La noticia, no por menos esperada -¿alguien de verdad esperaba otra cosa?- menos penosa, acaba de producirse. El Estado costarricense ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber prohibido la fecundación in vitro (FIV) hace 12 años. El fallo exige la reactivación de la práctica de esa técnica médica para lograr embarazos.

Leyendo la sentencia, uno se encuentra con argumentos como estos:

C.3.a) El estatus legal del embrión
247. Ha sido señalado que en el Caso Vo. Vs. Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que la potencialidad del embrión y su capacidad para convertirse en una persona requiere de una protección en nombre de la dignidad humana, sin convertirlo en una “persona” con “derecho a la vida” (supra párr. 237).

248. Por su parte, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a la Aplicación de la Biología y Medicina (en adelante el “Convenio de Oviedo”), adoptado en el marco del Consejo de Europa,390 establece lo siguiente en su artículo 18:

Artículo 18. Experimentación con embriones in vitro:

1. Cuando la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley, ésta deberá garantizar una protección adecuada del embrión.

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Una nación en la que se han matado antes de nacer a más de un millón y medio de seres humanos en el último cuarto de siglo, difícilmente puede tener un futuro que no sea el más profundo de los abismos. Una nación en la que la tasa de natalidad está muy lejos del nivel de reemplazo generacional, no puede tener otro futuro que no sea su envejecimiento y empobrecimiento a todos los niveles. Una clase política que alienta, promueve y legisla de cara a que se den ambas circunstancias no puede recibir otro calificativo que el de necia e irresponsable. Pero su necedad e irresponsabilidad está refrendada en las urnas por la gran mayoría de la población.

Hablamos, cómo no, de España, país que en su día fue verdaderamente católico y que hoy es uno de los que más alto aparece en la lista de los países apóstatas del cristianismo en Occidente. Que haya otros que estén peor o igual no es consuelo alguno.

Dice San Pablo que la paga del pecado es muerte. Pues bien, ese es el destino inexorable de España según acaba de advertir el Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado un informe que pone los pelos de punta. Si la cosas no cambian, dentro de 40 años, por cada persona en edad de trabajar prácticamente habrá otra que no estaría en edad de hacerlo.

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Primero conocimos el resultado final de la sentencia del TC sobre el matrimonio homosexual. Ayer supimos los argumentos de la misma. Y la verdad, no sé qué es peor. Si que admitan que es matrimonio aquello que no lo es o que el Constitucional haya decidido que a partir de ahora, la literalidad de la Carta Magna tiene menos valor que los estudios demoscópicos. En otras palabras, que para decidir si tal o cual ley es constitucional, hay que ver lo que opina la gente. Y por supuesto, no toda la gente, sino solo la entrevistada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Gallup o cualquier otra empresa del sector.

Se ve que a los señores del Constitucional les importa un pimiento que centenares de miles de españoles salieran a manifestarse a favor del verdadero matrimonio. Ellos, sin consultar al pueblo por medio de las urnas, han decidido que el hecho de que el matrimonio sea entre personas del mismo sexo no hace irreconocible esta institución en la sociedad española actual. Lo mismo es que los católicos practicantes y el resto de ciudadanos que se niegan a reconocer la condición matrimonial de esas uniones, no son parte de la sociedad. Son parias que se niegan a dejarse llevar por lo políticamente correcto y que pensaban, ilusos ellos, que si la Constitución dice una cosa, hay que respetarlo y no darle un sentido que no tiene.

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Hay ocasiones en que lo mejor es dejar que las palabras hablen por sí mismas. Es el caso de las declaraciones del arzobispo de Bogotá, Mons. Rubén Salazar, que va a ser creado cardenal por Benedicto XVI en el próximo consistorio. Copio lo que ha dicho tal cual. Las negritas son mías:

- Pero es claro que el aborto está permitido en Colombia por tres causales concretas…

Hago una distinción clara. La Corte Constitucional inicialmente despenalizó el aborto. Pero luego tomó el camino de convertir el aborto en un derecho. Una cosa es no aplicar la pena a algo que se considera indebido, y otra, que lo categorice como derecho. Cuando el aborto se despenalizó en esos tres casos concretos, yo dije: está bien. Pero el aborto no puede ser un derecho que hay que enseñar en las escuelas.

¿Cómo es posible que al futuro cardenal le parezca bien que se despenalice el aborto en determinados casos?

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Esta tarde se reúne en Tribunal Constitucional del reino de España para deliberar sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley del matrimonio homosexual. Muchos medios de comunicación han adelantado que el voto será a favor de dicho matrimonio. Los magistrados progresistas son seis y los conservadores cinco, dado que uno de los conservadores decidió abstenerse debido a que participó en el informe contrario a dicha ley que emitió el Consejo General del Poder Judicial. Incluso si ese magistrado hubiera decidido votar, el empate podría ser resuelto por el presidente del TC, el señor Pascual Sala, que es claramente progresista.

De hecho, lo que va a ocurrir vuelve a demostrar, en mi opinión, que el Tribunal Constitucional es una gran estafa. Sus miembros los eligen los partidos políticos y eso se refleja en las votaciones. Cada vez que una ley tiene una carga ideológica importante y es recurrida al TC, prácticamente todo el mundo sabe qué va a votar cada magistrado dependiendo de cuáles son las siglas que le han llevado al tribunal. Por tanto, es perfectamente legítimo pensar que votan no en base a planteamientos legales sino a la ideología partidista por la que han sido elegidos. Eso hace que la separación de poderes, que dicen fundamental para que haya una verdadera democracia, es una quimera en España.

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