El arzobispo de Mérida-Badajoz está muy apenado por los planes del gobierno social-comunista de España. Está convencido de que lo que pretende es “sacar a Dios totalmente de la vida social".

El prelado español apela a la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, concretamente a su punto 29 en el que se lee:

Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de «ser más». El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre.

Y:

Cuando el Estado promueve, enseña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desarrollo humano integral

La solución, según don Celso, es esta:

Por todo ello, me parece tan fundamental que el Estado, sobre todo, defienda y promueva siempre el derecho a la libertad religiosa. Cierto que hay que estar muy atentos para que el ejercicio de este derecho no sea una cobertura para la obtención moralmente ilícita de poder y riqueza, mediante la violencia, sea física o moral; pero este fanatismo religioso, que impide el verdadero desarrollo humano, no puede ser tampoco cobertura para que el Estado y sus instituciones no respeten y fomenten el derecho fundamental a la libertad religiosa en su plenitud de contenido.

Vamos por partes. 

Don Celso tiene razón en que es lamentable que se quiera sacar a Dios totalmente de la vida social. Pero eso no ocurre ahora en el año 2020. Es lo que viene ocurriendo en España desde que se aprobó la Constitución de 1978. Es decir, se está cumpliendo al pie de la letra aquello de lo que advirtió “Don Marcelo", cardenal primado de España, en su Instrucción pastoral previa al referéndum sobre dicha Constitución. Cito:

Estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica –que se sitúa en una posición de neutralidad ante los valores cristianos- a una nación de bautizados, de cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. No vemos cómo se concilia esto con el “deber moral de las sociedades para con la verdadera religión”, reafirmado por el Concilio Vaticano II en su declaración sobre libertad religiosa (DH, 1). No se trata de un puro nominalismo. El nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano. Pero su exclusión puede ser también un olvido demasiado significativo.

Consecuencia lógica de lo anterior es algo que toca a los cimientos de la misma sociedad civil: la falta de referencia a los principios supremos de ley natural o divina. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente, en manos de los sucesivos poderes públicos, en salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre, como lo demuestran los propósitos de algunas fuerzas parlamentarias en relación con la vida de las personas en edad prenatal y en relación con la enseñanza.

Como ve usted, don Celso, don Marcelo dijo que iba a pasar lo que ha venido pasando en estos últimos 41 años, de forma que lo de ahora es solo un paso más en esa dirección.

La cuestión es muy fácil. Si se asume, se defiende, se alienta y se hace apologética favorable a un sistema, el democrático, por el cual se aparta a Dios y su ley al ámbito de la intimidad de cada cual, y todo depende del sentido del voto a la hora de decidir cuáles han de ser la leyes y cuál la orientación de la sociedad, luego no nos podemos rasgar las vestiduras.

No se puede defender la democracia que “retira” la soberanía de Dios para entregarla en manos del pueblo -o sea, de la masa adoctrinada por élites partitocráticas- y luego lamentarse del divorcio, el aborto, todo positivismo jurídico contrario a la ley natural, etc. Como dijo un buen sacerdote extremeño en una conferencia reciente, recogiendo el pensamiento de Mons. Guerra Campos, “la incoherencia consiste en que se aprueba el árbol y después se rechazan los frutos” y “con los votos de los fieles católicos se han implantado los mismos males que luego se critican".

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Llevamos días en España con un acalorado debate sobre el denominado “pin parental” aprobado por el gobierno de la comunidad autónoma de Murcia y denunciado por el gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias.

El pin parental es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre moral sexual, identidad de género, feminismo o  “diversidad” LGTBI, de tal forma que los padres den o nieguen su consentimiento para que sus hijos asistan. 

El mero hecho de que se ponga en duda el derecho de los padres a tener control sobre lo que se enseña a sus hijos en la escuela en esas materias indica ya el nivel de descomposición de la sociedad española.

Seamos claros. Lo que hay que combatir en primer lugar no es el pin parental sino que se use la escuela para pervertir niños. Y cuando hablo de pervertir, no exagero. Elentir nos cuenta en su blog Contando Estrellas que en La Coruña se dan talleres sobre “vivencia del placer escolar” para niños de 4 y 5 años. Y que no se diga que esto es cosa solo de la izquierda. El Partido Popular del señor Casado y el señor Feijoó, votó a favor de esa salvajada. 

La idea de que “a mí me importa un pimiento cómo eduquen en la escuela al hijo del vecino, mientras al mío no le eduquen igual” es tentadora. Pero resulta que “mi hijo” va a convivir, a entablar amistar, a construir su personalidad al lado de todos los “hijos de los vecinos". Por tanto, el problema mayor no es cómo eduquen a nuestros hijos, sino cómo quieren educar a TODOS los niños y adolescentes. 

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Como cabía esperar, el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos supondrá una degradación de la asignatura de religión confesional -no solo la católica-, pues no contará para la nota final y no tendrá alternativa.

La medida supone el incumplimiento de los acuerdos entre España y la Santa Sede, que requieren que la materia tenga condiciones equiparables al resto.

Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

Evidentemente si la asignatura no cuenta para la nota curricular, la equiparación con el resto desaparece. Y la no existencia de una alternativa supondrá un problema para la religión en los colegios públicos

Es seguro que la Conferencia Episcopal Española va a protestar por el cambio, pero dudo que lleven el tema a los tribunales en base a dichos acuerdos, porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias los denunciarían y se tendrían que negociar otros, que desde luego no serían tan “generosos” para la Iglesia como los de 1979.

También conviene recordar que el artículo 27.3 de la Constitución dice:

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La existencia de la asignatura, sea en la condición que sea, serviría para cumplir ese precepto constitucional si no fuera porque el Estado lleva muchos años empeñado en adoctrinar a los niños y jóvenes en principios contrarios a la doctrina moral de la Iglesia. De hecho, en el pacto entre el PSOE y Podemos «se potenciará la educación afectivo-sexual… conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y de libertad». No hace falta que les explique a ustedes lo que eso supone.

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Cuando Benedicto XVI decidió renunciar al papado dijo que su intención era retirarse por completo de la vida pública para dedicarse a la oración. Se ve que luego cambió de opinión y aunque no se ha caracterizado por una actividad pública desaforada, de vez en cuando nos obsequia con intervenciones públicas, no de viva voz sino por escrito. Y, como cabe esperar, cada vez que escribe algo, se monta un gran revuelo mediático. 

Su última aparición ha sido con ocasión del 50 aniversario de la creación de la Comisión Teológica Internacional. Su mensaje es realmente interesante, porque nos describe los inicios y posterior evolución de dicho organismo. Pero lo que más me llama la atención es lo que cuenta sobre la imposibilidad de lograr un consenso sobre la doctrina moral de la Iglesia. Dice:

«…una de las principales áreas de trabajo de la Comisión Teológica siempre ha sido el problema de la teología moral».

Lógico que así haya sido. Lo que ya no es lógico es cómo se ha desarrollado ese trabajo. Sigo citando:

«La oposición entre diversos frentes y la falta de una orientación básica común, que todavía sufrimos hoy como entonces, me quedó claro en ese momento de una manera sin precedentes».

¿Falta de orientación básica común? ¿en material moral? ¿cómo puede darse eso? ¿acaso no corresponde al Magisterio marcar, en base a la Tradición, dicha orientación?. Sigo:

«…por un lado, el profesor de teología moral estadounidense. William May, padre de muchos hijos, que siempre vino a nosotros con su esposa y apoyó la concepción antigua más rigurosa. Dos veces tuvo que experimentar el rechazo de su propuesta por unanimidad, algo que nunca antes había sucedido. Ella se echó a llorar, y yo mismo no pude consolarlo de manera efectiva».

No sé a ustedes, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Un teólogo seglar plantea la “concepción antigua más rigurosa” en materia moral y recibe el rechazo unánime. Tanto que su mujer se echa a llorar y no hay manera de darles consuelo.

Lógico. lo que ese buen hombre pretendía es que la Iglesia siguiera enseñando lo que siempre había enseñado. Y se encuentra con que todos, sin excepción, le dicen que “por ahí no vamos". ¿Cómo no recordar las palabras del Señor por boca del profeta Jeremías?":

Esto dice el Señor. «Haced un alto en los caminos y mirad, preguntad por las antiguas rutas cuál es el camino del bien, y seguidlo, y hallaréis descanso para vuestras almas». Pero dijeron. «No lo seguiremos». Yo os había puesto centinelas. «Prestad atención al toque de trompeta». Pero respondieron. «No la prestaremos».
Jer 6,16-17

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El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, asegura en su carta semanal que España va a entrar poco menos que en una situación apocalíptica por la coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos. Coalición, dicho sea de paso, que necesita el apoyo directo o indirecto -vía abstención- de los que quieren acabar con la unidad de España, algo que a los votantes socialistas y podemitas les importa un pimiento, señal de lo mucho que quieren a este país. El militante socialista prefiere poner España en manos de los sediciosos antes que poner en peligro un gobierno de su partido.

Dice don Antonio que ese gobierno de extrema izquierda -Pedro Sánchez no tiene nada que envidiar a Pablo Iglesias- impondrá en este país «un pensamiento único, con una visión del hombre que pretende generalizarse a todos, la aprobación de la eutanasia, la extensión a nuevos derechos, la ideología de género, el feminismo radical, y la ampliación de la memoria histórica».

Estamos hablando del mismo cardenal que alaba la Constitución de 1978, en la que Dios fue desechado por completo, en la que no quedó ni rastro de cualquier referencia al Reinado Social de Cristo. Esa Constitución, que llegó tras un régimen dirigido por aquel de quien San Juan XXIII dijo que “da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico.. ¿Qué más quieren?”, fue, es y seguramente será apoyada por la jerarquía de la Iglesia en este país, o en lo que quede de este país.

Conviene recordar, llegados a este punto, cómo explicó el cardenal Cañizares las circunstancias históricas en las que se aprobó el texto constitucional. Se puede ver en esta conferencia que dio en el Ateneo Mercantil de Valencia:

El cardenal puso el acento en la postura de «concordia y coherencia» de los obispos ante la redacción del texto en unos años de «influjo renovador para la Iglesia» tras el Concilio Vaticano II. Y dijo:

«No fue sencilla la redacción del tema religioso, como dijo el historiador Juan María Laboa, y su proceso fue objeto de controversias, miedos y suspicacias. No quería el Episcopado, siguiendo el Vaticano II, que el Estado fuese confesional y no pedía privilegios pero consideraba que no se cumplía con el mero reconocimiento en la Constitución de la genérica libertad religiosa»

En otras palabras, don Antonio vino a decir que la Constitución, y el consiguiente fin del catolicismo como fe que debía regir los destinos de España, era poco menos que hija del Concilio Vaticano II. Lejos quedaba ya la condena en el Syllabus de Pío IX a las siguiente afirmaciones:

LV. Es bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia.

LXXVII. En esta nuestra edad no conviene ya que la Religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos.

Efectivamente, lo que el magisterio pontificio había condenado, pasaba ahora a ser deseado por los obispos gracias a la influencia del CVII. Pero no vayamos a pensar que esto es cosa solo de don Antonio. Ya hubo otro cardenal que tuvo a bien dejar por escrito que el CVII fue en realidad un anti-syllabus y un intento de reconciliación de la Iglesia con el mundo tras la Ilustración

“…Si se busca un diagnóstico global del texto, se puede decir que es (junto con los textos sobre la libertad religiosa y sobre las religiones del mundo) una revisión del Syllabus de Pío IX, una especie de contra-Syllabus (…) Es suficiente que nos contentemos con comprobar que el texto juega el papel de un contra-Syllabus en la medida que representa una tentativa para la reconciliación oficial de la Iglesia con el mundo tal como ha llegado a ser después de 1789 (…) Ya nadie contesta más hoy que los concordatos español e italiano buscaron conservar demasiadas cosas de una concepción del mundo que desde largo tiempo no correspondía más a las circunstancias reales (…) De igual manera, casi nadie puede negar que a este apego a una concepción perimida de las relaciones entre la Iglesia y el Estado correspondían anacronismos semejantes en el dominio de la educación (…) El deber, entonces, no es la supresión del Concilio, sino el descubrimiento del Concilio real y la profundización de su verdadera voluntad. Esto implica que no puede haber retorno al Syllabus, el cual bien pudo ser un primer jalón en la confrontación con el liberalismo y el marxismo naciente, pero no puede ser la última palabra”

(Los Principios de la Teología Católica, Joseph Ratzinger, Téqui, Paris, 1985, páginas 426-437).

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