La legislación contra los judíos en la España visigoda

Al entrar en el Imperio, los godos hicieron suya la visión romana de la religión como asunto de estado. Mientras permanecieron arrianos, esta se convirtió en una fe nacional que mantenía la segregación entre los gobernantes germánicos y los gobernados romanos, fomentando la conciencia nacional goda. Algunos autores, como E.A. Thomson, consideran que la rebelión del mártir Hermenegildo, escondía una confrontación entre los godos convertidos al catolicismo alzados junto al príncipe, contra la mayoría de la nación, que permaneció fiel al rey. De hecho, la persecución religiosa que Leovigildo llevó a cabo, se dirigió principalmente contra godos convertidos al catolicismo (el obispo Masona, el monje Juan Biclarense, o su propio primogénito), sin molestar apenas a los romanos católicos, lo que lleva a pensar que había al menos tantos condicionantes políticos como religiosos en la lucha entre ortodoxia y herejía: el rey percibía una amenaza contra la unidad de los godos en la conversión de algunos de ellos a la fe de sus súbditos romanos.

Esta situación cambió con la conversión de su segundo hijo Recaredo al catolicismo, de forma privada a principios de 587, y públicamente durante el III Concilio de Toledo de 589, en el que, muy significativamente, el rey anunció la conversión de toda la nación goda al credo Niceano. De este modo, se llevaba a cabo la fusión religiosa entre godos e hispanorromanos, y con justicia se ha venido considerando esta fecha como la del nacimiento del reino español. La nueva monarquía, apoyada ahora sin reservas por la Iglesia y la nobleza hispana, inauguró una política de unidad religiosa, que tendría una importancia capital en la historia de España. Dentro de las fronteras del reino quedaba ya sólo una comunidad no católica, los judíos, una población heterogénea, más urbana que rural y más artesana que campesina, perteneciente a todas las clases sociales. Todavía no se hallaban especializados en la usura (debido a la prohibición del préstamo con interés entre cristianos decretada por la Iglesia) que les caracterizaría en la baja edad media.

Durante la época imperial, las leyes toleraban la práctica de su fe pero castigaban el proselitismo hacia los cristianos. La tradicional carencia de vocación misionera, hacía que estas prohibiciones no afectaran a las comunidades judías. El Breviario del rey arriano Alarico II (año 506) suprimió la mayoría de las leyes antijudías del código teodosiano, pero mantuvo la proscripción de los matrimonios mixtos (también prohibida por la ley judía), y la ley romana que vedaba a los judíos el acceso a cargos públicos o a la guardia de prisiones. Al igual que ocurre actualmente en Egipto con los coptos, los judíos podían reparar sus templos, pero no construir nuevos. El hecho de que el incumplimiento estuviese tasado con una multa de 50 libras de oro, sugiere que más bien se trataba de un impuesto encubierto a la construcción de sinagogas. Podían resolver los pleitos entre sus rabinos, y (curiosamente), no se les podía encarcelar en sábado. Sin embargo, Alarico II endureció los castigos al proselitismo: un judío que convirtiera a un cristiano sería condenado a muerte y sus propiedades confiscadas por la corona. El prosélito sufría privación de sus bienes y pérdida de su derecho a testificar en los tribunales (una suerte de inhabilitación legal en la época). Los judíos que desearan convertirse al cristianismo debían permanecer 8 meses como catecúmenos antes de ser bautizados. El recelo hacia los hebraicos se refleja en un canon del concilio de Agde del mismo año, que recordaba la prohibición a los cristianos de comer junto a judíos.

Tras la pérdida de casi todas sus provincial galas y el traspaso del centro de gravedad de los visigodos a la península, no se reflejan cambios importantes en la legislación sobre los judíos durante 80 años. En el III concilio de Toledo (589), antes referido, y a petición de los padres conciliares, Recaredo prohibió a los judíos comprar esclavos cristianos para su propio uso, aunque no traficar con ellos para venderlos a otros cristianos. Si un judío circuncidaba a un esclavo cristiano, perdería todos sus bienes y se convertiría en esclavo del Tesoro. Asimismo, confirmaba la prohibición de ocupar cargos públicos y los matrimonios o concubinatos mixtos, introduciendo la novedad de que los hijos de tales uniones debían ser educados en la fe católica y bautizados. Todas estas leyes confirmaban el esfuerzo del estado por mantener la segregación entre ambas comunidades y evitar que los judíos pudieran tener algún tipo de dominio sobre cristianos, pero no les prohibían practicar su fe. Estas leyes no fueron puestas en práctica estrictamente: en el concilio de Narbona del mismo año, se afirma que la provincia de Septimania cuenta con una floreciente colonia de judíos, en su mayoría mercaderes. Casi 10 años después, en 597, el papa san Gregorio redime 4 esclavos cristianos capturados por los francos y vendidos a los judíos de Narbona; y en 599, escribe una carta a Recaredo felicitándole por haber rechazado una gran suma de dinero que varios judíos pudientes le habían ofrecido para que no se aplicaran las medidas decretadas en el concilio.

Apenas ascendido al trono en febrero de 612, el rey Sisebuto (notable por sus éxitos militares y su inquietud literaria y astronómica) publicó una ley en cuyo preámbulo se mostraba profundamente defraudado por el incumplimiento de las leyes de Recaredo, que ponía al día y endurecía: antes del 1 de julio de ese año, todos los esclavos cristianos que todavía quedasen en poder de los judíos, debían ser vendidos a precio razonable a un comprador cristiano, o manumitidos y dotados con algunas posesiones por sus amos. El incumplimiento o la venta ficticia, suponía que el judío perdería la mitad de sus posesiones y el esclavo sería manumitido sin indemnización. Se volvía a promulgar la sentencia a muerte del judío que convirtiera a un cristiano, aunque ahora el prosélito sería azotado y convertido en esclavo de la corona si se negaba a abjurar del judaísmo. Asimismo, en los matrimonios mixtos, el cónyuge judío era ahora obligado a convertirse al catolicismo, o sufrir destierro. Esta nueva y radical ley fue firmada por el rey delante de los altos funcionarios de su corte (el officium palatinum), pero no ante los obispos, y Sisebuto pronunció una terrible maldición para todo monarca que en el futuro no hiciese cumplir esta ley; no satisfecho con esto, el rey comenzó a impulsar las conversiones forzadas al catolicismo a partir de 616, sin apoyarse en ley alguna. Esta política fue aplicada estrictamente en los primeros años de su reinado, decayendo su cumplimiento más tarde. Y es que, aparte de los sobornos que los funcionarios aceptaban con menor escrúpulo que Recaredo, esta iniciativa desagradó a muchos obispos, especialmente a san Isidoro, obispo de Sevilla, y cabeza de la Iglesia en aquellos años. Pese a que era amigo personal del rey, Isidoro se opuso a tales prácticas de conversión forzada, y en sus Etimologiae manifiesta con firmeza que la conversión al cristianismo se debía llevar a cabo por la persuasión, y no por la imposición. Hubo incluso nobles godos favorables a los judíos en aquellos años: Froga, nada menos que conde y prefecto de Toledo, levantó una sinagoga (contraviniendo la ley), y tuvo un altercado con el metropolitano Aurasius, que había convertido al catolicismo a varios prominentes judíos de la ciudad (conocemos algunos nombres: José, el rabí Isaac, Neftalí y otros). Leví Samuel, archisinagogo o presidente de la sinagoga de Toledo, protestó ante Froga, diciendo que estos habían sido engañados y forzados a bautizarse. El conde ordenó a un hombre que golpeara con un bastón a los catecúmenos cuando salieron por primera vez vestidos de blanco de la Iglesia. Aurasius excomulgó a Froga.

Muerto Sisebuto, en el IV concilio, convocado por su sucesor Sisenando en el 633, los padres conciliares, inspirados por Isidoro de Sevilla, condenaron en el canon 59 la política persecutoria del difunto, ya que “obligó por la fuerza a quienes había de haber convencido por la razón”, dando lugar a muchas recaídas y apostasías. El concilio hubo de tratar un grave problema derivado: muchos de los conversos forzados practicaban en secreto su antigua fe. Pese a condenar el procedimiento, los padre no podían negar la validez de esos sacramentos administrados por sacerdotes y hasta obispos, y ante la disyuntiva tomaron la decisión de prohibir las conversiones forzadas pero aceptar las ya realizadas como válidas. Consecuencia de esto, los conversos que siguieran practicando los ritos mosaicos sufrirían las mismas penas que los católicos que abjurasen. A propuesta del rey Sisenando, vemos decretar leyes dramáticas aplicables a los conversos: si habían circuncidado a sus hijos, estos les serían arrebatados y entregados a familias cristianas para su educación; no podían comunicarse con judíos; si abjuraban eran azotados, entregados como esclavos y perdían su derecho a testificar. La política de conversiones forzadas de Sisebuto provocó un problema social que iba a perpetuarse en el tiempo durante siglos, llegando a la cuasi paranoia durante los siglos XV a XVII: la de los conversos que judaizaban en secreto, cuyo examen se convirtió en la principal actividad del tribunal del Santo Oficio.

El estudio de la legislación visigótica transmite la sensación de ineficacia en su cumplimiento (en este aspecto como en otros). En el canon 62 y subsiguientes, se vuelven a repetir de nuevo las mismas viejas leyes: prohibición de ocupación de cargos públicos, de matrimonios mixtos, de poseer esclavos cristianos, de liberarlos si les han circuncidado… todo hace pensar que a pesar de los sucesivos decretos, tales prácticas seguían existiendo. En el canon 60 los propios padres conciliares reconocen que muchos laicos, sacerdotes y hasta obispos, protegen a los judíos. En el canon 58 sugieren que esta protección provenía del soborno, prescribiendo excomuniones y destierros a los clérigos o funcionarios que dejaran de aplicar la legislación contra los judíos a cambio de dinero.
La muerte en 636 de san Isidoro parece haber puesto fin a la resistencia de los obispos ante la voluntad persecutoria de los reyes godos, particularmente celosos en su estrategia de unidad religiosa. En el VI concilio de Toledo, celebrado en enero de 638, el rey Chintila manifestó públicamente su intención de “acabar en su reino con la superstición judía” y no permitir la presencia de ningún no católico en Hispania. En principio, los padres conciliares se limitaron a confirmar la excomunión para aquel que protegiera a los judíos de las leyes que les concernían, pero conservamos un documento fechado el 1 de diciembre de ese mismo año: se trata de un placitum o conversión probablemente forzada firmada por los judíos bautizados de Toledo, en la iglesia de Santa Leocadia, en la que renunciaban a sus antiguas creencias, ritos y fiestas judías, el sábado, la circuncisión y sus reglas de alimentación. Someterían al control de las autoridades todas sus escrituras, junto con la Misnah, y prometían lapidar hasta la muerte a aquel de ellos que se desviase lo más mínimo de la fe católica. Se sabe que este documento estaba inspirado por el rey en persona, y contradecía la disposición del IV concilio que prohibía la política de conversiones forzadas de Sisebuto. Sin duda, hubo más como este en todo el reino.

En 642 terminaba este primer brote de persecución del judaísmo, con el ascenso al trono del rey Chindasvinto, más preocupado por perseguir a la levantisca nobleza goda y rehacer el código de leyes. Pero en 653 su hijo Recesvinto gobernó en solitario a su muerte, y recrudeció de nuevo la persecución. En la ley XIII, 2 (3 a 11), añadida por él a la Lex visigothorum o código civil del reino (que pasaría al medievo con el nombre de Fuero Juzgo), se lleva a cabo por primera vez la represión directa de la práctica del judaísmo: tanto judíos como conversos tenían vedado atacar la fe católica, criticar las conversiones forzadas, o celebrar las fiestas o ritos judíos. Los trasgresores serían castigados con la muerte y confiscación de sus bienes. El judaísmo se convirtió en una fe clandestina. Se conserva un placitum del 18 de febrero de 654, en el que se cita expresamente el precedente de Chintila, de 15 años atrás, en el que los judíos reconocían que la obstinación de su impiedad les impedía reconocer al Señor Jesucristo y abrazar de corazón la fe católica. Se comprometían a no tener relación alguna con judíos no bautizados, ni casarse con ellos, practicar la circuncisión, celebrar el sábado, la Pascua judía ni otras fiestas hebreas; aunque no les gustara, no se abstendrían de comer cerdo. Serían cristianos en todos los aspectos y si descubrían que uno de ellos violaba alguno de estos compromisos, por insignificante que fuese, le darían muerte en la hoguera o lapidándolo. El IX concilio provincial de Toledo, de 655, obligaba a los judíos conversos a pasar las fiestas cristianas en compañía del obispo, que se cercioraría de que las celebraban adecuadamente, y el X provincial, de 656, condenaban a excomunión a los clérigos que (todavía) vendían escandalosamente esclavos cristianos a los judíos.

Y es que nuevamente vemos que las leyes promulgadas por reyes y concilios parecían no cumplirse en muchos casos. El paroxismo de la persecución contra los judíos se alcanzó durante el reinado de Ervigio. Apenas 3 meses después de su ascenso al trono, en enero de 681, convocó el XII concilio de Toledo, en el que solicitó y obtuvo de los obispos un conjunto de leyes que extirpase “las pestilentes raíz y rama del árbol judío”. No podían poseer libros que atacaran la fe cristiana, sufriendo en tal caso pena de 100 latigazos y decalvación; ponía el enésimo plazo para que los judíos liberaran a todos los esclavos cristianos que poseyeran y dejaran de ocupar cargos públicos. En lo demás confirmó las leyes de Recesvinto, salvo la muerte en hoguera o lapidación de los judaizantes, que abolió por excesiva, suavizando en ese aspecto la persecución. Decretó la conversión forzada de todos los judíos del reino: en el plazo de un año, aquellos que no se hubiesen bautizado serían azotados, decalvados y desterrados, y sus propiedades pasarían a la corona. Si algún judío circuncidaba a un prosélito, ambos serían bárbaramente castrados; tanto el proselitismo como la celebración de ritos o fiestas judías eran castigadas severamente, con la amputación nasal y la confiscación de los bienes. Los judíos conversos podían conservar sus bienes, pero debían pedir permiso para viajar, y tanto en su lugar de residencia como allí donde fuesen debían de presentarse al obispo del lugar. Los obispos quedaban encomendados en la tarea de vigilar y juzgar la buena práctica cristiana de los conversos, y debían leer estas leyes en su presencia para que no pudieran alegar ignorancia. Los obispos y jueces que ignoraran su cumplimiento a cambio de dinero, serían castigados con 72 sueldos.
Los padres conciliares confirmaron las leyes del rey en el canon 9, y no es extraño que lo hicieran, pues a su frente se hallaba san Julián, metropolitano de Toledo, gran teólogo, historiador y polemista, autor de varias obras que refutaban las creencias judías (Responsiones, el Prognosticon y otras, casi todas perdidas) y el mayor apoyo de Ervigio en su política. Como otros célebres perseguidores (Torquemada, por ejemplo), Julián era hijo de judíos conversos, y su ardiente defensa del catolicismo y rechazo al judaísmo nos habla elocuentemente del devastador cisma que las conversiones habían producido en el seno de la propia comunidad hebráica.

En el año 687 Ervigio murió, y fue sucedido por su yerno Egica, un monarca duro e implacable, que procuró por todos los medios a su alcance asegurar para su familia la preeminencia en el trono. A pesar de las persecuciones, algunas comunidades seguían sosteniéndose: conocemos un sepulcro hallado en Narbona, en el que fueron enterrados 3 niños judíos víctimas de la peste que azotaba la Galia. Su padre no temió inscribir en la lápida una frase en hebreo y una palmatoria de 5 brazos. En el XVI concilio de Toledo, celebrado en febrero de 693, el rey, en su escrito dirigido a los padres conciliares, repite el ya ritual y monótono propósito de “destruir definitivamente al judaísmo”, pero sus medidas fueron dirigidas más bien a privarles de sus medios de subsistencia: un converso podía comerciar con un cristiano, pero si este tenía dudas, debía recitar el Padrenuestro y el Credo públicamente y comulgar ante testigos. Los judíos sólo podían comerciar entre ellos y estaban sujetos a un impuesto especial, que es citado como ya existente, pero que no aparece en ninguna ley previa, por lo que es imposible saber desde cuando se aplicaba. Los conversos quedaban exentos de pagar el impuesto judío, y sin duda se trataba de un aliciente para animarles al bautismo. Egica observa que muchas sinagogas estaban abandonadas y en ruinas, signo de que las conversiones o exilios habían hecho desaparecer comunidades judías enteras; lo cierto es que ninguna ley había obligado demoler las sinagogas.

Dadas las circunstancias, no es extraño que Egica abriese el XVII concilio de Toledo (694), con una alarmada preocupación por noticias que había recibido, acerca de rebeliones de judíos contra sus gobernantes cristianos en otras partes del mundo, así como de conspiraciones de los judíos del reino con “sus hermanos de ultramar” para levantarse conjuntamente y “destruir la religión cristiana”. Tales conspiraciones, si realmente fueron algo más que una trama inventada, resultan humanamente comprensibles, teniendo en cuenta las dificultades que sufrían los judíos para vivir en el reino hispanogodo. Los enemigos con los que andarían en tratos, aunque no son citados, serían probablemente los árabes, dado que los bizantinos se hallaban en franca decadencia y a punto de perder sus últimas posesiones africanas. Los obispos, a petición de Egica, aprobaron en el canon 8 la más dura ley jamás promulgada en España contra los judíos, ahora acusados no sólo de infieles, sino de traidores al rey: todos ellos serían convertidos en esclavos de la corona y sus posesiones confiscadas, siendo vendidos en puntos distantes dentro del reino. Curiosamente de tan radical medida fueron excluidos los judíos de la provincia Narbonense, en atención a los daños sufridos por la peste. Esto trasluce que, con seguridad, el celo religioso no pesaba más que la posibilidad de incautarse de propiedades que pasaban al Tesoro de la corona, y a los familiares y partidarios del rey. Como sucedió con las leyes anteriores, probablemente no fue cumplida en muchas áreas de España, pero sin duda supuso un auténtico clímax de sufrimiento para muchas comunidades judías. Alrededor del año 700, y convocado por Vitiza, hijo de Egica, tuvo lugar el XVIII concilio de Toledo, cuyas actas se han perdido; algunos cronistas medievales afirman que en él se revocaron todas las leyes antijudías, pero su testimonio tiene escaso valor.

Tras la muerte de Vitiza en el año 710, y la guerra civil entre los godos, es conocido que los musulmanes invadieron la península, conquistando el reino en el plazo de 3 años. Su caudillo Tarik obtuvo la ayuda de los judíos para conquistar muchas ciudades, entre ellas destacan Córdoba, Granada, y la capital Toledo, donde abrieron las puertas al ejército bereber. Los emires impusieron a católicos y judíos un impuesto especial y les vedaron el acceso a cargos públicos, pero les permitieron practicar libremente su religión. Los judíos volvieron a florecer en muchas ciudades del califato (podemos destacar al médico y filósofo aristotélico Maimónides), y seguirían haciéndolo cuando estas fueron reconquistadas por los reyes cristianos, que obtenían de ellos muchos beneficios económicos, hasta las persecuciones de finales del siglo XIV.

_
Se permite la reproducción (inmodificada) parcial o total de este artículo, siempre que se haga de forma libre (lo que gratis recibisteis, gratis dadlo) y se haga constar el nombre del autor, la bitácora y el portal que lo aloja.