¿Pueden estar dos ministros con ideas tan opuestas sobre el matrimonio en un mismo gobierno?
Convendrán ustedes conmigo en que la institución familiar es -al menos todavía- la base de cualquier sociedad. Independientemente de la cuestión religiosa, tiene unos efectos civiles importantísimos. El estado está llamado a protegerla si quiere que el futuro tenga cierta estabilidad. Cuando los niños se educan en familias rotas, las consecuencias psicológicas pueden ser nefastas. En ese sentido, una legislación que facilite y promueva el divorcio es un atentado contra el futuro de cualquier nación. No hablamos ya de mantener unidas relaciones en las que existen unas condiciones inasumibles -por ejemplo, violencia-, sino que, precisamente, la ley no ayuda lo más mínimo a que la parte más afectada de una relación conyugal complicada pueda salir a flote pensando en el bien de los más inocentes: los hijos.
Cuando además el Estado se dedica a convertir en matrimonio aquello que, por razones de ley natural, jamás puede ser considerado como tal, se está minando la esencia misma de la institución familiar. Como recordó ayer Mons. Martínez Camino, secretario general y portavoz de la CEE, en España los miembros de un matrimonio han perdido el derecho legar a ser considerados como marido y mujer. Ahora son cónyuge A y cónyuge B. Y los niños adoptados también han perdido el derecho a tener un padre y una madre. Pueden pasar a tener dos padres y dos madres. Es cuestión de tiempo que se admita la poligamia, la poliandria o cualquier otra relación sentimental “variada".
