Un matrimonio canónico para una comunidad católica

Introducción

En los últimos días, tal vez por celebrarse el día 14 de febrero la festividad del obispo san Valentín (que ha devenido patrón de los enamorados, una suerte de dios-eros cristianizado) han trascendido varias noticias sobre modelos de matrimonio. Por ejemplo, Bruno Moreno cita en un artículo de su bitácora (que recomiendo encarecidamente leer) titulado “cuesta abajo y sin frenos” la propuesta de la columnista Adriana Cohen (Boston Herald) de proponer matrimonios de duración limitada, renovables.

Esa propuesta, que no es en absoluto novedosa, solo se puede plantear en Estados Unidos, donde en la mayoría de estados aún es necesario alegar algún motivo de divorcio. En Europa supondría un endurecimiento de la legislación en muchos casos.

En España, desde la ley de 15/2005, de 8 de julio, presentada por el gobierno Rodríguez Zapatero (Partido Socialista Obrero Español, fundamentalmente liberal-progresista radical y socialdemócrata) se puede disolver el matrimonio civil a petición de uno de los cónyuges (sin consenso, es decir la legalización del repudio), con resolución administrativa y con tan sólo 3 meses desde el enlace (artículos 81 y 86). Existe trámite judicial únicamente si no hay acuerdo amistoso para el reparto patrimonial o la tutela de los hijos (artículo 92, sustancialmente). Actualmente la legislación española tiene uno de los modelos matrimoniales más endebles del mundo. El actual gobierno Rajoy Brey (Partido Popular, fundamentalmente liberal conservador, con minorías libertarianistas-neoconservadoras, democristianas y liberal-progresistas moderados) no ha modificado esta ley salvo para agilizar los trámites administrativos del repudio.

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La institución natural del matrimonio

El matrimonio nace con la finalidad de dar una estructura estable al engendro y educación de los hijos. Por supuesto que se puede procrear o educar a los hijos sin el matrimonio, pero la experiencia enseñó a nuestros mayores que la forma más eficiente de hacerlo era ligar al padre y la madre con un compromiso (contrato). Históricamente, el matrimonio ha beneficiado primordialmente a la madre: su instinto maternal es naturalmente más fuerte, y los hijos dependen más de ella en los primeros años de su vida (principalmente por la lactancia). También beneficia al padre: le permite desarrollar su instinto paterno y, en las sociedades patrilineales, le da la oportunidad de proporcionar herederos a su línea familiar. Ambos padres ven colmados por medio del matrimonio el anhelo genérico del hombre de perpetuarse (que además se manifiesta de forma individual en la aplastante mayoría de ellos).

Para llevar a cabo esa misión, los cónyuges establecen entre ellos un pacto común y estable que favorece el desarrollo exitoso de sus hijos hasta la adultez, formando así una familia nuclear. Ese pacto varía entre culturas y sociedades, pero en todos los casos implica la cooperación mutua en la crianza (aunque los roles varían), la convivencia de los esposos reglada por normas, la fidelidad mutua (por la que se castigaba el adulterio, aunque no en igual medida en el varón que en la mujer) y la permanencia en el matrimonio (no abandonar al cónyuge). Estas son sólo algunas de las características internas constantes del matrimonio natural, una institución que traspasa fronteras geográficas y temporales.

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Importancia social de la familia

En efecto, la familia es el núcleo de la sociedad, la primera y fundamental de sus instituciones. La que sigue funcionando en medio de las crisis económicas y políticas. La única que sobrevive cuando el caos o la anarquía atacan a comunidades humanas más organizadas.

Contrariamente a lo que postula la teoría individualista, el ser humano jamás ha existido aislado. Un hombre y una mujer solos que libre y voluntariamente escogen contraer ese matrimonio natural sin mayor influencia externa es un constructo teórico que sólo anecdóticamente se da en la realidad. Los padres antes han sido hijos, y por tanto su acceso al matrimonio se lleva a cabo en el marco de una comunidad humana concreta. Esa comunidad, de hecho, se ha fundado en intemporales contratos matrimoniales, creando una red de relaciones personales que acaban siendo sociales. Por tanto, un matrimonio siempre se sujeta no sólo a las condiciones del pacto común, sino a una serie de normas matrimoniales sociales (características externas). A efectos docentes, podemos separar esas características internas y externas del matrimonio, pero en la realidad ambas van inseparables. No nos casamos en un útopico páramo primigenio; nos casamos en un concreto entorno social.

La primera norma social es que los que van a formar una familia nuclear proceden a su vez de dos familias nucleares. Y la historia nos enseña que desde un principio el matrimonio sirvió como primer cemento de las relaciones sociales. Dos familias cuyos hijos se casaban quedaban ligadas necesariamente por relaciones de cooperación y amistad. Esto confirma que el matrimonio natural no sólo implica a los cónyuges, sino que provoca numerosas consecuencias a sus familiares.

Ante todo, se hacía preciso, junto al consentimiento de los esposos, el consentimiento de sus padres. Si existían querellas entre ambas familias, debían solucionarse previamente para que los padres dieran el consentimiento. En no pocas culturas, la influencia de los padres sobre el matrimonio de sus hijos era notable, aunque variaba (siendo mayor cuanto más joven fuese el hijo, y mayor en la hembra que en el varón), llegando incluso a decidir el cónyuge sin concurso del hijo casadero (las bodas concertadas).

Esto derivó en la creación de clanes: el consentimiento se obtenía más fácilmente al casarse con un miembro del propio linaje (con el que además se compartían tradiciones que facilitaban la convivencia e integración). Aunque la proscripción del incesto es antigua y muy generalizada, el matrimonio entre primos estaba aceptado e incluso promocionado en la mayoría de culturas humanas pre-civilizadas.

Asimismo, aquellos ligados por relaciones conyugales (la familia política) estaban obligados a prestar ayuda en caso de necesidad. Eso provocó que el consentimiento paterno en muchas ocasiones estuviese determinado por la capacidad de ayuda que la familia política pudiese proporcionar. Los clanes más numerosos y fuertes obtenían consentimientos con mayor facilidad.

Añádase que existía un patrimonio familiar que pasaba por herencia a los hijos que habían formado nuevas familias, determinando en ocasiones la costumbre de que los recién casados hubieran de residir en el mismo lugar que los padres para evitar la dispersión del patrimonio. Nuevamente, los clanes con mayor patrimonio obtenían consentimientos paternos de otras familias con mayor facilidad: se tendía a enlazar con clanes ricos.

Por tanto, el contrato conyugal en realidad estaba tan influenciado por motivaciones externas que en ocasiones su voluntad sobre cuando o con quién contraer matrimonio era mínima. Esto fue así durante la mayor parte de la historia humana, siendo aceptado por los propios protagonistas, que reproducían los mismos esquemas en sus hijos.

Es bien sabido que antes del triunfo del mercantilismo como forma de relación social, reyes, nobles o burgueses llevaban a cabo alianzas de patrimonios o comunidades humanas enteras simbolizándolas a través del matrimonio de sus vástagos.

La importancia de ese consentimiento externo y la alianza familiar se puede comprobar en la ceremonia de esponsales, creada cuando la fastuosidad del ritual matrimonial obligó a posponerlo a un momento posterior al compromiso de los cónyuges. Este se materializaba en el desposorio, una ceremonia privada previa con las familias en la que varón y mujer intercambiaban unos regalos en prenda de promesa conyugal (de ahí el término “prometidos”). El que el varón daba a la mujer recibía el nombre de arras. Los esposos se consideraban comprometidos y las familias ya ligadas a falta de la rúbrica que suponía la ceremonia pública del matrimonio. Por ejemplo, san José y la Virgen María estaban desposados pero no casados en el momento de la Encarnación (Mt 1, 18; Lc 1, 27). En diversas zonas del mundo hispano sigue existiendo (aunque en desuso y con menor significación) y recibe usualmente el nombre de “pedida de mano”.

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Evolución de las características conyugales

En principio el matrimonio fue naturalmente indisoluble, tanto por sus características internas como externas. Uno de los cónyuges (generalmente- aunque no en todas las culturas- la mujer) pasaba a formar parte del linaje del otro a todos los efectos, salvo que quedara viudo sin hijos, en cuyo caso, si no encontraba otro cónyuge en el linaje adoptivo (favorecido en muchas costumbres, como la del levirato hebreo, abisinio o hindú), retornaba al linaje de sangre.

Muy pronto, no obstante, se advierten conductas que modifican las características naturales del matrimonio. La primera y principal, la del mayor número de cónyuges. La más antigua registrada es la poligamia: un marido con varias esposas (más exactamente, poliginia). Las razones parecen ser la mayor probabilidad de engendrar hijos (sobre todo si la primera esposa resultaba ser estéril), la satisfacción de los deseos sexuales del varón (cuando la primera esposa perdía interés sexual) y el deseo de establecer más alianzas con otros linajes familiares.

Por motivos obvios (paridad poblacional entre hombres y mujeres), la poligamia (casi siempre bigamia), salvo en casos excepcionales de pérdida poblacional únicamente masculina (o sea, las guerras), era practicada sólo por un pequeño grupo: por norma entre los más adinerados, y por norma una de las mujeres (normalmente- pero no siempre- la primera) tenía un rango superior. Una variante era el concubinato, donde un hombre, además de su esposa (o esposas) legítima, mantenía una o varias mujeres, generalmente jóvenes y de menor posición social, que carecían de los derechos de la esposa, y no aportaban alianzas legales con otros clanes. Su función solía ser satisfacer la lujuria del hombre, y su estatus únicamente podía cambiar si era capaz de darle hijos (sobre todo un varón).
Mucho más rara ha sido la poliandria (una mujer con varios maridos), incluso en sociedades matrilineales. En todos los casos la mujer estaba casada con los hermanos menores de su marido, que ocupaba una posición principal y preeminente. Parece que la poliandria tenía un sentido parecido al del levirato.

En las sociedades donde se ha permitido el matrimonio múltiple, este ha sido la excepción, y la monogamia la regla. Asimismo, en los matrimonios múltiples, entre los cónyuges del mismo sexo hay siempre uno con preeminencia, por lo que se puede afirmar que han tendido a la monogamia, que se establece como la única forma natural de matrimonio (no viciada de base por consideraciones externas al matrimonio).

Por último, un último modelo de unión es el amancebamiento (en la España medieval recibía el nombre de abarraganamiento), en el que varón y mujer viven como casados pero sin los trámites formales de matrimonio, y sin su reconocimiento familiar y social. Este modelo, que ha existido siempre, es actualmente el más extendido entre las generaciones más jóvenes de España. Se podría describir como semi-amancebamiento, ya que muchas de estas parejas, tras vivir amancebadas durante unos años, acaban contrayendo matrimonio.

De forma tradicional, en el amancebamiento era el varón el que no deseaba contraer el vínculo, esperando hallar más adelante una esposa “conveniente” de la que obtener el consentimiento familiar. La mujer salía perjudicada en esta relación, y solía adoptarla por miedo a no lograr encontrar un varón con el que casar, o bien porque su pareja de amancebamiento, de mayor poder adquisitivo, garantizaba el mantenimiento de ella y su prole. Todos los pactos entre ellos eran personales, no familiares ni públicos, y por tanto, muy inseguros (dependían únicamente de la fidelidad a la palabra dada).

Las variantes del matrimonio que comentamos en este epígrafe están motivadas por diversas razones, pero en todas los casos una de ellas es la incontinencia del varón con respecto a sus impulsos sexuales. Parece como si se diera por sentado que (de forma innata) la mujer, tras tener hijos, pierde el interés sexual con la edad, mientras el varón lo conserva hasta edades avanzadas, poseyendo algún tipo de derecho a satisfacerlo fuera del matrimonio monógamo. La poligamia, el concubinato y el amancebamiento incluyen esta “necesidad” como una o la principal de sus motivaciones, y en ellas normalmente es la mujer la que queda desprotegida en mayor o menor medida. Entre los musulmanes chíies, las distintas modalidades de matrimonio temporal (normalmente poligámico), llamado “matrimonio de placer”, precisamente tienden a regularizar ese “derecho”.

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La ruptura del vínculo matrimonial

La indisolubilidad natural del matrimonio se prueba con el hecho de que la regulación de su ruptura (que apareció muy pronto en la historia), se aplica a posteriori a todos los compromisos y rituales matrimoniales descritos.

Las primera disolución conocida del vínculo matrimonial es el repudio. Por ese acto, el marido devolvía la esposa a sus padres, rompiendo el consentimiento prenupcial. Había un variado número de causas por las que podía producirse, y debían ser pactadas antes del compromiso, ya que suponían la violación del mismo. Algunas eran exóticas a nuestros oídos, como por ejemplo el marido que devolvía su mujer a los padres al día siguiente de la boda (sin haber consumado el matrimonio) por no ser ella virgen, cuando en el pacto prematrimonial así se había asegurado. Sin embargo, las dos causas principales eran la esterilidad de la mujer (incapacidad para tener hijos) o su adulterio (ruptura de la fidelidad conyugal) con otro hombre.

Nótese que no existía el repudio femenino: la falta de virginidad, la esterilidad o el adulterio del varón no eran motivo de ruptura. La razón estriba en ese “derecho a la incontinencia innata” del hombre de que antes hemos hablado. De ese modo, el repudio es una institución injusta que rompe la equidad entre cónyuges en perjuicio de uno, clásicamente la esposa.

La ruptura por mutuo consenso (divorcio) llevaba consigo la partición de bienes entre los ex-cónyuges: en los patrilineales (los más frecuentes) comúnmente la mujer retenía la dote (los bienes aportados por su familia al matrimonio) y las arras. También implicaba la anulación de la obligación de cooperación entre ambas familias.

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La legislación clásica sobre matrimonio

Siendo el matrimonio un vínculo personal y familiar, precedió con mucho a la creación de las organizaciones políticas complejas, de las cuales, en realidad, es antecedente directo. Es por ello que los más antiguos códigos civiles que se conservan reconocen la importancia social del matrimonio y regulan sus condiciones basados en las tradiciones ya existentes en la sociedad. Es decir, que el derecho positivo no crea la institución matrimonial, sino que reconoce la existencia y condiciones previas que la sociedad le había otorgado.

Desde el código babilonio de Hammurabi ya existen leyes sobre el concubinato, el repudio, el divorcio, la dote, el castigo al adulterio o la gestión del patrimonio común. En Atenas el matrimonio era un rito privado, y la mujer era considerada una menor de edad (que pasaba de la custodia de su padre o tutor a la de su marido, que administraba su dote). El proceso de divorcio podía ser iniciado por cualquiera de ambos, aunque raramente lo era por la mujer. En Esparta (modelo de cualquier totalitarismo histórico) el matrimonio de los ciudadanos era obligatorio y el celibato castigado, pero el vínculo sólo se hacía efectivo cuando nacían hijos, ya que era una polis donde una casta minoritaria y militar dominaba a una mayoría de esclavos; los estériles debían soportar que sus cónyuges tomaran amantes para procrear.

En la legislación romana inicial, de la que nace la nuestra, el matrimonio era indisoluble, aunque entre las clases bajas existía frecuente amancebamiento. A partir del siglo III a.C se regula el divorcio, que se declaraba normalmente por el marido y se concedía por causa de esterilidad y adulterio; únicamente los matrimonios entre patricios (cum manu) seguían siendo indisolubles. Para el siglo I la legislación era tan relajada que los divorcios eran una plaga. Tan extendida como para que el primer emperador, Octavio Augusto, promulgara leyes que endurecían los trámites de divorcio.
La república romana tardía es el primer ejemplo de progresiva injerencia del estado en las condiciones matrimoniales (bien para favorecer el divorcio, bien para dificultarlo), hasta entonces patrimonio exclusivo de los pactos sociales entre familias.

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El amor en el matrimonio cristiano

Jesucristo abolió el repudio mosaico (Mt 19, 4-9; Mc 10, 5-12; Lc 16, 18) del matrimonio monógamo judío, retornando a la indisolubilidad matrimonial. La radicalidad de esta derogación protegía a la mujer y perjudicaba las capacidades de disolución matrimonial del varón, mereciendo el desconcierto y reproche de sus propios discípulos (Mt 19, 10). Asimismo, reforzó las condenas al adulterio o el concubinato, predicando un matrimonio idealmente perpetuo, igualitario y fiel. Se podría decir que el matrimonio que Jesucristo enseñó era exigente y de elevada calidad.

La Iglesia primitiva tuvo este precepto (tan contrario a las costumbres contemporáneas) como auténticamente mandado por Cristo, así lo enseñó y practicó, y así subsiste en el sacramento del matrimonio de la Iglesia católica.
No obstante, sí existe en el derecho canónico la posibilidad de abrir un proceso para comprobar la validez del sacramento matrimonial, existiendo una serie de motivos (entre otros muchos la minoría de edad, el consentimiento viciado, el engaño en materia grave, la no consumación, etc) para declarar la nulidad del sacramento.

Todas las sociedades que se convirtieron al cristianismo adoptaron el matrimonio sacramental: además de un compromiso personal y familiar, ahora también era un juramento sagrado ante Dios, cuya violación conllevaba un pecado grave. Las autoridades reconocieron la validez legal del sacramento cristiano. En la España católica, junto al canónico (mayoritario), existió un matrimonio llamado “a juras”, o secreto, que se contraía sin obtener consentimiento familiar, con un clérigo de testigo. Era tenido por válido aunque sin el reconocimiento social y legal del matrimonio canónico.

Es en el matrimonio cristiano en el que por primera vez se considera el amor entre esposos una vocación necesaria, basándose en las admoniciones matrimoniales de san Pablo, que toman el amor entre Cristo y su Iglesia como alegoría del amor conyugal (Ef 5, 21-33) y así se explicita en los votos pronunciados durante el rito. En él, siguiendo con la tradición más original, existe el consentimiento mutuo de los esposos, del cual el ministro eclesiástico es sólo testigo cualificado.

Si hasta ahora no había hablado de amor es porque los contratos matrimoniales previos al cristianismo el amor no era un requisito. Se esperaba que, con la convivencia, los esposos desarrollaran un afecto y lealtad mutuos; pero antes del cristianismo, a nadie se le ocurrió que los cónyuges hubieran de hacer promesa de amarse para que el matrimonio tuviera validez.

Naturalmente, ha existido siempre el enamoramiento. Los textos antiguos, no obstante, lo relacionan invariablemente con la pasión sexual, siendo difícil separarlos. Este Eros tampoco tiene una relación directa con el matrimonio: su consumación es más sencilla para los varones por medio de relaciones extramatrimoniales. No fue hasta la aparición de los romances de amor de los juglares medievales cuando se comenzó a sublimar el apetito sexual, separándolo del enamoramiento, y acercando éste al deseo de matrimonio honesto con el objeto amado, y por tanto, con el amor conyugal. Esta relación enamoramiento-amor conyugal alcanza su verdadero desarrollo a partir del romanticismo de principios del siglo XIX. Así, cada vez se torna más normal que la pasión del enamoramiento (más o menos purificada de erotismo) sea la que decida el consentimiento mutuo de los esposos, en perjuicio del consentimiento familiar, como prólogo al amor conyugal. Ese concepto es el que ha heredado la sociedad posmoderna occidental.

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El matrimonio en la sociedad y la legislación actuales

Si la autoridad en las sociedades tradicionales se limitaba a recoger y codificar las tradiciones sociales con respecto al matrimonio, con el nacimiento de los estados fuertes (a partir de finales del siglo XVII y sobre todo el XVIII) las legislaciones modernas tendieron a influir de un modo relevante en la vida social, de acuerdo a los designios de los que ostentaban el poder. El primer código civil moderno que regula el matrimonio de forma diversa al uso social vigente fue el francés de 1804, que recogía por primera vez la posibilidad de divorcio. Desde entonces, esa influencia legislativa no ha hecho sino crecer. La progresiva injerencia judicial en los litigios entre cónyuges, o en relación a los hijos, hizo que muchas disputas familiares acabasen en los tribunales.

En nuestra sociedad, la modificación de diversas costumbres (independencia económica de la mujer, segregación entre placer sexual y procreación, práctica anulación del consentimiento familiar para contraer matrimonio, pérdida del sentido de promesa o juramento, entre otras) ha influido y ha sido influida por las legislaciones que en los últimos 40 años han variado dramáticamente las bases del matrimonio civil. De limitarse a reconocer la existencia y condiciones del matrimonio social (familiar o religioso), la legislación ha pasado a “crear” el modelo de matrimonio que la autoridad considera conveniente.

Esta aseveración la he desarrollado en diversos artículos sobre la indisolubilidad del matrimonio católico, la evolución del matrimonio civil, la legislación divorcista, la maternidad extraconyugal o la eliminación del fin procreativo del matrimonio civil. Para no alargar mucho más este artículo, a estas referencias remito a los lectores interesados en conocer en qué me apoyo para afirmar lo anterior.

Ese modelo de matrimonio civil actual, según la ley de 13/2005, de 1 de julio (que además reinstaura el repudio), basa el matrimonio, no en la cooperación mutua o la procreación, sino en “la relación y convivencia de la pareja, basada en el afecto” (recordemos que el “afecto” o más bien el amor como condición sine qua non definitoria del matrimonio, es de origen cristiano). Además, la ley le atribuye ser “expresión genuina de la naturaleza humana”, lo cual es lírica pura, pues todo amor lo es, y no amerita una ley. A continuación, el legislador se pone psicólogo y afirma que es “cauce destacado para el desarrollo de la personalidad”, y por último constituye “uno de los fundamentos del orden político y la paz social”. ¿Todas esas cosas por el afecto mutuo entre dos personas que conviven? ¿Por qué? Los circunloquios vacíos de este preámbulo tan cursi (como suelen serlo todas las leyes con las que los liberales tratan de socavar los cimientos de la sociedad tradicional) sólo intentan justificar que se modifique una ley matrimonial sin citar en ningún momento a los hijos o la familia como razón de ser del matrimonio. En efecto, este se constituye por ser “institución jurídica de relevancia social que permite realizar la vida en común de la pareja”. Las modificaciones posteriores sólo han ido en la dirección de facilitar aún más la ruptura (y cobrar una tasa por ello).

Lo más significativo es que desde 1998, todas las Comunidades Autónomas han desarrollado un registro de “parejas de hecho”, o sea, una pareja de “relación y convivencia basada en el afecto” que precisamente no deseaba contraer matrimonio, para lo cual maldita la falta hacía devaluar la regulación de esa institución civil como hizo la ley de 2005. A mayor abundamiento, los litigios conyugales, patrimoniales, custodia de menores o hereditarios entre personas registradas como parejas de hecho han sido resueltos por los jueces… prácticamente con los mismos parámetros que los de un matrimonio civil post-2005. ¿Qué diferencia hay realmente entre ambas? ¿qué sentido tiene mantener esa distinción si el matrimonio civil se ha devaluado al mismo nivel que una pareja de hecho, salvo por la ceremonia?

El argumento a favor de la rebaja continua de condiciones para el vínculo parte del principio voluntarista (típico en la filosofía liberal-progresista actual) de que el matrimonio es un acto de voluntad de convivencia de dos personas. Si esa voluntad de al menos una de las partes, deja de ser firme, hay que garantizar el “derecho” a que ese vínculo sea disuelto lo más rápida y sencillamente posible, independientemente de las consecuencias.

Como bien decían los postulantes del sesentayochismo, el amor no necesita papeles. Y, de hecho, muy coherentemente con esa filosofía, ante este nuevo contrato basura civil, en el que no hay vocación procreadora ni indisolubilidad (ni causa grave para la ruptura), el amancebamiento parece la solución lógica, y es a la que tiende las generaciones más jóvenes de la sociedad.

Asimismo, el enamoramiento irracional (me enamoro y me desenamoro sin poder influir en ese proceso, como esclavo pasivo de mis pasiones), nuevamente indistinguible de la pasión sexual, es el único motor para esa relación de pareja. La procreación es algo secundario (de ahí el boom de paternidades/maternidades solteras) y el compromiso mutuo está perdiendo todo su valor. El emparejamiento ha perdido la razón de aquello por lo que fue creado para quedarse convertido en la expresión de un enamoramiento vacío de fundamentos sólidos. Llamar a eso “matrimonio” no es sino un ejercicio de homonimia.

El fin acelerado de la institución matrimonial natural ha sido tan abrupto que ha causado una honda conmoción en las sociedades occidentales. La diferencia del concepto sobre el matrimonio entre los abuelos y los nietos españoles del siglo XXI es mayor que la de aquellos y sus antepasados de tres siglos atrás. Los cambios vertiginosos en la estructura familiar han provocado que haya muchos grupos sociales que se pregunten si no es posible que el matrimonio natural pueda verse recogido en la legislación.

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La propuesta de matrimonio indisoluble

El foro de la Familia (FdF)- dirigido por Benigno Blanco, ex-secretario de estado de Aguas y Costas y luego de Infraestructuras bajo el gobierno Aznar- tras su IV congreso, transmitió a los medios su intención de planear una Iniciativa legislativa popular (ILP) para que la ley del matrimonio civil introdujera una modificación que permitiera a los que lo desearan contraer una modalidad de matrimonio civil indisoluble.
Una nueva nota de prensa dio a entender que la ILP (para la de que se calculaba entre 1 y 2 millones de firmas) procuraría endurecer los términos del divorcio en esa nueva modalidad de matrimonio, más que hacerlo plenamente indisoluble. Desde entonces hasta aquí ya no se sabe nada más de esta novedosa iniciativa, ni en el portal en la Red hay referencia evidente al respecto.

La realidad es que al contraer matrimonio, cada una de las partes adquiere, de forma explícita e implícita, un “compromiso de permanencia” y de trabajar por la estabilidad de ese enlace (es decir, una postura activa). Actualmente se desconoce o rechaza ese concepto de compromiso (fidelidad a la palabra dada), y la voluntad se confunde con el apetito (cuando no con puro egoísmo). Esta diferencia de concepto es importante, pues cada uno de los cónyuges tiene derecho a que el contrato matrimonial que ha firmado sea fiable en los términos en que lo contrae. Y la ley cada vez protege menos ese derecho.

La posibilidad de que el matrimonio civil recoja una variante de indisolubilidad o de ruptura del matrimonio únicamente por causas graves y justificadas no es en absoluto descabellada, toda vez que es adquirida por los contrayentes libremente, y que en nuestro ordenamiento existen dos modelos distintos de matrimonio (el civil y el registro de parejas de hecho), pese al artificio de darle nombres legales distintos.

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La propuesta de dar reconocimiento legal al matrimonio canónico

Actualmente, en la sociedad española únicamente a los católicos (y no a todos) y tal vez a algún grupo social concreto (¿el pueblo gitano?) les podría interesar- por su concepto de matrimonio- contraer un matrimonio indisoluble.

Vale la pena recordar que el matrimonio canónico no está reconocido como tal por las leyes españolas. Los acuerdos entre el estado español y la Santa Sede lo admiten como un rito válido para contraer matrimonio civil, pero a todos los efectos legales, los contrayentes se sujetan a las disposiciones del código civil.

Esto supone problemas, pues la naturaleza del matrimonio civil en España se ha alejado dramáticamente de las disposiciones del matrimonio canónico. Por otra parte, la mera indisolubilidad no basta para reconocer todos los puntos en los que difieren matrimonio canónico y civil. El punto más dispar es el de la nulidad: para el matrimonio civil, que no entra en las consideraciones de conciencia de los contrayentes, las causas de nulidad del procedimiento son escasas, mientras que el asunto es más complejo para el matrimonio canónico, en el que existen múltiples matices e impedimentos. Más allá de la existencia de fraudes en la petición de nulidad de procesos canónicos (algunos de ellos- Dios les perdone- con falsos juramentos y otros pecados graves de por medio), no tengo duda de que en la sociedad actual no pocos de los sacramentos matrimoniales que se celebran podrían ser refutados de nulidad por falta de conciencia de su naturaleza según los signos externos que uno o ambos contrayentes manifiestan.

Por ese motivo, la asociación Enraizados solicitó hace poco al ministerio de justicia que se reconozca la legalidad del matrimonio canónico. Ello permite que los que contraigan dicho sacramento se sujeten en todo a la autoridad de los tribunales eclesiásticos, salvo en aquellos puntos que el propio código canónico deja a la regulación de la legislación común (principalmente asuntos patrimoniales), incluyendo renunciar al derecho a apelar a tribunales civiles en asuntos que competan a dicho código canónico.

De prosperar esta iniciativa, habría otro modelo de matrimonio reconocido por el ordenamiento jurídico español, además del matrimonio civil, que estaría inevitablemente ligado al sacramento del matrimonio. No supondría novedad en el ordenamiento jurídico, pues ya vimos que en la España tradicional junto al matrimonio canónico existió el “a juras”, y las comunidades hebreas tenían un matrimonio propio y legal.

A mi juicio, esta propuesta es más completa que la del Foro de la Familia, pues permite a los católicos hallar su propio lugar en el ordenamiento jurídico de un país que ha apostatado en su mayoría. Asimismo, les daría la seguridad de que el matrimonio que contraen corresponde- como así lo quiere Dios- al matrimonio natural (monógamo, indisoluble, basado en el amor mutuo y abierto a la vida). Las leyes canónicas (al contrario que las civiles) ayudarán a los esposos a lograr, en lugar de entorpecer, el ideal conyugal que Cristo nos enseñó.

Sinceramente, creo que sería bueno que nuestras autoridades eclesiásticas abogaran por esa modificación legal y así públicamente lo expresaran, para dar más fuerza a esta petición ante la autoridad legislativa española. Sería un acto que aumentaría la libertad y la justicia para los católicos.

Dijo Tobías: “¡Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos! Bendígante los cielos, y tu creación entera por los siglos todos. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: ‘No es bueno que el hombre se halle solo; hagámosle una ayuda semejante a él.’ Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad.”
Tob 8, 5-7

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