Desde el lunes hasta ayer miércoles Madrid ha sido testigo de un interesantísimo congreso sobre la Palabra de Dios con motivo de la publicación de la versión oficial de la Biblia en nuestro idioma para la Iglesia en España. Vaya por delante mi felicitación a la Conferencia Episcopal Española por haber llevado a feliz término ese proyecto, que sin duda puede convertirse en una herramienta importante para todo el pueblo de Dios que peregrina en este país. A pesar de que algunos personajes mal intencionados ven motivaciones extrañas y/o perversas en la publicación de una versión oficial, lo cierto es que la misma no desmerece en nada al resto de versiones que se puede comprar en las librerías de este país. Por ejemplo, los kikos van a seguir usando la Biblia de Jerusalén y dudo que la Universidad de Navarra deje de vender su Biblia.

Menudencias mediáticas aparte, al que conoce un poco la historia de la Iglesia, sabe que ha sido habitual la búsqueda de un texto bíblico común para los fieles. La Vulgata es un ejemplo de ello pero no el único. De hecho, en otras confesiones cristianas ocurre lo mismo. La mayoría de los protestantes de lengua inglesa siguen usando la King James Version. Y los que hablan español usan sobre todo la Reina Valera, versión del 1960.

Volviendo al congreso, le he seguido a través de la web dedicada al mismo. Las retransmisiones han gozado de una buena calidad técnica y sin cortes. Además, la oficina de prensa de la CEE nos ha enviado a los medios el texto de la totalidad de las ponencias, aunque se da la circunstancia de que algunos de los conferenciantes no pudieron leer la totalidad de lo que habían preparado por falta de tiempo.

De entre todas las intervenciones que escuché -el resto las pienso leer-, y sin desmerecer al resto, las que más me gustaron fueron las del cardenal Ouellet, la del P. Ignacio Carbajosa, la del P. Juan Miguel Ferrer y la de Mons. Luis Francisco Ladaria.

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Algunos pensaban que está en vías de solución el conflicto creado por la oposición de los obispos japoneses a la presencia del Camino Neocatecumenal en sus diócesis. Pero la decisión de Mons. Osamu Mizobe de suspender las actividades del Camino en su Iglesia local es una muestra de que la situación va camino de convertirse en un problemón para toda la Iglesia.

A la hora de comentar la carta pastoral publicada por el prelado nipón en Ucanews, quiero empezar por darle la razón en varios puntos. Dice Mons. Mizobe que la persona que mejor entiende la situación de una iglesia local es su obispo. Bien, tiene razón en el sentido de que corresponde al pastor discernir cómo están las cosas en el rebaño que le ha sido encomendado. Igualmente acierta cuando afirma que “no es admisible para ninguna organización o movimiento hacer lo posible para impedir que el obispo actúe en su diócesis“. El Concilio Vaticano II afirmó con rotundidad la autoridad episcopal en la Lumen Gentium:

A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, o sea el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben considerarse como vicarios de los Romanos Pontífices, ya que ejercen potestad propia y son, en verdad, los jefes de los pueblos que gobiernan. Así, pues, su potestad no es anulada por la potestad suprema y universal, sino que, por el contrario, es afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia.

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La Iglesia que peregrina en Barcelona lleva unos meses siendo una fuente inagotable de noticias. La visita del Papa para consagrar la Basílica de la Sagrada Familia en la Ciudad Condal abrió los telediarios y ocupó las portadas de los periódicos. El cardenal Sistach, como era de esperar, no dudó en conceder entrevistas y declaraciones antes y después de la llegada del Santo Padre.

Es decir, el arzobispo de Barcelona sabe que existen los medios de comunicación y los usa cuando lo cree oportuno. Lástima que no crea oportuno hacer uso de los mismos para ponerse al frente de la protesta por lo que está ocurriendo en la Universidad de Barcelona. Hasta donde yo sé, el cardenal Sistach no ha abierto la boca ante el avance del anticlericalismo más rampante en su diócesis. No ha salido en defensa de sus fieles, que ven como no sólo se les impide celebrar misa en una capilla universitaria sino que ahora encuentran dificultades hasta para entrar a la misma a rezar. Y uno se pregunta, ¿para qué quieren los fieles un pastor que no les defienda? ¿es que hace falta que se lo tengamos que pedir desde un blog? Y que no nos vengan diciendo que está llevando a cabo gestiones discretas y tal y cual. Ante la agresión pública a la fe, la fe ha de ser defendida públicamente. Ni siquiera le pedimos que envíe al canónigo y rector de su seminario, el P. Turull, con un megáfono en la mano a protestar ante el despacho del rector de la universidad. Nos valdría con que dijera algo en apoyo de la libertad de culto y de los católicos.

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Yo no sé si la Congregación para la Doctrina de la Fe ha retirado alguna vez el nihil obstat concedido por un obispo a un libro. Es posible que sí, pero no me viene ninguno a la memoria. Y desde luego, menos recuerdo que una medida tan contundente se haya aplicado a un obispo y un libro de este país. Pero así ha ocurrido con Monseñor Uriarte y la versión corregida del “Jesús. Aproximación histórica” de José Antonio Pagola.

Desde que la primera versión de dicho libro salió a la venta, varios obispos españoles vieron en el mismo un peligro para la fe de los fieles. Uno de ellos, Mons. Demetrio Fernández, decidió publicar una carta pastoral advirtiendo de que “el Jesús de Pagola no es el Jesús de la fe de la Iglesia“. Posteriormente, la Comisión Para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española hizo pública una nota en la que la obra del teólogo vasco no quedaba precisamente bien parada. Creo que merece la pena volver a leer dicha nota para comprender la gravedad del caso.

Si en ese momento Pagola hubiera aceptado la retirada del libro, la polémica no habría ido más allá. Pero no. Decidió seguir adelante y, cuando ya habían salido ocho ediciones en español, recurrió a modificar un poco las expresiones más comprometedoras para “librarse” del juicio doctrinal recibido hasta entonces. Y además contó con el decisivo apoyo de Mons. Uriarte, quien en su última etapa como obispo de San Sebastián, no parecía dispuesto a que uno de los teólogos de más renombre de su diócesis quedara mal parado y concedió el nihil obstat a la obra.

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El Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Mons. Juan Ignacio Arrieta, Obispo titular de Civitate, nos cuenta en un artículo que allá por el año 1988, el por entonces Cardenal Prefecto de la Congregación para la Fe y hoy Papa, solicitó un endurecimiento de las penas canónicas para los clérigos que cometían delitos de suma gravedad, como es el caso de los que cometen abusos sexuales. Además pidió que se aceleraran los procesos.

En septiembre de 2007, el Papa mandó que se acelerara ese estudio. Y en las próximas semanas el Pontificio Consejo mecionado entregará a sus miembros un borrador de reforma del Libro VI del Código canónico, base del sistema penal de la Iglesia. En esta grave cuestión, como en varias otras, Benedicto XVI ha acelerado grandemente el enfrentamiento de problemas graves de la Iglesia estancados hacía décadas. Bendito sea Dios.

En todo caso, eso me lleva a hacerme algunas preguntas: ¿Por qué han tenido que pasar 22 años entre una propuesta tan sensata y extremadamente urgente y su puesta en marcha? ¿Cuántos cuántos problemas no se habría evitado la Iglesia de haberse hecho esa reforma a tiempo? ¿Por qué Juan Pablo II no tomó en cuenta la opinión de su mano derecha doctrinal? ¿Por qué la Iglesia es tan lenta en hacer algo que evidentemente redunda en el bien común de los fieles?

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