A nadie se le escapa que tanto en el Congreso como en el Senado no hay un solo partido político que, en asuntos tan fundamentales como la familia y la dignidad de la vida humana, cumpla los mínimos que los católicos fieles al magisterio de la Iglesia consideramos irrenunciables. Como dije antes de las pasadas elecciones generales, los centenares de miles de católicos que se congregaron en la plaza madrileña de Colón en torno a sus obispos el pasado 30 de diciembre, no estaban ni están representados por un solo diputado o senador. Aunque algunos políticos pueden sostener un ideal más o menos parecido al de los allá presentes, su tibieza unidad a la disciplina imperante en la partitocracia que tenemos por sistema político hace impensable que alguno de ellos ose ir por libre en contra de las consignas de sus dirigentes.

Sin embargo, en las dos últimas elecciones importantes celebradas en este país, las autonómicas de Cataluña y las generales de marzo, hemos visto la aparición de dos opciones políticas nuevas, Ciutadans y UPyD, que han demostrado que se puede empezar a arañar, siquiera superficialmente, el omnipotente poder de los partidos mayoritarios tanto a nivel autonómico como estatal. Ha bastado con que recibieran un apoyo más o menos importante por parte de medios de comunicación muy concretos (sobre todo Cope, para qué nos vamos a engañar), para que hayan asomado su cabeza en el parlamento catalán y el español. Pero ambos partidos, por muy interesantes que sean en sus propuestas sobre asuntos muy importantes como la unidad de España, el derecho a ser escolarizado en la lengua materna, el cambio de la ley electoral, etc, etc, son laicistas y nada o muy poco opositores a la labor de ingeniería social del zapaterismo.

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Mari Luz era una chiquilla alegre de cinco años que tuvo la desgracia de vivir al lado de un miserable asesino que debería de estar en la cárcel por abusar de sus propias hijas. Ese ser despreciable puso fin a una vida inocente y también a la felicidad de toda una familia cristiana evangélica. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, es pastor de la iglesia de Filadelfia, que es la denominación particular de los evangélicos de raza gitana. Y a fe que Juan José Cortés está dando un ejemplo a toda España de lo que significa ser cristiano. Él ha pedido justicia y no venganza, e incluso ha dicho que ni siquiera deseaba al asesino de su hija que pasara por lo que él ha pasado.

Juan José cree que San Pablo tenía razón cuando afirmaba que los magistrados deben ser servidores “de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal” (Rom 13,4). Y es que donde no hay justicia, no hay civilización. Una nación que protege más los derechos de los delincuentes que los de las víctimas, va camino hacia la auto-aniquilación, pues donde no existe una justicia que merezca el nombre de tal, acaba siendo sustituida por la venganza desbocada de quienes son doblemente pisoteados: por sus agresores y por las leyes o jueces que les dejan en total desamparo.

Nadie podrá devolver a Mari Luz a sus padres, pero si en este país queda un poco de decencia, el tipejo que la mató no puede volver a ver la libertad en lo que le quede de su puñetera vida. Es hora de plantear de una vez la pena de cadena perpetua para delitos escandalosos. El terrorismo, el asesinato, la violación y la pederastia deberían de estar castigados con esa pena. No puede ser que matar a una persona salga barato. Y barato es que un asesino salga a la calle tras pasar 20 ó 30 años en la cárcel. Siempre debe quedar un resquicio para la reinserción, pero no creo que la misma sea posible en los delitos que he señalado. De los violadores y pederastas es conocida su tendencia a la reincidencia. Por tanto, el que pone un violador o un pederasta en la calle, sea el legislador o sea el juez que no usa todos los mecanismos legales para retener a esa chusma, está siendo cómplice de las futuras acciones de esos personajes.

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