Juanjo Romero nos informó ayer de que el 60 por ciento de los diputados católicos británicos han votado a favor de la ley del matrimonio homosexual. Lo cual implica que esos señores consideran que su catolicismo ocupa un lugar secundario en sus vidas. O, lo que es lo mismo, son fieles antes a sus ideas personales que a Cristo y su Iglesia. Lo cual en realidad significa que tienen de católicos solo el nombre pero en el fondo están infectados del espíritu protestante del libre examen. El católico tiene la obligación de formar su conciencia a la luz de la Revelación y el magisterio de la Iglesia. Y si no hace tal cosa, peca gravemente y pone en peligro su salvación.

La cuestión de la institución familiar forma además parte de los principios no negociables marcados por Benedicto XVI. Es decir, un católico no puede negar el derecho a la vida -o equipararlo a otros como hace cierta monja- ni la institución familiar según la ley natural, como acaban de hacer esos diputados.

¿Qué consecuencias eclesiales sufrirán los que se han pasado por el forro la doctrina de la Iglesia? Pues me temo que ninguna. El diputado que ha votado a favor de ese engendro de ley irá a comulgar y no habrá sacerdote u obispo que ose negarle la comunión.

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La noticia parece ciertamente impactante. El presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Mons. Vincenzo Paglia ha propuesto afrontar “las cuestiones de las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito del derecho privado, para garantizar las cuestiones patrimoniales".

Antes de analizar lo que ha dicho el prelado y, sobre todo, lo que no ha dicho, conviene tener en cuenta una realidad patente. La inmensa mayoría de los medios de comunicación no religiosos ha entendido sus palabras como un apoyo directo al reconocimiento de las uniones civiles homosexuales, a las que simplemente no habría que llamar matrimonio ni permitirles la adopción. Pues bien, esa interpretación no cabe dentro de la doctrina católica sobre esta materia. La misma está explicada con claridad meridiana en el documento “Consideraciones acerca de los proyectos de reconomiento legal de las uniones entre personas homosexuales", de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dicho texto magisterial, firmado por el cardenal Ratzinger (hoy Papa Benedicto XVI) concluye con el siguiente párrafo:

La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.»

Nótese claramente que no se condena meramente la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio. Se dice que no deben reconocerse legalmente esas uniones. Y punto.

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“Promoveré la disciplina común de toda la Iglesia e insistiré con habilidad en la observancia de todas las leyes eclesiásticas, en primer lugar aquellas que están contenidas en el Código de Derecho Canónico“. No me negarán ustedes que como declaración de principios de un arzobispo que llega a pastorear su nuevo rebaño, la frase de marras es cuanto menos poco común en nuestros tiempos. Pero es la que ha pronunciado Mons. Carlos María Franzini, arzobispo electo de Mendoza, días antes de tomar posesión de su cátedra episcopal en la archidiócesis argentina.

Por si cabía alguna duda sobre su intención, ha remachado que piensa velar “con dedicación para que no se introduzcan insensiblemente malas costumbres, principalmente en lo que respecta al ministerio de la palabra y la celebración de los sacramentos“.

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He de reconocer que la entrevista que Periodista Digital le hace a Juan G. Bedoya, periodista de El País, me ha abierto mucho los ojos en relación a su condición de responsable de la información religiosa en el periódico más vendido de España. Y no he tenido que estrujarme el cerebro para ello. Basta con leer lo que dice:

En un momento determinado en El País la función de la información religiosa queda vacía. Yo vengo de coordinar las noches. Y me lo encargan a mí, que me sorprendió muchísimo que me encargaran religión. Mi única experiencia fue que había formado parte del a negociación en 1993 en la Conferencia Episcopal con Elías Yanes, aunque no se hizo lo que se comprometieron ante mí los obispos, que era auto-financiarse. El caso es que he acabado como si fuera un especialista en religión, aunque no lo soy.

Hay que reconocerle honestidad a don Juan. Admite que no es un especialista en religión. Y claro, ¿a quién acude para poder escribir sobre lo que no domina?:

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Mons. Robert Finn tiene un “pequeño” problema en su diócesis de Kansas City. En la misma está alojada el National Catholic Reporter (NCR), que es el medio de comunicación progreeclesial por excelencia de Estados Unidos. Dado que NCR sirve de portavoz y apoyo a todo elemento supuestamente católico que disiente abiertamente del Magisterio de la Iglesia, el obispo no cesa de recibir quejas de fieles que están hartos del título de “Catholic” que aparece en la cabecera de dicho medio. Es lógico. No puede ser católico quien no profesa la fe católica, quien hace del disenso doctrinal su leit motiv.

Cuando Mons. Finn ha pedido explicaciones a los responsables del NCR, la respuesta ha sido que ellos son un “periódico independiente que comenta sobre ‘asuntos católicos’“. O sea, en otras palabras, usted métase en sus asuntos, señor obispo, que nosotros no tenemos que darle explicaciones de nada. Otros obispos intentaron en vano que la palabra “Catholic” fuera eliminada. Y me imagino que no hay gana alguna de meterse en un conflicto legal sobre esa cuestión. No parece fácil que el término “catholic” sea considerado como copyright de la Iglesia Católica por parte de un tribunal de EE.UU. Otra cosa es que el sentido común dicte que no se puede llamar católico quien no lo es.

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