La izquierda política y mediática lleva unos cuantos días empeñada en que la Iglesia va a imponerle a Rajoy una serie de deberes en relación a la legislación infame que desarrolló el anterior gobierno en las últimas dos legislaturas. Hablamos del matrimonio entre homosexuales, el divorcio express, el derecho de la mujer a matar a su hijo antes de nacer y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El caso es que yo no he visto a ningún obispo exhibiendo una bula de excomunión con fecha de aplicación en caso de que don Mariano no derogue inmediatamente esas leyes. Es cierto que los movimientos cívicos que organizaron manifestaciones provida y profamilia en los últimos 8 años andan bastante activos en su labor de presionar al nuevo gobierno, pero con ello solo hacen lo que se esperaba de ellos. Incluso partidos minoritarios como Alternativa Española y Derecha Navarra y Española siguen ese camino y en esta misma semana han llegado a manifestarse ante la sede del PP en la calle Génova. Ayer mismo Rafaél López Diéguez, cuya labor en medio de la nadería mediática con la que es castigado su partido es digna de elogio, declaró que daban “cien días de gracia para que prohíba el aborto en España”. Dudo que Mariano haya dejado de dormir hoy ante ese ultimatum.

Hasta ahora, todo lo que hemos oído del gobierno es lo que afirmó su vicepresidenta. Doña Soraya Sánez de Santamaría dijo en su primera rueda de prensa como portavoz del ejecutivo que se modificará la ley del aborto para preservar el derecho a la vida. Si eso fuera cierto, cabría pensar que en los próximos cuatro años vamos a asistir a un cambio de la ley que penalizará prácticamente cualquier aborto, ya que esa es la única manera de preservar verdaderamente el derecho a vivir. Pero como nos conocemos el paño, lo más probable es que el único cambio consistirá en dejar las cosas como estaban con la anterior legislación. Y con esa ley teníamos en España más de cien mil abortos al año.

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Como ya no tengo edad para pedir juguetes y me cansé de recibir colonias cada 6 de enero, este año he decidido que voy a pedir un par de libros. Y uno de ellos va a ser, sin el menor género de dudas, “Comprender y Sanar la homosexualidad”, de Richard Cohen. No porque sea homosexual ni porque conozca a nadie que lo sea y quiera dejar de serlo -aunque sí lo conocí hace años-, sino precisamente porque me he dado cuenta de que el lobby gay de este país va camino de convertirse en una especie de Santo Oficio laicista capaz de elaborar un Índice de libros prohibidos. Y claro, por ahí no paso.

Yo entendería que las asociaciones de LGTB vetaran un libro como ese en sus librerías o editoriales -si es que las tienen- e incluso que promovieran una campaña destinada a que nadie lo compre, pero si lo que quieren es una guerra de vetos y censuras en grandes centros comerciales, nos van a tener enfrente. No tengo nada claro que a empresas como el Corte Inglés le interese entrar en una guerra de vetos. Por ejemplo, si el lobby gay logra su objetivo con este libro, lo mismo unos cuantos cristianos decidimos que no vamos a comprar un solo libro más en esa cadena de centros comerciales. Y quien dice un libro, dice un pantalón o una cubertería. Habrá quien piense que el lobby gay es infinitamente más potente en este país, al menos mediáticamente, de lo que podamos ser unos cuantos blogueros sueltos, pero si echan ustedes un vistazo a la capacidad de movilización cívica y mediática de la conocida como “derecha social” de este país, la cosa cambia. Un par de alertas de HO valen bastante más que todos los comunicados que quieran hacer las fedederaciones de gays y lesbianas.

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Cualquier católico que tenga interés en el papel que la ley natural y la fe católica puede y debe jugar en la arena política sabe que el Papa Benedicto XVI indicó una serie de principios no negociables. Los leemos en la Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis:

Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana.

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Confieso que ayer di un bote sobre la silla delante de mi ordenador cuando ayer escuché las primeras palabras del diputado navarro Carlos Salvador. Tras un debate de investidura en el que la única referencia a las leyes de ingeniería social la había ofrecido el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que defendió la ley del aborto y la del matrimonio homosexual, yo daba por hecho que ningún representante de la soberanía popular iba a denunciar la situación esperpéntica que vive nuestra nación en relación al derecho a la vida y a la institución familiar. Me equivoqué. Pocas veces me he alegrado tanto de estar equivocado.

El diputado de UPN no se anduvo por las ramas y describió como está este país: “Una situación que no puede dejar una radiografía moral, social, política y económica de nuestro país más inquietante: más de 113.000 abortos al año; la natalidad estancada; la institución familiar desprestigiada; un 30% de fracaso escolar…". Luego habló de la crisis económica, del paro y de la unidad de España, pero puso en primer lugar lo que cualquier cristiano que se precie de serlo pondría en dicho lugar.

En su réplica, Mariano Rajoy le agradeció a Salvador que hablara de valores: “Me gusta que usted haya hablado de valores. Creo que los valores son el fundamento de una sociedad y son fundamentales en la convivencia de un país. Y he escuchado con agrado lo que usted ha dicho sobre la vida, familia, la libertad y la responsabilidad".

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Parece evidente que la JMJ de Madrid fue un momento de gracia para la Iglesia en España. Se podría hablar incluso de una riada espiritual que llenó nuestro país durante unas fechas. Durante su discurso ante la Plenaria de la CEE, el Cardenal Rouco supo explicar muy bien en qué consistió ese fenómeno. Salvo los amargados de siempre, que existen tanto en la izquierda eclesial como en la extrema-derecha filolefebvrista, todos estamos de acuerdo en que la Jornada fue un éxito.

Ahora bien, está por ver que la Iglesia en esta nación sepa aprovechar ese don que recibió de lo alto. Cualquier país que no tenga una buena red hidrológica sufre cuando llega una época de sequía. España sabe mucho de eso. Durante el siglo pasado se construyeron muchos pantanos y presas que han servido para que el país no se muera literalmente de sed cuando el cielo no da el agua necesario. Incluso se hizo un trasvase del río Tajo al Segura. Y si no se realizó lo mismo desde el Ebro hasta el Levante fue debido a presiones políticas que tienen poco que ver con el bien común.

Lo que pasa a nivel de la naturaleza, puede tener su equivalente a nivel espiritual. La crisis del catolicismo en España es tan evidente que sólo un ciego o un necio puede negarla. Las razones son variadas pero tienen mucho que ver con la secularización de la sociedad y la, en mi opinión mucho más grave, secularización interna de la propia Iglesia. Esta última afecta gravísimamente a nuestra capacidad de hacer llegar el agua viva que llega de lo alto a los que viven, aun sin saberlo, sedientos de Dios.

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