Apoyar a Educatio Servanda es un deber moral
Por primera vez en España un gobierno autonómico ha multado al director de un colegio católico por cometer la osadía de criticar una ley que impone la ideología de género en todos los centros educativos, públicos y privados. Que ese gobierno sea del Partido Popular indica, una vez más, que esa formación política, lejos de ser un mal menor en todo lo que tenga que ver con la ingeniería social de origen masón y anticristiano, es un elemento activo, fundamental, en el avance de la perversión moral de este país.
La medida del gobierno de la señora Cifuentes atenta contra tres derechos: el de la libertad de expresión (art 20 de la Constitución), el de la libertad religiosa (art, 16) y el del derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus creencias (art. 27.3).
Efectivamente, es la primera vez que en este país, criticar una ley acaba en multa. Y es la primera vez que en este país la defensa de los valores morales de la fe católica -y de otros cristianos no católicos-, se sanciona administrativamente por un gobierno. Ya hemos tenido otras ocasiones en las que ser católico ha supuesto una clara discriminación. Es el caso del juez Ferrín Calamita y el juez Serrano -este con final feliz-. Pero hasta ahora nos habíamos librado de ser perseguidos por el poder político.
La persecución contra los cristianos no siempre tiene carácter sangriento. También se les persigue cuando se les imponen leyes inicuas, injustas y que atentan contra su derecho a defender su fe para sí mismos y para sus hijos.
