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7.09.06

792 - COLOMBIA: TOTALITARISMO ABORTISTA.

COLOMBIA: TOTALITARISMO ABORTISTA.

Fuentes al pie.

Por Juan C. Sanahuja

Todo vale. Los jueces, los políticos y los medios de comunicación. El totalitarismo abortista: la obligación de hacer abortos incluye a los católicos. La perversión de los derechos humanos. Una agente de la internacional del aborto: Colombia, Perú, México, Argentina

Todo vale

Se conoció al fin el texto de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que despenaliza el aborto "en casos de violación o incesto, cuando está en peligro la salud de la madre o cuando hay malformaciones del feto que hagan inviable la vida". El fallo había sido dado a conocer a través de un comunicado del tribunal el 10 de mayo pasado y recién el 5 de septiembre se hizo pública la sentencia de más de 600 páginas, en la que curiosamente falta el voto de uno de los magistrados, Alvaro Tafur.

Es de destacar que la prisa por dar a conocer la sentencia se debería a la exigencia abortista ante las dudas de los médicos en el reciente caso en el que se le practicó un aborto a una niña de 11 años, y cuando ya se habla de otros dos casos similares.

Los jueces, los políticos y los medios de comunicación

Recordemos que hace meses decía César Mauricio Velásquez en El Tiempo de Bogotá (20-05-06): "De los nueve Magistrados de la Corte, sólo cinco aprobaron el aborto: Manuel José Cepeda, Jaime Araújo, Alfredo Beltrán, Humberto Sierra y Clara Inés Vargas; tres en contra: Rodrigo Escobar, Marco Gerardo Monroy y Álvaro Tafur; y uno, el señor Jaime Córdoba Treviño, se declaró impedido y no votó. La estrategia marrullera de la Corte para despenalizar el aborto partió del interés compartido de algunos de sus integrantes, la sintonía con el Procurador Edgardo Maya, con el concepto del llamado Defensor del Pueblo Volmar Pérez; del Ministro de Salud, Diego Palacio, y algunos colectivos feministas que diariamente reportaban los avances a sus patrocinadores en el exterior. La campaña, orquestada desde los medios de comunicación, fue un éxito en su fin; pero una vergüenza profesional. Los periodistas dejaron de informar con equilibrio y se dedicaron a hacer campaña. Los periodistas que más hablan en las mañanas se pusieron la camiseta del pro aborto. Basta escuchar las entrevistas a Mónica Roa, llenas de benevolencia y elogios, y se notan la crudeza y hostilidad con quienes defienden la vida. Algunos medios perdieron el horizonte informativo, y en repetidas publicaciones se alinearon a favor del aborto".

El totalitarismo abortista

Destacamos del texto de la sentencia los siguientes puntos:

El Congreso puede ampliar los casos en los que se despenaliza el aborto y la Corte no lo juzgará inconstitucional.

Ningún centro médico -incluidos los confesionales- podrá utilizar argumentos éticos para negarse a practicar abortos.

La objeción de conciencia es una opción para las personas naturales, es decir los médicos y no para las instituciones. (Hace un par de meses, algunas clínicas católicas dijeron que no realizarían esa práctica).

Si un médico de una clínica privada -incluidas las católicas- se niega a realizar la práctica apelando a la objeción de conciencia, deberá realizar una justificación profunda y seria de esa decisión ante un tribunal ético médico, que decidirá si se la acepta. Tendrá que explicar por qué se rehusa a cumplir una norma prevista en la ley y amparada por la Constitución.

Además, mientras el tribunal ético decide si le acepta la objeción de conciencia, la mujer que solicitó el aborto debe pasar a manos de otro médico para que realice el procedimiento. (Recordemos que para los abortistas que en una institución de salud no haya ningún médico que realice prácticas inicuas, quiere decir que el establecimiento está discriminando en la contratación de personal). "Que una clínica diga que todos los médicos aplican la objeción de conciencia es falso", dijo el presidente del Tribunal de Ética Médica, Fernando Guzmán (Xinhua, 06-09-06)

La perversión de los derechos humanos

La feminista que encabezó la operación de la despenalización del aborto fue la abogada colombiana Mónica Roa, directora de proyectos de la ONG abortista internacional Women's Link Worldwide, empleada a su vez del Centro de Derechos Reproductivos de New York, organización especializada en forzar la reforma de las legislaciones nacionales para despenalizar o liberalizar el aborto.

A lo que ya informamos tiempo atrás sobre la perversión de los tratados internacionales de derechos humanos (vid. NG 749), cabe agregar las recientes declaraciones de Roa publicadas en Buenos Aires, justamente cuando en Argentina se han dado dos casos resonantes avalados por la justicia del crimen abominable del aborto (vid. NG 789, 790).

Una agente de la internacional del aborto

A la pregunta ¿Qué argumentos jurídicos utilizó?. Roa respondió: "En primer lugar, nos basamos en todas las recomendaciones que han hecho a Colombia los comités de monitoreo de la ONU de cada uno de los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación Racial, la que es para Eliminar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), todas están incorporadas a la Constitución nacional de Colombia. La Corte Constitucional estableció que la jurisprudencia y las recomendaciones de los comités son las vías autorizadas para la interpretación de los derechos fundamentales. En la Argentina pasa algo muy similar. (….) El comité de la CEDAW ha dicho con respecto a Colombia que 'la normatividad sobre aborto constituye una violación a los derechos a la salud y a la vida de las mujeres'. (…) Los comités nunca han hablado del derecho a la vida del no nacido, nunca se ha reconocido en derecho internacional el derecho a la vida del no nacido". (Página 12, 21-08-06).

Roa declara en la misma entrevista: "el caso 'Paulina vs. México' que, de hecho, presenté yo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos cuatro años. Paulina es una niña, la violaron a los 13 años y quedó embarazada. Sin embargo, la falta de regulación de cómo proceder ante esos casos le impidió acceder al aborto. (…) El año pasado el Estado mexicano reconoció responsabilidad internacional y le va a resarcir económicamente los daños a Paulina. Además, quedó con la obligación de regular los casos de aborto legal. Otro caso que adjuntamos en la demanda como antecedente fue el de "K. vs. Perú", que se llevó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta mujer peruana tenía un feto anencefálico y tenía derecho a un aborto, de acuerdo con la legislación. El Comité de Derecho Humanos condenó a Perú -no ocurrió como en el caso de México, que reconoció su responsabilidad- no solamente por la violación del derecho a la salud de esta mujer, a la dignidad y a la integridad -los argumentos tradicionales que se usan en casos de impedimento de aborto- sino que fue más allá y dijo que obligar a una mujer a dar a luz un bebé en esas condiciones había sido una tortura y un trato inhumano y degradante. Esta condena fue de diciembre del año pasado y ha sido una jurisprudencia muy importante". FIN, 07-09-06

Fuentes: Corte Constitucional, Sentencia C-355/06 y anexo al fallo; El Tiempo, 05-09-06; antecedentes NG 704, 717, 749.

5.09.06

791 - CHILE: DISTRIBUCIÓN DE ABORTIVOS A MENORES.

CHILE: DISTRIBUCIÓN DE ABORTIVOS A MENORES.

Fuentes al pie.

Por Juan Bacigaluppi

Abortivos a menores. Intervención del Cardenal Errázuriz. Resistencia de algunos alcaldes

Abortivos a menores

El sábado 3 de septiembre María Soledad Barría, ministra de Salud del gobierno "progresista" de Michelle Bachelet, anunció que los adolescentes chilenos de más de 14 años podrán pedir anticonceptivos, incluido el abortivo llamado "la píldora del día después", en forma gratuita y sin autorización de sus padres en los hospitales públicos.

En Chile la píldora del día después sólo se podía adquirir con receta médica o se administraba en los hospitales públicos en caso de violación. Ahora el ministerio de Salud decidió que todos los centros de salud públicos del país dispensen la "píldora del día después" gratuitamente a todas las mujeres -mayores de 14 años- que lo soliciten. Una decisión que banaliza del aborto.

Usando el conocido argumento abortista de la "equidad sanitaria", la ministra de Salud, María Soledad Barría, justificó la medida diciendo que la población con más recursos puede comprar el abortivo en las farmacias, en cambio los "pobres" no pueden adquirirlo.

La medida del gobierno de Bachelet es contraria al orden natural, entre otros aspectos, porque desconoce los derechos de los padres, alienta a la promiscuidad sexual, banaliza el crimen del aborto, etc.

Intervención del Cardenal Errázuriz

El arzobispo de Santiago de Chile y presidente del CELAM, Cardenal Francisco Javier Errázuriz, dijo el domingo que "no es una buena noticia que una nación tenga una obsesión anticonceptiva", y calificó la medida del gobierno como "un golpe al matrimonio, a la natalidad y a la familia".

El cardenal señaló en su homilía del domingo que "esperaba buenas noticias para Chile en el comienzo del Mes de la Patria. Esperaba noticias de la agenda social, avances en cuanto a la calidad de la educación o, por ejemplo, que aquellas personas que tienen una gran morosidad en el pago de sus propias casas recibieran un alivio".

Tras insistir "en que da mucha pena que sea ésta la gran noticia cuando se empieza el Mes de la Patria", instó a tener en cuenta que en Chile la natalidad decrece y que cada día hay menos niños: "Si se sigue por el mismo camino, no se podrá sostener el sistema de previsión social".

Resistencia de algunos alcaldes

El anuncio provocó la reacción de algunos alcaldes, ya que ellos administran los centros de salud. El jefe comunal de La Florida, Pablo Zalaquett, dijo que no acatará la medida, ya que "la forma de disminuir los índices de embarazos no deseados no es el aborto, sino educar", y agregó que la decisión de la ministra Barría va contra la Constitución y los derechos humanos. Sin embargo, Zalaquett se declaró a favor la distribución de otros anticonceptivos, que si bien no son abortivos, también atentan contra el orden natural.

La alcaldesa de Lo Barnechea, Marta Ehlers, se declaró "indignada" y aseguró que tampoco entregará la píldora, aunque sea obligatorio. "Si toman medidas fuertes en contra mía, aceptaré o daré la pelea, pero ¡no la voy a entregar!", recalcó.

Recordamos que el 26-03-06, El Mercurio decía que la presidente Michelle Bachelet tenía dos ideas fijas: repartir masivamente la "píldora del día después" y legalizar la llamada "muerte digna", es decir la eutanasia. A esto habría que agregarle el impulso a la "agenda homosexual" (vid. NG 770). FIN, 05-09-06

Fuentes: Propias; El Mercurio, 04-09-06; Análisis Digital, 05-09-06; Vid. NG 767, 770.

29.08.06

790 - ARGENTINA: GOBIERNO ABORTISTA VII.

ARGENTINA: GOBIERNO ABORTISTA VII.

Fuentes en el texto y al pie.

Por Juan C. Sanahuja

El totalitarismo progresista

El caso Mendoza. Kemelmajer. Al servicio del nuevo orden. Más presiones y amenazas. ¿Purga judicial?. Reglamentación de abortos no punibles. ¿Qué pretenden?. La voz de los obispos.

El caso Mendoza

La familia de otra joven discapacitada mental embarazada como consecuencia de una violación pidió el aborto en el Hospital Militar. Un dato curioso es que la denuncia por violación fue hecha después de reclamar la eliminación de la vida del no nacido a los médicos de ese hospital.

Ante el incumplimiento de sus deberes por parte de los defensores de menores que dejaron en estado de indefensión al niño no nacido, la ONG VITAM presentó un recurso de amparo y recusó por prejuzgamiento y parcialidad al juez de familia Germán Ferrer que se había expedido a favor del crimen del aborto antes que el caso llegara a sus manos en el diario Los Andes (18-08-06).

La Cámara Civil de Mendoza hizo lugar a los reclamos de VITAM, pero la Sala I de la Suprema Corte de Justicia de la provincia revocó este fallo y dio vía libre a la realización del aborto. La resolución de la Corte fue firmada por Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci y Fernando Romano.

Kemelmajer

La filiación abortista de Kemelmajer es indudable: "En la mayoría de las provincias hay leyes de salud reproductiva, en general han sido atacadas de inconstitucionales, pero los tribunales las han declarado constitucionales, por eso creo que ha habido un gran avance. Pero de cualquier modo tiene que venir la despenalización del aborto. El aborto no es bueno, no digo que sea una cosa buena, no conozco ninguna mujer que haya abortado voluntariamente que salga de la clínica contenta. Estamos hablando de lo malo que es la penalización y de las consecuencias negativas a las que conlleva. Hay que ir a una legislación similar a la europea, que no sólo lo ha despenalizado sino que lo autoriza en determinadas condiciones en los hospitales públicos, porque de nada vale despenalizar si el sistema público de salud no ayuda a la mujer en este tipo de condiciones. No hay demasiadas cosas que inventar, hay que tomar leyes como la francesa y ponerse a regular seriamente este tema", declaró al diario Página 12 (20-01-06, suplemento Las 12). Lo que es extraño que esta personera del nuevo orden mundial todavía tenga entrada en institutos de enseñanza superior que se declaran defensores del orden natural y difusores de la doctrina de la Iglesia.

Entre otras consideraciones dentro de la iniquidad de la decisión, es especialmente grave que el tribunal reconozca el supuesto derecho al aborto y que descalifique a quienes acudiendo a los medios que les brinda el orden jurídico defienden la vida del niño por nacer, para la Sala I de la corte mendocina la vida del no nacido no merece defensa.

Al servicio del nuevo orden

En la resolución se destaca la dependencia de los firmantes de la ideología global de la reingeniería social anticristiana. Estos defensores de los llamados "nuevos derechos humanos", (aborto, esterilización, homosexualismo), sostienen basados en los tratados internacionales de derechos humanos la posibilidad de que terceros no afectados denuncien ante la justicia las violaciones a esos derechos, pero es evidente que esto corre sólo si se trata de los pseudoderechos contrarios al orden natural.

En el caso que nos ocupa, Kemelmajer y Romano, afirman: "Ni VITAM Asociación Civil sin fines de lucro, (…) ni ninguna otra persona ajena a la intervención médica requerida, está legitimada para recusar al tribunal ni, mucho menos, para plantear la suspensión de la interrupción ordenada por un tribunal competente en el ámbito de sus funciones específicas", y continúan afirmando que es un hecho de atenta contra la justicia que "contando con un pronunciamiento judicial firme y con la acción oficial a favor de la interrupción del embarazo, repentinamente y en día inhábiles, organismos no gubernamentales encuentran eco en el Poder Judicial para frenar el ejercicio de su derecho". De aplicarse este criterio quien vea un crimen por la calle, si éste no le afecta debe abstenerse de denunciarlo. (Recordemos, además, que por reclamo de una ONG abortista la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la feria judicial de enero -2001- en el caso del aborto de un niño no nacido anencefálico).

Como no podía ser de otro modo, también en este caso los medios destacaron las declaraciones a favor de la realización del aborto del ministro de Salud de la Nación, González García -que llamó al juez Ferrer por teléfono para asegurarse que la justicia no iba a impedir el aborto- y del ministro de salud de esa provincia, Armando Calletti, en claros actos de presión sobre el poder judicial. El gobernador de Mendoza, Julio César Cobos, con la excusa de respetar la decisiones de los jueces y de los médicos se enroló en el bando abortista ya que tratándose de la vida humana no se admite trasladar a otros la responsabilidad.

Más presiones y amenazas

Aprovechando la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) el ministro de Salud, Ginés González García, hizo firmar una declaración de apoyo a los abortos -"a las familias involucradas, a las autoridades y a los actores del sector de la salud de Mendoza y Buenos Aires"- a todos los ministros de salud provinciales. No firmaron la declaración el ministro de salud de San Juan, Roberto Correa, y Silvia Simoncini, ministra de salud de Santa Fe.

A su vez en la misma ocasión -un encuentro con intendentes municipales de todo el país- el ministro González declaró: "la tolerancia con los grupos fanáticos debe terminar, a ellos hay que denunciarlos y actuar con toda energía".

¿Purga judicial?

En otro ámbito, organizaciones abortistas pidieron el 28-08-06 a la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, que destituya a la fiscal Sonia Leila Aguilar por denunciar ante el Juzgado de Menores Nº 5 el inminente aborto que se iba a practicar en el Hospital San Martín de La Plata.

El pedido de jury contra Aguilar fue firmado por la Secretaría de Género de la CTA, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, la Red de Monitoreo de la Ley de Violencia Familiar y la Secretaría de Género de la Federación de Tierra y Vivienda. (Pagina 12, 29-08-06)

Reglamentación de abortos no punibles

En la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de salud porteño, Alberto de Micheli, se comprometió a reglamentar, a través de una resolución, la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos de la ciudad para que los médicos sepan cómo actuar ante estos casos y tengan garantías de que no serán criminalizados. Paralelamente se estudiará la apertura de un registro de objetores de conciencia para los profesionales que se nieguen a interrumpir un embarazo en el marco de las excepciones previstas en el Código Penal, (en pocas palabras una lista negra).

Se reunieron con de Micheli y la directora del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la ciudad, Margarita Berkenwald, Dora Coledesky; las ex diputadas María Elena Barbagelata y María José Lubertino; la ex legisladora porteña Clori Yelicic; Elsa Schvartzman, del Foro por los Derechos Reproductivos; Malena Haboba, de la Red de Mujeres Solidarias; Cecilia Lipszyc, de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer, y dirigentes de Pañuelos en Rebeldía y Amas de Casa del País.

¿Qué pretenden?

El Código Penal en su art. 86 declara no punible el aborto: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Las abortistas pretenden que en el inciso primero se interprete "salud" incluyendo la "salud psíquica", basándose en la ambigua definición de la OMS: salud no es la mera ausencia de enfermedad sino el estado de bienestar bio-psico-social, abriendo así una inmensa puerta para todo tipo de aborto en cualquier momento del embarazo.

Y que el inciso 2, contemple todo tipo de violación y no sólo la de mujer demente o idiota, otra causal sin límite para el aborto. Se afirman en la interpretación que hizo entre otros, de la procuradora general de la provincia, la abortista María del Carmen Falbo.

Recordemos que en Brasil por resolución ministerial el gobierno de Lula da Silva se permitió el "aborto por violación" sin constancia de actuación policial y/o judicial y en cualquier momento del embarazo. (NG 697, 700, 731)

La voz de los obispos

La Conferencia Episcopal dio a conocer el 23 de agosto dio a conocer el documento "El aborto es cuestión de vida o muerte", que fue leído el pasado fin de semana en todas las misas del país. En él los obispos afirman entre otras cosas: "La técnica nos permite apreciar que no hay ninguna diferencia entre destrozar el cráneo de esa pequeña criatura ya gestada o cometer el homicidio de un niño que camina por la calle".

Cabe destacar también la carta (07-08-06) que Mons. Baldomero Martini, obispo de San Justo, dirigió al vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Daniel Scioli. Concluye la misiva diciendo: "Estamos a poco más de un año de una nueva compulsa electoral, donde se elegirán las máximas autoridades. Ocupando sendas bancas en el Senado de la Nación, están la esposa y la hermana del Sr. Presidente de la República. A su vez, él tiene la facultad constitucional de promulgar o vetar las leyes que sancione el Congreso de la Nación. Sin duda, estos meses serán una buena comprobación, del pensamiento real de los futuros candidatos. Como parte de mi servicio pastoral, informaré debidamente a los fieles de la diócesis de San Justo, para que -llegado el momento-, puedan ejercer responsable y libremente su derecho al voto". FIN, 29-08-06

Fuentes en el texto. Vid. NG 528, 552-554, 697, 698, 699, 700, 701, 731, 745, 746, 773. Notivida 377,379,384,385

27.08.06

789 - ARGENTINA: GOBIERNO ABORTISTA VI.

ARGENTINA: GOBIERNO ABORTISTA VI.

Por Juan C. Sanahuja

El totalitarismo progresista

El 24 de agosto pasado fue un día de luto para Argentina. Dos niños no nacidos fueron asesinados con la autorización de máximos tribunales de justicia de las provincias de Buenos Aires y Mendoza. El gobierno de Kirchner, a través de su ministro de Salud, Ginés González García coaccionó a todos aquellos que debieron decidir en distintas instancias, sobre la vida o la muerte de los dos bebés no nacidos.

Campaña por el Derecho al aborto

La ofensiva abortista era esperable desde que en el mismo Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación se lanzó el 29 de mayo pasado la segunda etapa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Uno de los objetivos de la misma es la "Reglamentación de la realización de abortos legales en los Hospitales Públicos sin intervención judicial", como medio para llegar a la "despenalización y la legalización del aborto" que "son el objetivo de nuestra campaña". Intervienen en ella -según su propia información- entre otros "el ministro de salud Ginés González García, Julio Bocca, Cristina Bangas, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo), Víctor de Gennaro (Central de Trabajadores Argentinos), Luis D'Elía (piquetero, Subsecretario de Estado de Tierras para el Habitat Social), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Jorge Lanata, Teresa Parodi, Gastón Pauls, Soledad Silveyra, Kevin Johansen, Soledad Vil, Adrián Paenza, Felipe Pigna y Eva Giberti".

La directiva de la campaña está formada por Martha Rosenberg, Elsa Schvartzman, María José Lubertino, Estela Díaz; Silvia Díaz; Dora Coledesky, Cecilia Lipszyc y Zulema Palma.

Aunque al gobierno de Kirchner no le hacen falta presiones internacionales para impulsar políticas de reingeniería social anticristiana, es de notar que el 16 de agosto se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores un encuentro organizado por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Carlos Felipe Martínez; en el que se presentaron unos estudios sobre las Metas del Milenio e Igualdad de Género. Asistieron la Directora Sub regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Ana Falu; Nieves Ricco por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la Representante Especial para temas de la mujer de la Chancillería, Magdalena M. Faillace, y la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, María Lucila Colombo, y en calidad de expertas también concurrieron las abortistas Silvina Ramos (CEDES) y Susana Chiarotti (CLADEM). El Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD) auspició el evento. En pocas palabras, la cultura de la muerte en su esplendor.

El caso La Plata

La madre de una joven retrasada mental embarazada después de una violación recurrió a la justicia para que su hija abortara. Después de dos sentencias contrarias en primera y segunda instancia, el 31 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no prohibió el aborto dejando la decisión en manos de los médicos, que se negaron a cometer el crimen ya que el niño no nacido tenía 20 semanas de gestación.

Empeño por matar

Ante la negativa de los médicos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito intervino, buscó un médico y pagó el aborto. "Nos ocupamos de encontrar al médico que lo hiciera, al que conocíamos y era muy competente", declaró Dora Coledesky (Clarín, 25-08-06). "Nos movilizamos para ayudarla", dijo Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, (Pagina 12, 24-08-06). El aborto costó 5.000 pesos, lo hizo un médico privado después de buscar en todo el país un hospital público: "Teníamos claro que la búsqueda la teníamos que hacer con cautela, en silencio, porque eran muy fuertes las presiones para que no se concretara. Hubo médicos que nos decían que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar por el grado de exposición pública que había tenido caso. Otros, muy pocos, se ofrecían pero no tenían dónde realizarlo. En un hospital público de una provincia que tenía antecedentes de haber realizado un aborto en un caso similar no quisieron hacerlo. Buscamos en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Hablamos con secretarios y directores de Salud y hasta con intendentes. Al final, un médico se ofreció con la condición de mantener su nombre y el lugar donde se iba a hacer bajo absoluta reserva. Y brindó un servicio de excelente calidad. Fue un triunfo en el sentido de que se hizo efectivo el ejercicio de un derecho", (Estela Díaz a Página 12, 27-08-06).

Amenazas y presiones

Mientras duró el trámite judicial fueron innumerables las presiones de las autoridades públicas sobre el poder judicial: el ministro de salud de la Nación, González García; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá quien dispuso -según sus propias declaraciones- que todo el sistema de salud pública provincial estuviera disponible para realizar el aborto. La vice gobernadora Graciela Giannesttasio; el ministro de salud de la provincia, Claudio Mate.

Después de la negativa de los médicos del Hospital San Martín a hacer el aborto, fue pedido el juicio político para la jueza de Menores Inés Siro, que negó el aborto en primera instancia. Pidieron el juicio político las diputadas kirchneristas Diana Conti y Graciela Rosso (ex-viceministra de salud), y se les adhirieron otros 21 diputados nacionales, entre otros, las radicales Silvana Giudici y Vilma Baragiola; Claudio Lozano, la socialista Silvia Augsburger, y los kirchneristas Juliana Marino, Mercedes Marcó del Pont, Juliana Di Tullio, Edgardo Depetri y Luis Ilarregui; algunos de ellos encabezaron una manifestación de 200 personas en La Plata reclamando la destitución la jueza. También la diputada Elisa Carrió (ARI) se manifestó a favor del aborto y en contra de las decisiones judiciales y de los médicos que lo frenaron.

La procuradora de la Corte provincial, la abortista María del Carmen Falbo, mantuvo una reunión con legisladoras provinciales y nacionales en torno a la misma causa, en donde se le pidió un impulso al jury contra la jueza Siro, (Página 12, 16-08-06).

La jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Argibay -que se autocalificó de atea militante y abortista antes de acceder al máximo tribunal- violando los elementales principios de la ética, al referirse a la intervención judicial de los jueces de menores de 1ª. y 2ª instancia de la ciudad de La Plata que sentenciaron en contra del aborto, dijo que "se actuó de una manera absolutamente desacostumbrada, con intervención de gente que no debió haber intervenido y argumentos endebles desde el punto de vista penal". Asimismo, expresó que si un juez al fallar en un caso aplica sus propios condicionamientos y convicciones, "le debemos decir que lo vamos a echar, porque no puede juzgar de acuerdo con sus creencias". Agregó, refiriéndose a la Jueza Inés Siro, que "existen elementos" para pedir su enjuiciamiento político, (La Nación, 05-08-06). Se disipan así las ingenuas expectativas de quienes diciendo defender la vida no se deciden a romper con el sistema y que declararon tiempo atrás que de llegar el aborto a la Corte Suprema de la Nación esta jueza se excusaría.

Con razón el arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer declaró el 13-08-06: "Se han notado interferencias políticas impresionantes y que lo hacen a uno reflexionar sobre la real y efectiva vigencia de la división de poderes en la Argentina y si estamos viviendo en efecto en un estado de derecho". (Continúa).

Fuentes en el texto. Vid. NG 528, 552-554, 698, 699, 701, 745, 746, 773. Para Metas del Milenio para el Desarrollo NG 722, 732, 735; 737; Notivida 377, 379, 384, 385.

6.08.06

788 - ONU-ECOSOC: RECHAZO A ONG’s HOMOSEXUALES.

ONU-ECOSOC: RECHAZO A ONG's HOMOSEXUALES.

Fuentes al pie.

Por Juan C. Sanahuja

Rechazo del ECOSOC. Las ONG's que apoyaron. Se acentúa el sectarismo gay.

El pleno del Consejo Económico Social de la ONU (Ginebra, 21-07-06), siguió el dictamen del Comité para las ONG's y rechazó concederle estatus consultivo a tres grupos gay-lésbicos: la federación LGTB alemana (LSVD), ILGA-Europe y de la organización danesa de lesbianas, LBL. (Ver NG 777). Así lo informó en un comunicado fechado el 24 de julio, la organización italiana Acigay.

El Comité para la ONG's del ECOSOC había recomendado, en febrero y mayo pasados, no otorgarles el estatus consultivo por los vínculos de estas asociaciones con grupos de pedófilos.

Para la negativa fueron decisivos los votos de los Estados Unidos, Australia y Polonia, único país de la Unión Europea con representación en el ECOSOC que votó en contra de los gays. Polonia está soportando la presión de la "internacional rosa" que acusa a su actual gobierno de "racismo anti gay", en su afán de imponer en la opinión publica mundial la idea que no reconocer los supuestos derechos de las "minorías sexuales" es equivalente al racismo, la discriminación y la xenofobia.

Apoyo a la pretensión

El estatus consultivo es una categoría que pretende recuperar Internacional Gay-Lébica (ILGA) porque con ella tendrían entrada, por ejemplo, a las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y así presionar para que la ONU reconozca la "orientación sexual" como un derecho humano.

Algunas ONG's que apoyaron las pretensiones de ILGA y sus afiliados son: Action Canada for Population and Development, Canadá, Amnistía Internacional, España; ARC International, Suiza/Canadá; Arcigay, Italia; Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), Panamá; Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS-ABIA, Brasil; Canadian HIV/AIDS Legal Network, Canadá; Centro para el Desarrollo de la Democracia y los Derechos Humanos, Rusia; COC Netherlands, Holanda; Col•lectiu Tal Qual de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Castelló i Comarques, España; Colombia Diversa, Colombia; Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Argentina; Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos de las Mujeres, Costa Rica; Coordinadora Gay-Lesbiana, España; Egale Canada, Canadá; El Closet de Sor Juana, México; Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), España; Fundación Arcoiris, México; Fundación Triángulo, España; Global Rights International, USA; Human Rights Campaign, USA; Inclou, gais i lesbianes en l'educació, España; Intergroup on Gay and Lesbian Rights in the European Parliament, Unión Europea; Comisión Internacional de Juristas, Suiza; International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), USA; International Service for Human Rights, Suiza; International Working Group, USA; La Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana; Movimiento Nacional por los Derechos Humanos, Guatemala; Pax Romana, Suiza; Red Lésbica Cattrachas, Honduras; Youth Coalition, Canadá.

Se acentúa el sectarismo gay

Mientras tanto la National Union of Teachers (NUT) del Reino Unido ha exigido al Departamento de Educación del gobierno inglés que a partir del preescolar, es decir de los tres años, los niños reciban "una educación que combata los estereotipos de género, el lenguaje negativo y los prejuicios". La NUT se queja que los chicos todavía usan un lenguaje "homofóbico".

En Calgary (Canadá) los activistas homosexuales denunciaron ante la Comisión Federal de Derechos Humanos y la similar del estado de Alberta, a tres páginas web que difunden "información crítica al estilo de vida homosexual", y exigen su desaparición.

También en Canadá (Nueva Escocia), el profesor David Mullan de la Cape Breton University, fue multado por enseñar que la "homosexualidad repugna a la naturaleza y es la apoteosis del deseo desenfrenado". Esa universidad -y no es la única- cuenta con una "oficina de la diversidad sexual", que vigila que la enseñanza esté de acuerdo con las doctrinas "políticamente correctas". Además Mullan cometió otra "falta": dirigió dos cartas a las autoridades de la Iglesia Anglicana del Canadá criticando que habían aceptado el "matrimonio homosexual". La multa ascendió a 2.100 dólares canadienses.

El profesor Mullan, tras destacar que el grado de intolerancia a favor de la "ideología homosexual" crece en la sociedad canadiense y se ha enquistado en los tribunales de Derechos Humanos, dijo que no acepta la pena impuesta y que es su deber seguir combatiendo a esa ideología sobre todo porque involucra a estudiantes jóvenes.

Mientras tanto en Noruega, en donde el socialismo consiguió imponer la legislación sobre el "crimen de odio" que condena cualquier crítica, oposición u ofensa al estilo de vida homosexual, el editor del diario Farsunds Avis, Steinar Spjelkaviknes, y Odd Djøseland del Partido para el Progreso y miembro de una comisión municipal de salud pública, fueron denunciados a la justicia por "promover la discriminación en base a la orientación sexual".

El medio periodístico publicó una carta del político en la que se denunciaba el "acoso" de los homosexuales a los heterosexuales en playas, balnearios, piscinas, etc. FIN, 06-08-06

Fuentes: Propias; Life Site 13, 17, 25 y 31-07-06; ILGA; Acigay. NG 785 y sus referencias.