Hace seis años escribí un artículo sobre el apóstol de la eutanasia en España, el fallecido doctor Montes, en el que aseguré lo siguiente:

… no solo se sufren por una enfermedad física. Hay quienes están sanos de cuerpo pero creen, por las razones que sean, que la vida es repugnante y no merece la pena ser vivida. Y no me imagino a un psiquiatra o un psicólogo dándole un cóctel de pastillas para que se quite de enmedio.

Iluso de mí, que no quería reconocer entonces la deriva lógica de la cultura de la muerte en la que nos vemos inmersos en Occidente. Si hay médicos dispuestos a matar la vida en el seno materno, ¿cómo no los habrá dispuestos a acabar con la de enfermos que no quieren vivir?

Es lo que acaba de ocurrir en Holanda, y no es la primera vez, donde una joven de 17 años, con graves trastornos psicológicos tras haber sufrido abusos sexuales, se ha quitado de en medio dejando de comer y de beber sin que el estado lo haya impedido.

No hablamos de enfermos terminales cuya muerte es segura en un tiempo relativamente corto de tiempo. Hablamos de una cría que tenía toda una vida por delante. Sí, es claro que estaba sufriendo mucho, pero ¿acaso la ciencia médica es incapaz de ayudar a aquellos que sufren ese tipo de circunstancias? ¿en serio que la mejor solución es ayudar a que se suiciden?

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Los resultados, ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, sobre la Encuesta de Fecundidad correspondiente al año 2018 no deberían sorprender a nadie. Es el resultado de la descristianización de este país a todos los niveles. Y de poco me vale que ocurra lo mismo o parecido en otras naciones del entorno europeo. 

La famosa liberación de la mujer consistía básicamente en dos cosas: anticonceptivos y acceso masivo al mercado de trabajo. Se transmitió la idea de que las mujeres habían sido hasta entonces meras esclavas del sistema patriarcal, obligadas a ser poco menos que incubadoras, cuidadoras de niños y sirvientas de sus maridos. 

Con los anticonceptivos, se libraban de ser madres. Al menos madres de familias numerosas. Con el trabajo, salían del hogar para “autorealizarse”. Tanto las leyes como el sistema económico capitalista acompañaron ese discurso de liberación -ahora lo llaman empoderamiento- y no hubo prácticamente nadie, ni siquiera la Iglesia, que advirtiera que esa libertad podía tener un precio.

¿Qué tenemos hoy? Que esa libertad se ha convertido en esclavitud. Hace 50 años un joven matrimonio español podía ganarse la vida con el sueldo del marido. Con dificultades, sin duda, pero podía. Hoy es absolutamente imposible que un joven matrimonio sobreviva si no trabajan los dos y aun así, en no pocas ocasiones no les llega. De tal manera que si una mujer joven quiere dedicarse hoy a la nobilísima tarea de ser simple y llanamente madre, no puede.

Con esto no digo que lo que deberían hacer todas las mujeres es quedarse en casa cambiando pañales y haciéndole la comida y la cena al marido. Lo que digo es que no hay verdadera libertad para elegir. 

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Hay caminos que a uno le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte.
Prov 14,12

Cuando los españoles votaron masivamente (87,78%) a favor de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, España contaba hasta entonces con una legislación que fue definida de la siguiente manera por San Juan XXIII, Papa, hablando de Franco (*):

Da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico… ¿Qué más quieren?

En 1978 no había ley del divorcio, ley del aborto, ley del matrimonio homosexual, leyes de imposición de la ideología de género, ni ley de eutanasia.

La mayor parte de la jerarquía de la Iglesia de este país apoyó el texto constitucional, a pesar de que sabían, como reconoció el cardenal Tarancón en un libro-entrevista autobiográfico, que la Carta Magna traería el aborto a España. Apenas unas pocas voces, como la del cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, don Marcelo, y el obispo de Cuenca, Mons. Guerra Campos (vean cómo le trataba El País) , advirtieron de los peligros que acechaban al país a nivel de familia, derecho a la vida y abandono absoluto de la ley de Dios como referente para el bien común. Pues bien, esos pocos obispos fieles a Cristo se quedaron cortos.

La primera en caer fue la ley del divorcio, que había sido definido por el CVII como “epidemia” (Gaudium et Spes,47). Y ya por entonces se planteó el divorcio apelando a la misericordia tanto con los cónyuges como con los hijos. Se decía algo así como “no puede ser que una persona tenga que soportar de por vida un error” y “los niños tienen derecho a vivir en un hogar donde no haya discusiones y mal ambiente". 

Años más tarde llegó la ley del aborto. Mismo discurso “misericordista” respecto a las mujeres, “tienen derecho a discernir cuándo es el mejor momento para ser madre", “no deben cargar con una responsabilidad para la que no se sienten preparadas” e incluso respecto a los que iban a ser aniquilados en el vientre materno, “no es bueno para ellos venir al mundo sin ser deseados".

Lo mismo sucedió cuando se planteó el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, pastel cuya guinda final fue llamarlas matrimonio: “Tienen el mismo derecho que las uniones heterosexuales a formar una familia", “no importa la orientación sexual sino el amor".

Inmediatamente llegó el adoctrinamiento estatal vía imposición de la ideología de género, especialmente en las escuelas. Por supuesto, se aceptó como la cosa más natural del mundo los cambios de sexo, incluso en niños. Y de nuevo, la misericordia al servicio del mal: “son personas atrapadas en un cuerpo que no es el suyo", “todos tienen derecho a elegir el sexo con el que se sienten identificados aunque no coincida con el que han nacido". Es más, se llega a prohibir la posibilidad de que un homosexual que quiera cambiar su inclinación acuda a un profesional de la psiquiatría o la psicología bajo la excusa, entre otras, de que ello podría hacer que el resto de homosexuales que no quieren dejar de serlo se vean ofendidos.

Ahora nos llega la eutanasia y se plantea poco menos que como el mayor acto de caridad con un ser humano que sufre. “Si se mata a un caballo que se queda cojo para que no sufra o a un perro anciano y enfermo, cómo no acabar con la vida de un ser humano que sufre indeciblemente” o “no hay mayor amor que acabar con el sufrimiento de un ser querido que no desea seguir viviendo".

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Mons. Juan Antonio Reig Pla tiene el “bendito” problema de ser el obispo español que más claro habla sobre la doctrina moral de la Iglesia en todos sus ámbitos, lo cual incluye la homosexualidad. Y eso, de ahí que diga que es un problema, le pone en el punto de mira de los totalitarios laicistas de izquierdas y derechas -son la misma basura- que no soportan que un obispo católico ejerza de tal.

Esos totalitarios han aprobado leyes aberrantes que buscan perseguir a aquellos que quieren ayudar a los homosexuales que quieren dejar de serlo. Los mismos que pretenden que el estado pague las operaciones de cambio de sexo, algo que va contra la biología, quieren meter en la cárcel a los que piden ayuda para revertir una tendencia sexual, que no tiene razón biológica alguna probada. 

Esa actitud tiránica quebranta la propia libertad de la persona que acude a la Iglesia, o a un profesional de la psicología/psiquiatría. 

Curiosamente, de lo que ahora acusan falsamente a Mons. Reig Pla y su diócesis es de hacer lo que el Papa acaba de decir que deben hacer los padres que ven como sus hijos empiezan a mostrar tendencias homosexuales: llevarles al psicólogo. Ya escribí ayer sobre el tema así que poco tengo que añadir. Si acaso, señalar que la diócesis de Alcalá no da ningún tratamiento para “curar” la homosexualidad. La mujer que atendió al periodista tramposo no es ni psicóloga ni psiquiatra sino orientadora. Es decir, no prescribe terapia alguna.

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España es un país en el que, como en otros países del Occidente apóstata, tienes todo el “derecho” del mundo a que te hagan una operación de cambio de sexo o te hormonen totalmente, para que el sexo con el que has nacido no se empeñe en comportarse de forma natural. Y, al mismo tiempo, si se te ocurre acudir a terapia para cambiar tu orientaciòn sexual, tendrás que hacerlo de forma clandestina porque es altamente probable que el médico que te ayude acabe siendo inculpado de un delito.

La histeria colectiva a la que nos ha metido la clase política -tanto de izquierda como de derecha- ha llevado a que alguien como Fernando Paz haya tenido que retirar su candidatura en Vox. Aparte de decir obviedades sobre cómo murieron judíos en la II GM -no todos lo hicieron gaseados en campos de concentración-, lo cual puso en pie de guerra a los McCarthy de nuestro tiempo, su gran pecado fue que osó decir que si tenía un hijo homosexual, le llevaría a terapia para ver si corregía dicha tendencia. El P. Pedro Trevijano ya ha escrito sobre el tema, así que poco tengo que añadir. 

Por si fuera poco, José María Marco, candidato de VOX al Senado por Madrid, nos ha “glosado” las bondades del “matrimonio” homosexual:

«El matrimonio homosexual me parece bien. Es una cuestión de derechos y de dignidad de los homosexuales»

Y añade:

«No estoy de acuerdo con las opiniones de Fernando Paz y me alegro que Vox haya decidido que no lo representa»

Dejemos a un lado que Marco haya dicho que Vox ha decidido que Fernando Paz no les representa, cuando la tesis oficial -y creo que es la verdadera- es que don Fernando se ha ido sin que se lo pidieran. Lo cierto es que a día de hoy, uno es candidato de Vox y el otro no. Cosas del liberalismo consevador. El mismo que, según el programa del partido de Abascal, propone no llamar “matrimonio” a las uniones homosexuales como si lo esencial fuera el nombre y no el reconocimiento legal de esas uniones. Recordemos la doctrina de la Iglesia Católica al respecto. Doctrina, por cierto, que no pocos obispos parecen ignorar o rechazar:

La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
(Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 11, Congregración para la Doctrina de la Fe)

En esas estábamos cuando el Papa decidió conceder una entrevista a Jordi Évole para la Sexta. Me abstengo por completo de comentar el hecho de que haya elegido precisamente a ese periodista, así como del contenido de la misma salvo aquello relacionado con la homosexualidad. 

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