El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 supuso el auge de sus milicias revolucionarias, principalmente las del partido PSOE (Partido Socialista Obrero Español), y su sindicato UGT (Unión General de Trabajadores), fundados por Pablo Iglesias, los sindicatos anarquistas FAI (Federación Anarquista Ibérica) y CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y, cada vez más influyente, el PCE (Partido Comunista Español). También tuvieron milicias, aunque de menor importancia, los partidos de inspiración republicana jacobina IR (Izquierda Republicana) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya).

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Publica Infocatólica esta semana la noticia de que a la asociación “derecho a morir dignamente” (DMD), presidida por el médico Luis Montes, eutanasista confeso, le ha sido encomendada por los ayuntamientos madrileños de Getafe y Rivas-Vaciamadrid, la “asesoría ciudadana sobre muerte digna”. Empleando este conducto, entregan a los ciudadanos que preguntan sobre el tema un “testamento vital” de corte ideológicamente eutanasista. La mayoría de las personas confían en los médicos que les atienden, y probablemente firmarán semejante documento, fiados en la base ética del mismo.

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Conocida es la frase de Churchill de que la democracia es el peor de los sistemas políticos, exceptuando a todos los demás. Los atenienses, inventores del término “democracia” (gobierno del pueblo), lo entendían como la forma de gobierno en la cual todos los ciudadanos (que no era lo mismo que los habitantes) podían elegir y ser elegidos para cualquier magistratura; algunas de ellas, como los jurados, eran ocupadas por todos los atenienses por turno anual. Nuestro actual sistema de gobierno, no obstante, es una variante de la democracia liberal surgida de la revolución francesa, caracterizada por la canalización de toda la representación política a través de los partidos.
En la difícil situación actual vivimos también una profunda crisis de nuestro sistema de partidos, que ha perdido la confianza de una buena parte de la población en su capacidad de ejercer un gobierno eficaz, honrado y justo. La Iglesia enseña que la administración de los recursos públicos debe ir inexcusablemente dirigida hacia el Bien Común por encima de otra consideración.

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