Hace tiempo que el conflicto entre las diócesis de Lérida y Barbastro-Monzón a costa de los Bienes de la Franja es un escándalo que avergüenza a toda la Iglesia. La catarata de sentencias de los tribunales de la Iglesia a favor de Barbastro, a día de hoy no ha servido, a nivel práctico, para nada. Los bienes siguen en Lérida y es muy probable que sigan allí durante largo tiempo.

Como no es plan de hacer leña del árbol caído, sobre todo si está enfermo, no diré gran cosa sobre el anterior obispo de Lérida. Ya es triste pasar a la historia como el obispo que hizo lo posible y lo imposible por alargar el conflicto hasta conseguir que los políticos metieran sus narices en el mismo. Pero ya da igual. Agua pasada, no mueve molino.

El caso es que eclesialmente el caso, esta vez sí, parece cerrado. Ya no hay más recursos. La diócesis catalana acepta que la Iglesia no le da la razón. Pero ahora se refugia debajo de las faldas de las autoridades civiles para no obedecer. O sea, primero alargan el litigio y cuando consiguen que los políticos tengan “voz y voto” sobre el futuro de los bienes, se ponen detrás de ellos para decir: pío, pío, que yo no he sío.

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Asisto con preocupación al conflicto que tiene lugar en la diócesis de Cartagena a costa de la titularidad de la UCAM. Aunque el cardenal Bertone dio la razón al actual presidente de la universidad, José Luis Mendoza, el obispo monseñor Reig Plá parece dispuesto a no tirar la toalla pues siente “la obligación de conciencia de defender a la Diócesis de Cartagena, cuyo cuidado pastoral le fue confiado por el Papa”.

Como quiera que no conozco en detalle las circunstancias del pleito, prefiero no opinar sobre quién puede tener la razón, aunque supongo que ninguna de las partes la tiene por completo. Ahora bien, lo que sí me ha alarmado bastante es que en la nota que se ha publicado en los medios de comunicación, el obispo advierte que utilizará “todos los recursos jurídicos que posibilitan tanto el Derecho Canónico como las leyes justas del ordenamiento jurídico civil”.

Que puede, e incluso debe, recurrir al derecho canónico, no es cosa que nadie le vaya a discutir. Ciertamente sería deseable que este conflicto no se convierta en un “Lérida versus Barbastro” bis –tema Bienes de la Franja-, pero mientras se confíe en el juicio de la Iglesia no hay nada que objetar. Ahora bien, eso de recurrir a los tribunales civiles puede ser muy peligroso.

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En lo referente al ataque al catolicismo en este país, vamos a asistir en los próximos años a una comedia dramática en la que los papeles están perfectamente repartidos. IU, ERC y el BNG son los malos sin sesera que cumplen en el Congreso el rol de burros entrando en una cacharrería. Si por ellos fuera, los católicos quedaríamos reducidos al estatus de parias a los que el Estado permite, graciosamente, celebrar el culto y poco más. Dicen que quieren acabar con los “privilegios” de la Iglesia en financiación, en la enseñanza de la religión, en el régimen de conciertos con la enseñanza privada (¿visteis, queridos hermanos de la FERE?) y en materia fiscal. Eso, de momento.

Lo más curioso es que pretenden que el resto de religiones tengan los mismos derechos. Bien, en principio los católicos no nos oponemos a eso, aunque algunos tenemos verdadera curiosidad por saber lo que ocurriría si en España admitiéramos la poligamia aprobada por el Islam o la propia sharia como norma para las relaciones entre los musulmanes. Nadie piense que esto último es una locura porque ya propuso algo parecido ese gran y nunca bien ponderado líder que tienen los anglicanos y que se llama Rowan Williams, arzobispo de Canterbury y druida en sus ratos libres.

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Excepto para aquellos que quieren permanecer ciegos ante la evidencia, es claro que José Luis Rodríguez Zapatero quiere cambiar, y de hecho está cambiando, el régimen que nos dimos los españoles durante la Transición. El consenso alcanzado entonces está hoy hecho trizas. El esfuerzo que hicimos por enterrar las heridas del pasado y buscar un futuro en común es ya una historia pasada, digna de figurar en los libros de historia de siglos venideros pero ausente a la hora de configurar el futuro inmediato.

No hace falta ser un especialista en derecho constitucional para darse cuenta que el proyecto socialista zapateril no encaja bien en la Constitución del 78. Pero como quiera que la separación de poderes se fue al carajo cuando Alfonso Guerra aseguró que Montesquieu había muerto, pues no hay manera alguna de que la justicia española, absolutamente politizada, sea un impedimento para que el inquilino de la Moncloa lleve adelante sus planes. Es más, el principal partido de la oposición no es sino una tuerca más en ese engranaje. Al fin y al cabo Aznar decidió que no merecía la pena resucitar a quien González y Guerra enterraron.

Dentro de los planes de Zapatero está el convertir a España, o lo que quede de ella, en la punta de lanza del laicismo mundial. No hablamos del sano laicismo de EEUU que Benedicto XVI alabó en su reciente visita a ese país. No, estamos ante un laicismo decimonónico, anticlerical y masónico. Y para ese laicismo, la Iglesia Católica es el principal enemigo a batir. Por eso, el anuncio de la vicepresidenta Fernández de la Vega de que el gobierno va a reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la laicidad del Estado, lo cual contradice al artículo 16 de la Carta Magna, no puede ser visto sino como una amenaza clara y directa contra esa libertad, que es parte fundamental de los derechos humanos.

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Es sencillamente patético, vergonzante y vil que en esta España nuestra que tanto nos duele a algunos, determinadas federaciones o asociaciones de protestantes evangélicos dediquen gran parte de sus esfuerzos mediáticos a atacar a la Iglesia Católica. Cuando ni tan siquiera las asociaciones musulmanes se meten con la Iglesia Católica para reivindicar sus peticiones, estos “cristianos” no pierden oportunidad de arremeter contra el catolicismo español. Debe ser que esa es su forma de entender la fraternidad cristiana. En vez de mirar por sus intereses, levantan su voz para unirse al coro de laicistas anticlericales que quieren ahogar a la Iglesia Católica.

La Alianza Evangélica Española quiere superar a Buenafuente, el de la Sexta, que a la hora de pedir a la gente que marque la casilla de la declaración de la renta a favor de las ONGs, no pierde la oportunidad de lanzar una indirecta a la campaña de la Iglesia Católica a favor de su propia casilla. Estos protestantes dicen que la campaña de la Iglesia Católica mantiene el concepto de papel recaudador del Estado en favor de una confesión religiosa y potencia que el centro de interés de la relación entre Estado e Iglesias sea prioritariamente económico. El caso es que los protestantes españoles han renunciado en repetidas ocasiones a tener su propia casilla en la declaración de la renta. Cosa que me parece muy respetable pero, ¿acaso porque ellos no quieran los católicos nos tenemos que jorobar? ¿qué comportamiento infantiloide es ese? “Yo no quiero ese juguente y si tú lo quieres, me meto contigo". Igualitos que el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.

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