Hay que decir las cosas claras para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Nos quieren robar la Catedral de Córdoba, la cual es propiedad de la Iglesia Católica desde hace siglos. Cuando Fernando III el Santo arrebató la ciudad a los musulmanes, una de las primeras cosas que hizo fue retornar el culto cristiano a la antigua basílica visigótica de San Vicente, que los seguidores de Mahoma habían convertido en mezquita.

Efectivamente, el monarca dispuso que en la festividad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo del año 1236 el templo fuera dedicado a Santa María Madre de Dios y consagrado aquel mismo día por el Obispo de Osma, Mons Juan Dominguez, en ausencia del arzobispo de Toledo, Mons Rodrigo Jiménez de Rada, asistido por los Obispos de Cuenca, Baeza, Plasencia y Coria. Según las leyes del momento, el templo era propiedad del rey que conquistó la ciudad, pero finalmente se cedió su titularidad a la Iglesia. Desde ese momento, la Catedral ha sido siempre propiedad de la diócesis cordobesa. Lo que ha ocurrido recientemente es la inmatriculación del templo en el registro de bienes inmuebles. Como quiera que ese es un asunto que ha traído mucha polémica en toda España, les recomiendo este artículo donde se explica perfectamente en qué consisten ese tipo de inmatriculaciones.

Sin embargo, en Andalucía se dan dos circunstancias:

1- Presencia cada vez mayor de musulmanes. Y para ser más exactos, financiación por parte de países islámicos de todo tipo de grupos, algunos mediáticos, para lograr que la Catedral se convierta de nuevo en Mezquita, de forma que se pueda dar un culto religioso compartido.

2- Gobierno socialista en coalición con comunistas, lo cual es prácticamente lo mismo que decir gobierno anticlerical.

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Como dos buenos trileros del “arte” de la política, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se han enfrascado hoy en un debate sobre la anunciada reforma de la ley del aborto. Los argumentos de ambos apuntan a una realidad evidente. Ni a don Mariano ni a don Alberto les importa un pimiento el derecho a la vida del no nacido. Uno la niega con supuestos. El otro, con plazos.

Rubalcaba insiste en la teoría de que lo que el PP busca es atraer los votos de la extrema derecha. Si por eso entiende los votos de la gente provida en España, en mi opinión está muy equivocado. Creo sinceramente que son escasísimas las personas que en este país cambiarían su voto por el tema del aborto. Hablar de un cuarto de millón me parecería exagerado. La gran mayoría de los provida españoles como mucho asumiría la teoría del mal menor a la hora de votar. Y ese mal menor les lleva a dar su voto al PP, tanto si aprueba la reforma como si no. Siempre habría quien justificaría dicho voto bajo la premisa de que con el PSOE llegará también la eutanasia, cosa que no parece factible con los populares.

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Al arzobispo de Tánger, Mons. Santiago Agrelo, le causa gran disgusto el tratamiento informativo que 13TV está dando al conflicto causado en Ceuta por las avalanchas de inmigrantes africanos que quieren entrar en Europa a través de esa frontera española. Hace unos días 15 inmigrantes fallecieron ahogados al intentar llegar a nado a las costas ceutíes. Y se ha creado una gran polémica por el uso de balas de goma por parte de la Guardia Civil contra los que se acercaban de esa manera a territorio español.

Vaya por delante que es inadmisible que la forma de tratar a unos seres humanos que se acercan nadando a una playa sea a tiro limpio, por mucho que el tiro sea con balas de goma. En la necesaria actuación de la Guardia Civil para guardar nuestras fronteras debe darse un principio de proporcionalidad. No se pueden poner en peligro vidas humanas. De todas formas, todo parece indicar que los que se ahogaron no sabían nadar. Y como comprenderán ustedes, si uno se tira al mar sin saber nadar, la responsabilidad máxima de lo que ocurra es suya.

Por otra parte, la gran mayoría de los que critican lo que está ocurriendo casi nunca responden a una pregunta elemental: ¿Debe España abrir sus fronteras a todos los inmigrantes africanos que quieran pasar a nuestro país, sea para quedarse aquí o para ir al resto de Europa? Y no es una pregunta cualquiera. Ahora mismo hay 30.000 personas en Marruecos esperando la menor oportunidad para entrar en Ceuta y Melilla. ¿Qué se supone que debemos hacer con ellos? ¿dejarles entrar? ¿Cuántos miles más, por no decir millones, saldrían a toda velocidad camino de Marruecos para entrar en Europa por esa vía?

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En 1492 España se unió a la lista de países que habían decidido expulsar de sus territorios a los judíos. Efectivamente, la medida fue precedida por otras similares en naciones como Inglaterra, Francia o Alemania, pero a diferencia de lo ocurrido en esas naciones, los Reyes Católicos no actuaron movidos por el ánimo de lucro y sí por cuestiones religiosas. Aparte del caso del niño supuestamente asesinado por judíos en una representación blasfema de la Pasión de Cristo -los historiadores dicen que fue un fraude-, lo que sí era cierto es que ciertos sectores del judaísmo en este país intentaban devolver a la fe talmúdica a algunos de los que se habían convertido previamente al catolicismo. Con esto no digo que estuviera justificada su expulsión. En mi opinión fue sumamente injusta y además una desgracia para España. Eso sí, en ningún otro país se dio una medida como la provisión de 18 de julio de 1492, propuesta por la Reina Isabel, que buscaba evitar y castigar los maltratos contra judíos que habían tenido lugar en algunas poblaciones. Desde luego, nada comparado con lo que un tal Martín Lutero, ex-monje agustino alemán, proponía en su obra “Acerca de los judíos y sus mentiras", de 1543:

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Lo que ha ocurrido en el colegio agustino de Valdeluz en Madrid no tiene explicación. Ni se explica por qué no se ha denunciado antes a las autoridades lo que eran, al parecer, abusos continuos y repetidos en el tiempo de un profesor. Ni se explica por qué desde la dirección del colegio, a cargo de dos religiosos, no hicieron nada aunque sabían lo que ocurría. Ni se explica que la Comunidad de Madrid se quite de encima cualquier responsabilidad bajo el peregrino argumento de que no puede actuar de oficio ante casos de abusos, ya que tienen que ser las víctimas o sus familias quienes den el primer paso. ¿Acaso si una institución pública es consciente de que se está cometiendo un delito no tiene la obligación de poner los medios para que deje de cometerse?

Se da además la circunstancia de que otro religioso agustino que dirigió ese mismo colegio fue encarcelado por poseer material pedófilo en su ordenador.

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