Carlos I sancionó la primera ley del divorcio del régimen del 78. Hizo lo mismo con las sucesivas reformas de la ley divorcista, incluida la actualmente vigente, conocida como la ley del divorcio express.
Aborto
El Concilio Vaticano II llamó “crimen abominable” al aborto en el punto 51 de Gaudium et Spes. El 5 de julio de 1985, Juan Carlos I sancionó la ley que despenalizaba el aborto en una serie de supuestos. Y el 3 de marzo del 2010, hizo lo propio con la ley que convertía el aborto en un derecho, conocida como Ley Aído.
Matrimonio civil entre parejas del mismo sexo
La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 3 de junio del 2003 el documento “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”. El mismo concluía así:
La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
El 1 de julio del 2005, Juan Carlos I sancionó la ley del matrimonio civil entre homosexuales.
Por tanto, estamos ante una persona que juró defender los principios de un régimen donde las leyes eran conformes a la fe católica y luego se dedicó el resto de su vida como Jefe de Estado a promover un régimen que negaba la realeza de Cristo y a aprobar, con su sanción, leyes perversas.
En abril del 2014, el por entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que “tenemos un Rey bastante republicano”. Luego explicó sus palabras: “Para mí un republicano es un defensor de las instituciones, de los valores democráticos, quien es defensor de la vida pública, quien respeta los principios de una ciudadanía libre, y en ese sentido estamos muy tranquilos y muy a gusto".
Desde luego, cualquier parecido de la jefatura de estado de Juan Carlos I de Borbón y Borbón con la monarquía tradicional española, incluso si se incluye en la misma la liberal que llegó tras la necedad de Fernando VII, es pura ilusión. Ser un rey bautizado y casado por la Iglesia te puede convertir en rey católico, pero no convierte en católica la monarquía que encarnas. Si firmas todo aquello que va en contra de Dios, de la Biblia y de los Santos Evangelios, te conviertes en un rey apóstata, como apóstata es la España que acepta todo eso sin inmutarse apenas.
¿Y la Iglesia qué?
El pasado 4 de agosto, la Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española publicó un comunicado por el que reconocía a don Juan Carlos por “su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre los españoles“. Cabe preguntarse qué concordia tienen los dos millones de españoles que no han podido nacer gracias a esa democracia.
Ciertamente gran parte de la Iglesia en España, especialmente su jerarquía, acompañó al monarca emérito ahora auto-exiliado en su tarea de descristianizar institucionalmente este país. No cabe la menor duda de que, siguiendo la estela de las indicaciones de Roma, gran parte de la Iglesia en España favoreció el abandono del régimen católico de Franco y la adopción de la democracia liberal. Y no se puede negar que la Iglesia en España, y la propia España, es hoy una sombra moribunda de lo que era hace medio siglo.
¿Y ahora qué?
Muchos son los que temen que lo sucedido ponga en peligro el régimen del 78. Aunque Felipe VI no comparte, al menos que se sepa, la posible corrupción económica de su padre, la institución de la monarquía parlamentaria liberal está seriamente afectada.
Suenan de nuevo las trompetas republicanas, y buena parte de la izquierda debe pensar que estamos ante la reedición de lo ocurrido en ábril de 1931, cuando la huida de otro Borbón, abuelo de Juan Carlos I y bisabuelo de Felipe VI, fue acompañada de la instauración de la II República, la misma que desembocó en una Guerra Civil, desagraciada y a la vez necesaria para evitar la aniquilación de la Iglesia en este país.
Hoy apenas queda Iglesia que aniquilar. El social-comunismo llenó este país de mártires. La democracia lo ha llenado de apóstatas. El futuro solo Dios lo sabe, pero una España sin fe es una España muerta. Tendrá nombre de España, pero no lo será. Parafraseando las palabras de Cristo a la Iglesia en Sardis “yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerta” ( Ap 3,1).
María, Pilar de la fe católica en España, ruega por nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
Luis Fernando Pérez Bustamante.
(*) No se pierdan lo que contó Trevijano del papel de Juan Carlos I el 23-F
(**) Comunicado de la Comunión Tradicionalista ante la huída de España de Juan Carlos
