282 - ONU: CORTE CRIMINAL INTERNACIONAL. SU ESTATUTO

ONU: CORTE CRIMINAL INTERNACIONAL. SU ESTATUTO.

Fuentes: Propias, Un Wire, 9-12-99; 23-12-99; Press Briefing of the NGO Coalition for an International Criminal Court, New York, 7-12-99; Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional, 17-7-98 (con las correcciones del 10-11-98 y del 12-7-99); Corte Criminal Internacional, Ratification Status al 8-12-99; C-Fam, 17-12-99; Noticias Globales 3, 35, 37, 40, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 66 y 275).

Por Elena Brañas

(Como informamos en Noticias Globales durante 1998, -en 11 boletines-, la Corte Criminal Internacional será una corte permanente para juzgar a los individuos acusados de cometer genocidios, crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. La Corte se establecerá formalmente después que 60 países hayan ratificado el Estatuto de Roma de 1999. Este Estatuto ha sido firmado por 91 países, y ratificado solamente por 5).

La Comisión Preparatoria de la ONU para la Corte Criminal Internacional, se reunió en New York entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre, para estudiar las reglas del funcionamiento de la Corte, e intentar definir los crímenes que serán juzgados por ella. Según declaraciones del presidente de la Comisión, Philippe Kirsch, el trabajo recién se terminará el próximo año.

Llama mucho la atención que se hayan vuelto a tratar temas ya definidos en el Estatuto de Roma, como los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, la agresión y el genocidio.

Según el informe de la representante pro-vida, Jeanne Head, distribuido por Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), el 13-12-99, al proponer nuevas definiciones se pone en serio riesgo nuevamente la definición de "embarazo forzado" aceptada en Roma, ya que con las nuevas propuestas, los grupos radicales feministas podrían manipular estas definiciones para acusar y juzgar a gobiernos, funcionarios y lideres religiosos que defiendan una legislación restrictiva del aborto o que directamente lo excluya, bajo los cargos de cometer, por ejemplo, crímenes de "persecución" y "esclavitud". Lo mismo ocurriría con quien se atreva a defender o proteger el papel de las mujeres como madres y amas de casa, sería acusado de cometer, por ejemplo, crímenes de "reclusión" y "esclavitud". Siguiendo con esta tónica, quien se oponga al "casamiento entre personas del mismo sexo" o a los "derechos de los homosexuales", podría ser acusado del crimen de "persecusión".

Especialmente, el crimen de "persecusión" crea muchos problemas de interpretación, porque se refiere a la negación de los "derechos fundamentales", pero, en este embrollo de relativismo moral y positivismo jurídico, ¿quién decide qué derechos son fundamentales y qué derechos fundamentales de unos, deben subordinarse a los derechos fundamentales de otros?. Es más, parece que nadie se plantea, que haya personas que no acepten ser sujetos de algunos supuestos derechos, definidos como tales en el laboratorio subjetivista de la burocracia internacional.

Hubo 11 estados árabes que no aceptaron algunas de las propuestas de la Comisión Preparatoria. Temen que las tradiciones familiares, por ejemplo, las obligaciones de las mujeres en sus funciones de madres y amas de casa, sean consideradas crímenes.

Entre las ONG's que forman la coalición para el establecimiento de la Corte Criminal Internacional está el Women's Caucus for Gender Justice. Ante las contra propuestas árabes el Women's Caucus reaccionó violentamente, poniendo en evidencia al menos que la coalición de ONG's, quiere usar a la Corte Criminal Internacional como una potente arma de reingeniería social universal, en contra de la vida humana y la familia. La coalición de ONG's, los representantes de la Unión Europea y los de Canadá, lograron que se retirara de los estatutos de la ICC toda protección explícita a las familias, declaró el director del Catholic Family and Human Rights Institute (CAFHRI) de New York, en su boletín C-Fam (17-12-99).

La Coalición para una Corte Criminal Internacional, está formada por un conjunto de ONG's. Recibe apoyo financiero de donantes individuales y de la Ford Foundation; la John and Catherine Mac Arthur Foundation; Paul and Daisy Soros Foundation; y, además, de la Unión Europea; y de los gobiernos de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Según el servicio citado de C-Fam, las ONG's feministas pretenden ocupar un lugar en la fiscalía de la ICC, para acusar a particulares de crímenes "contra la mujer". Un antecedente importante y grave lo marca el Protocolo Opcional a la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, abierto a la firma de los Estados el 10-12-99.

El protocolo reconoce a las ONG's un poder supranacional de fiscalía o vigilancia, que se concreta en poder acusar ante el Comité de Seguimiento de la Convención (CEDAW), al propio gobierno o país; o a otro país y a patrocinar a particulares de su país o de otro, en contra de otros particulares (funcionarios, instituciones religiosas), que supuestamente violen la Convención. (vid. Arguedas, S., El Aborto ¿Derecho Humano?, AICA-DOC 413, Buenos Aires, 30-7-97).

En la reunión de la Coalición del 7-12-99, Cristopher Hall, abogado de Amnesty International, opinó que las propuestas de los 11 Estados árabes eran un "gran problema", ya que pretendían eliminar de los crímenes contra la humanidad, todo lo referente al matrimonio y a las relaciones familiares del Estatuto de la Corte Criminal Internacional.

Vahida Naitar, del Women's Caucus for Gender Justice, refiriéndose a las propuestas árabes, dijo: "son muy inquietantes estas propuestas que quieren exceptuar ciertos crímenes, no solamente el de la violencia sexual, sino también, la esclavitud, la reclusión, y, la degradación de la libertad, cuando estos crímenes ocurren regularmente dentro de la familia provocados por normas y por motivos culturales y religiosos. Es totalmente inaceptable reconocer esos fundamentos.(…) Cuando las leyes nacionales son incompatibles con las leyes internacionales, deben ser reformadas, no se debe permitir ninguna excepción".

El Tratado estableciendo la Corte, está muy lejos de las 60 ratificaciones necesarias para entrar en vigencia. Ghana, Fidji, Italia, San Marino, Senegal y Trinidad y Tobago, eran los países al 8-12-99, que ratificaron el Estatuto de Roma.

La República Centro Africana es el último país, el 91, que firmó el Estatuto de Roma. Pero quienes ratifican los tratados y convenciones internacionales son los parlamentos nacionales, los que todavía tienen poder a pesar de los rumores de pasillo que se oyen en su contra en la ONU.

Estados Unidos no apoya a la Corte

El tema de la Corte Criminal Internacional creció en importancia, para el gobierno de Clinton, después de la reunión de la Comisión Preparatoria que finalizó el 17 de diciembre.

David Scheffer, asistente del Secretario de Estado del gobierno USA para los problemas de guerra, dijo: "Seguramente muchas naciones ratifiquen el Tratado antes del fin de este año". Scheffer reconoció que la presencia de los aliados de los Estados Unidos en la Corte, aumentó la presión sobre Washington para que se una a ellos, pero agregó, "nunca firmaremos un tratado que no podemos apoyar". Entre otras cosas, porque aunque si los Estados Unidos no firman y ratifican el Tratado, sus ciudadanos estarán sujetos al arresto y al juicio internacional.

Scheffer agregó que el Departamento de Estado aún no ha decidido si ignorará a la Corte o trabajará en su contra. "No tomaremos esa decisión hasta el fin del próximo diciembre", agregó.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Jesse Helms, dijo que el Tratado de Roma "estará muerto antes de llegar", si el presidente Bill Clinton, lo somete al Senado para su ratificación. FIN.