Monseñor Martínez Camino dijo ayer unas cuantas verdades sobre la situación legal de la institución familiar en España. Efectivamente, disolver un matrimonio es en ocasiones más fácil que cambiar de compañía de teléfono. Si los cónyuges están de acuerdo, se pueden divorciar en tres meses. En caso de que no haya acuerdo, la cosa puede demorarse, pero en todo caso la facilidad para poner fin a una unión matrimonial es total. Basta con que una de las partes quiera divorciarse para que no haya manera de impedirlo. Con la particularidad de que en ocasiones, la parte que no está de acuerdo puede resultar la más perjudicada en la sentencia de divorcio. Lo he escrito otras veces y lo vuelvo a escribir. Conozco casos en que un/a adúltero/a ha conseguido echar de casa a su pareja para meter a la persona con la que cometía adulterio. O sea, quien rompe el contrato matrimonial no paga por ello. Todo esto con el apoyo de la ley.

Eso convierte al matrimonio civil en una gran farsa. No difiere gran cosa de las tan cacareadas uniones civiles, que también pueden ser disueltas en un abrir y cerrar de ojos. Le cuesta más a un jugador de fútbol salir de su club que a un cónyuge sinvergüenza poner fin su matrimonio. Quien es contratado por una empresa tiene más seguridad de que sus derechos se respeten a cualquier mujer que quiera ser repudiada por su marido -idem en el caso contrario-. Y eso, se quiera o no, deja a la institución familiar totalmente desprotegida. Es alucinante que aquello que es la esencia de la sociedad sea pisoteado desde la legislación.

En otros posts he sugerido que la Iglesia podría plantearse si tiene mucho sentido que los matrimonios canónicos tengan un efecto civil paralelo e inmediato. Es decir, dado que el matrimonio civil es basura, ¿no sería quizás mejor buscar que el marido y la mujer cristianos contrajeran un tipo de contrato personal que tuviera más protección jurídica que la farsa en que las leyes han convertido la institución familiar? No parece legalmente posible, pero sería una manera de manifestar el desacuerdo con una legislación que será todo lo democrática que se quiera, pero que a su vez es un atentado contra el bien común.

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La Iglesia que peregrina en Barcelona lleva unos meses siendo una fuente inagotable de noticias. La visita del Papa para consagrar la Basílica de la Sagrada Familia en la Ciudad Condal abrió los telediarios y ocupó las portadas de los periódicos. El cardenal Sistach, como era de esperar, no dudó en conceder entrevistas y declaraciones antes y después de la llegada del Santo Padre.

Es decir, el arzobispo de Barcelona sabe que existen los medios de comunicación y los usa cuando lo cree oportuno. Lástima que no crea oportuno hacer uso de los mismos para ponerse al frente de la protesta por lo que está ocurriendo en la Universidad de Barcelona. Hasta donde yo sé, el cardenal Sistach no ha abierto la boca ante el avance del anticlericalismo más rampante en su diócesis. No ha salido en defensa de sus fieles, que ven como no sólo se les impide celebrar misa en una capilla universitaria sino que ahora encuentran dificultades hasta para entrar a la misma a rezar. Y uno se pregunta, ¿para qué quieren los fieles un pastor que no les defienda? ¿es que hace falta que se lo tengamos que pedir desde un blog? Y que no nos vengan diciendo que está llevando a cabo gestiones discretas y tal y cual. Ante la agresión pública a la fe, la fe ha de ser defendida públicamente. Ni siquiera le pedimos que envíe al canónigo y rector de su seminario, el P. Turull, con un megáfono en la mano a protestar ante el despacho del rector de la universidad. Nos valdría con que dijera algo en apoyo de la libertad de culto y de los católicos.

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Si mi anterior post era una amarga denucia y crítica a la presencia, en las últimas décadas, de sacerdotes pro-etarras en el seno de las diócesis vascas, el de hoy tiene un sentido completamente opuesto. Mons. José Ignacio Munilla ha decidido enviar a su vicario general a un acto de homenaje a Gregorio Ordóñez, político asesinado por Eta hace casi 16 años (23-2-1995).

No hay más que ver la reacción de la familia de Ordóñez para entender que algo ha cambiado, y para bien, en las diócesis vascas. Como poco, en la guipuzcoana. Y es que la postura de los anteriores pastores de la diócesis de San Sebastián no era la de pleno y total apoyo a las víctimas de ETA. Al menos no lo entendían así dichas víctimas. Y si los afectados por el terrorismo se quejaban del trato que la Iglesia les ha dado, el problema lo tenía la Iglesia, no las víctimas.

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La actualidad informativa es tan volátil que determinados sucesos nefastos pasan más o menos desapercibidos sin que dé tiempo a que la ciudadanía sea consciente de su gravedad. Eso ocurre también a nivel eclesial. Tal o cual personaje puede ocupar durante unos días las portadas de los medios de comunicación religiosos pero el tiempo acaba sacándole de la vorágine de artículos, posts y comentarios de los fieles.

Sin ir más lejos, la noticia de que un juez de la Audiencia Nacional haya citado como testigo a un sacerdote, Félix Placer, por haber convocado una manifestación de apoyo a los terroristas etarras encarcelados, es lo suficientemente grave como para que los católicos de este país hiciéramos todo lo posible para que no quede como un jalón más en el espantoso camino que ha sido recorrido por una parte muy importante de la Iglesia en el País Vasco. Me refiero al grupo de sacerdotes vascos que han dedicado buena parte de su ministerio sacerdotal a apoyar a Eta de muchas maneras. Alguno, hasta el grado de colaborador necesario para cometer un crimen.

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Desde que al obispo de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, osó decir que la violencia doméstica es menor dentro del matrimonio cristiano que en las uniones sentimentales no matrimoniales, la marea de críticas procedentes de la izquierda política, social y mediática-religiosa de este país ha inundado el panorama previo a la multitudinaria Misa de las Familias que se celebrará el próximo domingo en Madrid.

Como quiera que el obispo no fue a la rueda de prensa con una carpeta de datos estadísticos bajo el brazo, lo primero que le exigieron es que demostrara que lo que decía era cierto. El Instituto de Política Familiar se encargó de darle la razón al prelado alcalaíno, usando ni más ni menos que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero ya sabemos que para la progresía de este país la verdad es un elemento ajeno a su naturaleza. Si les sirve para sus propósitos, la acepta. Si les pone en evidencia, la rechazan, la manipulan o la ignoran.

El caso es que no hace falta ser obispo para intuir que una relación sentimental que se consagra con la intención de permanecer para siempre tiene muchas más posibilidades de ser estable que aquella que no quiere pasar por reconocimiento de ningún tipo. Los datos objetivos señalan que hay muchísimas más violencia en las parejas no casadas que en las que han pasado por la vicaría y/o por el juzgado. Y aunque no hay estadísticas oficiales separadas de matrimonios civiles y religiosos, no hace falta ser un lince para intuir que habrá menos problemas entre quienes se casan profesando una fe que equipara el matrimonio a la relación entre Cristo y su Iglesia que entre aquellos que no introducen en su unión dicha fe.

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