Entre los mayores problemas que tiene España está, ¡quién puede dudarlo!, el que haya ciudadanos que deciden voluntariamente que una parte pequeña (0.7%) de lo que recauda el Estado por la Declaraciòn de la Renta vaya para financiar la Iglesia Católica. 

No solo eso. Resulta que el Estado paga también los conciertos económicos que sostienen colegios católicos, se hace cargo de los sueldos de profesores de religión católica en la escuela pública, ayuda a la asistencia sanitaria y obra social católica, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico, etc.

Podemos cree que hay que acabar con eso. Pide también denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede. Y dice que «la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada confesión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas».

Pues miren, estoy de acuerdo. Va siendo hora de que nos liberemos completamente del yugo desigual (2ª Cor 6,14) que nos une a un estado criminal (abortista) y con una clase dirigente corrupta. Y además, ¿por qué esperar a que pasen cinco años para esa “desconexión"? Podemos empezar ya mismo.

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En el año 2001, el 73.1% de los matrimonios que se celebraron, fueron por la Iglesia Católica. En el año 2015, el porcentaje de matrimonios católicos alcanzó el 29.6%.

Semejante desplome puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Para mí lo que está ocurriendo es absolutamente normal. Se está equiparando el nivel de práctica religiosa con el nivel de sacramentos “sociales". O sea, bautismo, primera comunión y bodas. De hecho, en España no hay, ni por un casual, un 30% de católicos practicantes. La cifra debe de andar por la mitad. Y entonces surge la pregunta: ¿a cuento de qué alguien que no asoma nunca por la Iglesia tiene que asomar para celebrar un sacramento del que seguramente no cree lo que la Iglesia enseñaba -al menos hasta Amoris Laetitia- sobre el mismo?

Ya no existe la presión social para casarse por la Iglesia. Más bien lo contrario. El argumento de que la boda religiosa queda más bonita empieza a ser ridículo, pues se pueden celebrar bodas civiles con una fanfarria similar.

Lo lógico es que se casen por la Iglesia solo aquellos que saben de verdad lo que van a hacer contrayendo ese sacramento. Los que luego tienen la intención de llevar una vida matrimonial cristiana. El día en que tal cosa ocurra, el porcentaje de bodas católicas superará por poco el 10%. Con los bautizos ocurre lo mismo. ¿Qué sentido tiene bautizar a un hijo si no hay la menor intención de educarle en la fe católica? 

Ante esta situación todavía habrá quien diga que España sigue siendo católica. Pues miren, no. En este país todavía queda un porcentaje importante de católicos pero a la inmensa mayoría le tiene sin cuidado la Iglesia y la fe. Según recientes estudios hay bastantes más ateos que católicos practicantes. Y entre la juventud, la diferencia empieza a ser abisal.

La Iglesia en España tenía, y físicamente todavía tiene, una estructura preparada para atender a gran parte de la población, pero esa población le ha dado mayoritariamente la espalda. Mucho se ha hablado de la falta de vocaciones al sacerdocio. Pero si todo sigue así, lo que van a sobrar dentro de muy pocos años no son sacerdotes sino parroquias, e incluso diócesis. 

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En vista de que nuestros gobernantes, sean de derechas o de izquierdas, están dispuestos a imponer a los colegios católicos la ideología de género, de la que el papa Francisco ha dicho que es una colonización ideológica terrible, y dado que amenazan con multas y hasta con la retirada del concierto económico, creo oportuno sugerir a los colegios católicos que para el próximo año se planten y digan a esos gobernantes que renuncian al concierto y que se apañen ellos con la escolarización del más de millón y medio de alumnos de dichos centros. 

Una medida así sería bastante más efectiva, al menos mediáticamente, que meterse en recursos legales de todo tipo que difícilmente tendrán un final feliz debido a la absoluta politización de la justicia española en sus niveles más elevados. Con esto no digo que no haya que ir presentando esos recursos. Por intentarlo, que no quede.

La opción de aceptar la imposición de la ideología de género es incompatible con la condición católica de cualquier colego o instituto.

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Por primera vez en España un gobierno autonómico ha multado al director de un colegio católico por cometer la osadía de criticar una ley que impone la ideología de género en todos los centros educativos, públicos y privados. Que ese gobierno sea del Partido Popular indica, una vez más, que esa formación política, lejos de ser un mal menor en todo lo que tenga que ver con la ingeniería social de origen masón y anticristiano, es un elemento activo, fundamental, en el avance de la perversión moral de este país.

La medida del gobierno de la señora Cifuentes atenta contra tres derechos: el de la libertad de expresión (art 20 de la Constitución), el de la libertad religiosa (art, 16) y el del derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus creencias (art. 27.3).

Efectivamente, es la primera vez que en este país, criticar una ley acaba en multa. Y es la primera vez que en este país la defensa de los valores morales de la fe católica -y de otros cristianos no católicos-, se sanciona administrativamente por un gobierno. Ya hemos tenido otras ocasiones en las que ser católico ha supuesto una clara discriminación. Es el caso del juez Ferrín Calamita y el juez Serrano -este con final feliz-. Pero hasta ahora nos habíamos librado de ser perseguidos por el poder político.

La persecución contra los cristianos no siempre tiene carácter sangriento. También se les persigue cuando se les imponen leyes inicuas, injustas y que atentan contra su derecho a defender su fe para sí mismos y para sus hijos.

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No escuché ayer en directo el discurso del actual Jefe de Estado en España con motivo de las fiestas Navideñas. Un discurso en el que, como viene siendo habitual desde hace mucho tiempo en este tipo de discursos, no apareció por ningún lado Aquél cuyo nacimiento da sentido a estas fiestas. La aconfesionalidad tiene esas cosas. Se empieza por sacar a Dios de la Constitución y se acaba por sacar a Cristo de la Navidad.

En lugar de Cristo el Jefe de Estado habló de ese gran ídolo que sustituye al Redentor, al que llaman democracia. Dijo don Felipe:

Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad.

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