Ya está montado el cirio. El gobierno del PP ha tardado tanto en reformar la ley del aborto, que incluso algunos obispos empezaron a pedir públicamente que se protegiera legalmente la vida. Obviamente sabiendo que todo lo más que se puede esperar de los actuales gobernantes es una vuelta a la ley anterior, bajo la cual se cometían cien mil abortos anuales. Aunque hay que reconocer que el otro día el ministro Gallardón dijo que se debería acreditar el peligro para la salud de la madre antes de abortar. Si eso fuera así, que no me lo creo, quizás impediríamos muchos abortos en España.

El caso es ha coincidido temporalmente la petición de algunos obispos, y del cardenal Rocuo en la plenaria de la CEE que se acaba de celebrar, con un nuevo anuncio del gobierno, el enésimo, anunciando la reforma. Puede que esta vez vaya en serio, puede que no. Quienes sí van en serio son los socialistas y el resto de la izquierda. Ya han anunciado que se piensan tirar a la calle para impedir que Mariano Rajoy cumpla algo -¡por fin!- que había prometido en su programa electoral. Pero en realidad, más que contra el gobierno, la convocatoria es contra la Iglesia, a la que se acusa de imponer su moral a la sociedad chantajeando al gobierno en esa materia.

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Desde que el ministro Gallardón tomó posesión de su cargo ha anunciando en repetidas ocasiones una reforma de la actual ley del aborto. Todos esos anuncios se han incumplido. En InfoCatólica hemos recopilado sus mentiras:

Gallardón asegura que defender el derecho a la vida es lo más progresista que haya hecho en su vida política
Gallardón vuelve a anunciar la reforma de la ley del aborto en España
Gallardón presentará la nueva ley del aborto en octubre
Gallardón vuelve a decir que presentará en breve su proyecto de reforma de la ley del aborto
Gallardón vuelve a retrasar el plazo para presentar el proyecto de reforma de la ley del aborto

Supongo que todavía le queda algo del sentido del ridículo, o ha pensado que ya está bien de tomar el pelo al personal, y le ha pasado el testigo de las mentiras a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ayer nos dijo que “el gobierno español dice que sigue trabajando para ajustar la ley del aborto a la sentencia del Constitucional". Se refieren a la primera sentencia del TC sobre la ley anterior. Pero como sigan trabajando con tanta diligencia, lo mismo nos encontramos con una nueva sentencia del tribunal sobre la ley actual. Y conociendo como conocemos la configuración del Constitucional, pocas dudas caben de que dicha sentencia sería favorable a que el aborto sea considerado como un derecho. Y entonces el gobierno haría exactamente lo mismo que ha hecho con el matrimonio gay. O sea, dejar las cosas como estaban.

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La Conferencia Episcopal ha publicado un mensaje de los obispos españoles para la Jornada de la Vida de este año. Los principales medios de comunicación se han fijado en esta parte del texto: “Es, pues, urgente la modificación de la ley, con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al mas elemental y primario derecho de la vida“. Habrá quienes piensen que esas palabras valen para la actual ley del aborto. Y es cierto. Tanto como que valen igual para la ley que había antes. Es decir, si se cambia lo que tenemos ahora por lo que teníamos antes, el mensaje de la CEE sería exactamente el mismo. En otras palabras, lo que ha anunciado -y no ha cumplido- el ministro Gallardón no nos vale.

Nada de todo esto es nuevo. La Iglesia lleva diciendo lo mismo sobre las leyes abortistas en todos los países del mundo donde se legaliza esa práctica ignominiosa. Por eso quiero hacer hincapié en otra parte del documento:

En nuestro contexto actual, parece obligado añadir que una conciencia cristiana bien formada no debe favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral en ese sentido.

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Empiezo mi artículo reconociendo que tengo más dudas que certezas sobre el punto 8 del documento de la Conferencia Episcopal Alemana. El contenido del mismo se puede leer en la noticia que hemos dado.

Vamos directamente al meollo de la cuestión. Los obispos alemanes dicen que se puede usar la píldora del día después (PDD) en caso de violación. Y el texto, tal y como yo lo entiendo, afirma que hay píldoras que contienen principios activos alterados que, en principio, no provocarían el aborto en caso de que se hubiera dado la concepción. Esa es la primera pregunta que cabe hacer: ¿Hay una nueva generación de píldoras del día después que no tengan, de ninguna de las maneras, un posible efecto abortivo?

Si la respuesta es sí, queda zanjada la cuestión principal de esta polémica. Si la respuesta es no, estaríamos obviamente ante un error de bulto de los obispos alemanes (ver enlace de la CEE) que debería ser corregido por la Santa Sede. De hecho, si la respuesta es “no se sabe con certeza", tampoco cabe administrar la PDD, porque ante la duda debe siempre primar la protección del derecho a la vida del posible embrión fecundado.

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La noticia parece ciertamente impactante. El presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Mons. Vincenzo Paglia ha propuesto afrontar “las cuestiones de las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito del derecho privado, para garantizar las cuestiones patrimoniales".

Antes de analizar lo que ha dicho el prelado y, sobre todo, lo que no ha dicho, conviene tener en cuenta una realidad patente. La inmensa mayoría de los medios de comunicación no religiosos ha entendido sus palabras como un apoyo directo al reconocimiento de las uniones civiles homosexuales, a las que simplemente no habría que llamar matrimonio ni permitirles la adopción. Pues bien, esa interpretación no cabe dentro de la doctrina católica sobre esta materia. La misma está explicada con claridad meridiana en el documento “Consideraciones acerca de los proyectos de reconomiento legal de las uniones entre personas homosexuales", de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dicho texto magisterial, firmado por el cardenal Ratzinger (hoy Papa Benedicto XVI) concluye con el siguiente párrafo:

La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.»

Nótese claramente que no se condena meramente la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio. Se dice que no deben reconocerse legalmente esas uniones. Y punto.

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