Los obispos y la opinión

Hace unos días se dio en España una situación que en parte es habitual y en parte poco frecuente. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, atacó a los obispos en un mitin político. Esto es bastante frecuente, porque en España todo lo relacionado con la Iglesia se usa como distracción para tapar las habituales corrupciones de los gobiernos. Lo infrecuente es que, en este caso, las críticas de Sánchez respondían a algo que sí había hecho un obispo (sin que yo diga que estuviera bien o mal hecho).

En concreto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, se pronunciaba en una entrevista sobre la conveniencia de que el Gobierno se sometiera a una moción de confianza, alguien propusiera una moción de censura o se adelantaran las elecciones, ante un conjunto de escándalos de corrupción que no hacen más que aumentar. También esto es infrecuente: que desde un alto cargo de la Conferencia Episcopal Española haya un pronunciamiento claro en contra de un gobierno, especialmente cuando es un gobierno socialista.

Ante el ataque del presidente del Gobierno, la Oficina de Información de la CEE hizo una publicación en la red social X con este texto:

«El hecho mismo de que los medios pregunten a la Iglesia su opinión sobre la actualidad desmiente que la Iglesia deba ser un agente ausente de la vida pública y la opinión social. Ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas».

Lo primero que llama la atención es que la Oficina de Información de la CEE confunde la opinión de los obispos, o de un obispo, con la opinión «de la Iglesia». Pero la Iglesia, en cuanto tal, no opina: enseña positivamente las verdades necesarias y deja libertad en aquellas que son opinables, aunque orienta con los principios de la fe revelada. He aquí cómo, en una época en la que el clericalismo se ha convertido en uno de los principales vicios eclesiales, y la sinodalidad en el mantra llamado a solucionar todos nuestros problemas cual bálsamo de Fierabrás, se pone de manifiesto que, al final, clericalismo y sinodalidad acaban funcionando de modo muy semejante, porque esta última consiste, no pocas veces, en compartir la opinión del que manda.

Las opiniones son siempre de sujetos particulares que, ante una cuestión en la que no hay una certeza que proceda de la razón demostrativa ni de la Revelación, se posicionan voluntariamente según la fuerza de los argumentos. La lógica aristotélica ofrece una clasificación muy precisa de las distintas actitudes del entendimiento ante una proposición. La ciencia se funda en la demostración, esto es, en un razonamiento en el que las premisas conducen necesariamente a una conclusión, de modo que el entendimiento queda forzado a asentir a la verdad. Cuando no se alcanza esta necesidad demostrativa, el entendimiento permanece libre ante posiciones contradictorias. Puede entonces suspender el juicio, lo que constituye la duda; o bien asentir a una de las posiciones mediante un movimiento de la voluntad que se inclina por el peso de razones no demostrativas: esto es la opinión, en la que se afirma algo con el temor de que la posición contraria sea la verdadera. Existe, finalmente, un asentimiento que no se funda en la evidencia de las razones, sino en la autoridad de quien afirma algo: aquí se da la fe. Cuando la autoridad es meramente humana, se trata de fe humana; cuando la autoridad es la divina y el asentimiento es movido por la gracia sobrenatural, estamos ante la fe teologal.

La Iglesia tiene la misión de recibir la Revelación divina y comunicarla, defendiéndola de los errores y profundizando en sus consecuencias. Esta labor la realiza el Magisterio, que ejercen el Romano Pontífice y los obispos en comunión con él. A la vez, en la Iglesia caben distintas posturas en aquellas cuestiones que no han sido reveladas o que no se siguen necesariamente de la Revelación. Que una cuestión no haya sido determinada de manera definitiva por el Magisterio no la convierte automáticamente en opinable, pero es claro que hay ámbitos en los que el Magisterio no puede pronunciarse autoritativamente, como sucede con la aplicación prudencial de principios necesarios a situaciones históricas concretas.

Las cuestiones de la política concreta son, en su inmensa mayoría, opinables. Así debería ser incluso en una república católica, porque lo necesario en las cuestiones temporales no debería ser ni siquiera objeto de debate político —el respeto a la vida, el matrimonio natural como base de la familia, el derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos, etc.—. Sin embargo, la aplicación concreta de estos principios será, las más de las veces, materia de libre opinión.

En este mismo blog nos hemos pronunciado varias veces a favor del llamado «apostolado de la opinión». Incluso defendemos, con Chesterton (en el epílogo de Herejes), que es necesario defender apasionadamente las opiniones, combatiendo con la fuerza de los argumentos. Debatir sobre las cuestiones necesarias puede ser accidentalmente oportuno por las circunstancias, pero, en última instancia, la postura correcta ante estas verdades es estar dispuesto a dar la vida en el martirio.

En este contexto, los obispos pueden elegir opinar o no opinar. El problema es que, si descienden al nivel de la opinión —que, por tanto, no es Magisterio—, han de ser meridianamente claros en que no están actuando desde su oficio de enseñar. La experiencia demuestra que esto es muy difícil y abre la posibilidad de que los mismos obispos consideren que lo más prudente, en muchos casos, sea no pronunciarse en materias opinables y dejar este apostolado de la opinión a quienes, sin ser sujetos del Magisterio, no comprometen la autoridad magisterial: presbíteros (cuando no actúan en nombre del Magisterio) y seglares. Esto no significa que los obispos no deban pronunciarse nunca sobre asuntos temporales, sino que, cuando lo hagan, convendría que lo hicieran sobre aquellas cuestiones en las que no quepa duda de que lo dicho es vinculante para la conciencia católica.

Por ejemplo, en lugar de pronunciarse sobre la conveniencia o no de que un gobierno corrupto abandone el poder, podrían insistir mucho más —o al menos algo— en que un gobierno que ampara el asesinato impune de inocentes mediante el aborto legal está radicalmente ilegitimado para regir una sociedad. Hemos vivido un tiempo en que un obispo se atrevía a señalar que un candidato a presidente de los Estados Unidos no era cristiano porque no compartía su visión opinable sobre la inmigración, mientras ese mismo obispo se pronunciaba favorablemente sobre líderes marxistas, abortistas y antifamilia. Incluso no hace tanto, otro obispo, éste español, se refería a «sedicentes católicos» al hablar de políticos que no compartían sus posturas opinables.

Pero, dejando a un lado la ficción de que los obispos, en razón de la altísima dignidad de su misión eclesial, renunciaran voluntariamente a su derecho ciudadano a pronunciarse en materias opinables, lo que hay que censurar con todas las fuerzas es que se condene que el resto de los fieles puedan pronunciarse en las mismas materias en sentido diverso al de la opinión de sus pastores. Porque la experiencia demuestra que, cuando a un sacerdote —que no compromete la misión magisterial de la Iglesia— se le ocurre opinar públicamente sobre algo opinable en sentido diverso al de su obispo, no tarda mucho tiempo en recibir algún tipo de represalia.

Por supuesto, los presbíteros deben obediencia a los obispos en materias pastorales y prudenciales propias del gobierno eclesial. Pero exigir adhesión o silencio en cuestiones de orden político concreto es un abuso de poder en toda regla, más aún si, ajenos a la nueva mentalidad sinodal, entendemos que el ámbito propio de los seglares es el temporal y que, cuando los clérigos entramos en él, hemos de hacerlo o bien con la autoridad de una luz superior —la de la Revelación, en materias no opinables—, o bien con el respeto de quien sabe que se está adentrando en un terreno que no le compete plenamente.

Así que, si los señores obispos eligen, como de hecho ya hacen, opinar sobre materias temporales, no deberían irritarse si otros opinamos de otro modo y exponemos libremente nuestros argumentos. Porque reclamar libertad para opinar desde la púrpura y negarla a quienes lo hacen desde el púlpito o desde el banco de los fieles no es sinodalidad: es clericalismo en estado puro.