El obispo de Solsona, Mons. Xavier Novell, ha escrito una carta a todos los fieles de su diócesis en las que les comunica su decisión de cesar como arcipreste a uno de sus sacerdotes. Decisión que el propio obispo ha “tratado de evitar, pero que finalmente, fiel al encargo de obispo de la diócesis, he tenido que tomar es bastante simple:

… desde el mes de octubre, Mn. Eduard Ribera y los demás responsables de la Hoja Interparroquial «Haciendo camino», publicaban escritos propios y de otros autores a veces manifestando opiniones contrarias a la doctrina de la Iglesia y, sobre todo, criticando abiertamente la jerarquía y su servicio ministerial. Desde entonces, había corregido a Mn. Eduard en tres ocasiones, dos de ellas mediante entrevista personal, pidiéndole que dejara de publicar textos de este tipo y notificándole en la última que, teniendo presente que la condición para nombrarlo arcipreste fue evitar precisamente este tipo de publicaciones, si no se corregía le debería pedir la dimisión.

Para suavizar la cosa, el obispo añade que le “entristecía hacerlo porque reconozco el buen trabajo realizado como arcipreste y la magnífica visita pastoral que hicimos el año pasado“. Me pregunto qué tipo de “buen trabajo” puede hacer alguien que se dedica a promocionar la heterodoxia desde una hoja interparroquial, pero no conozco las circunstancias y el prelado sí. Quizás sería conveniente que averiguara si esas “opiniones contrarias a la doctrina de la Iglesia” se dicen no solo desde el papel sino desde el púlpito. Los fieles tienen el derecho a ser fortalecidos con sana doctrina y no con alimento espiritual corrompido por la heterodoxia.

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Empiezo mi artículo reconociendo que tengo más dudas que certezas sobre el punto 8 del documento de la Conferencia Episcopal Alemana. El contenido del mismo se puede leer en la noticia que hemos dado.

Vamos directamente al meollo de la cuestión. Los obispos alemanes dicen que se puede usar la píldora del día después (PDD) en caso de violación. Y el texto, tal y como yo lo entiendo, afirma que hay píldoras que contienen principios activos alterados que, en principio, no provocarían el aborto en caso de que se hubiera dado la concepción. Esa es la primera pregunta que cabe hacer: ¿Hay una nueva generación de píldoras del día después que no tengan, de ninguna de las maneras, un posible efecto abortivo?

Si la respuesta es sí, queda zanjada la cuestión principal de esta polémica. Si la respuesta es no, estaríamos obviamente ante un error de bulto de los obispos alemanes (ver enlace de la CEE) que debería ser corregido por la Santa Sede. De hecho, si la respuesta es “no se sabe con certeza", tampoco cabe administrar la PDD, porque ante la duda debe siempre primar la protección del derecho a la vida del posible embrión fecundado.

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La noticia parece ciertamente impactante. El presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Mons. Vincenzo Paglia ha propuesto afrontar “las cuestiones de las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito del derecho privado, para garantizar las cuestiones patrimoniales".

Antes de analizar lo que ha dicho el prelado y, sobre todo, lo que no ha dicho, conviene tener en cuenta una realidad patente. La inmensa mayoría de los medios de comunicación no religiosos ha entendido sus palabras como un apoyo directo al reconocimiento de las uniones civiles homosexuales, a las que simplemente no habría que llamar matrimonio ni permitirles la adopción. Pues bien, esa interpretación no cabe dentro de la doctrina católica sobre esta materia. La misma está explicada con claridad meridiana en el documento “Consideraciones acerca de los proyectos de reconomiento legal de las uniones entre personas homosexuales", de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dicho texto magisterial, firmado por el cardenal Ratzinger (hoy Papa Benedicto XVI) concluye con el siguiente párrafo:

La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.»

Nótese claramente que no se condena meramente la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio. Se dice que no deben reconocerse legalmente esas uniones. Y punto.

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“Promoveré la disciplina común de toda la Iglesia e insistiré con habilidad en la observancia de todas las leyes eclesiásticas, en primer lugar aquellas que están contenidas en el Código de Derecho Canónico“. No me negarán ustedes que como declaración de principios de un arzobispo que llega a pastorear su nuevo rebaño, la frase de marras es cuanto menos poco común en nuestros tiempos. Pero es la que ha pronunciado Mons. Carlos María Franzini, arzobispo electo de Mendoza, días antes de tomar posesión de su cátedra episcopal en la archidiócesis argentina.

Por si cabía alguna duda sobre su intención, ha remachado que piensa velar “con dedicación para que no se introduzcan insensiblemente malas costumbres, principalmente en lo que respecta al ministerio de la palabra y la celebración de los sacramentos“.

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Mons. Robert Finn tiene un “pequeño” problema en su diócesis de Kansas City. En la misma está alojada el National Catholic Reporter (NCR), que es el medio de comunicación progreeclesial por excelencia de Estados Unidos. Dado que NCR sirve de portavoz y apoyo a todo elemento supuestamente católico que disiente abiertamente del Magisterio de la Iglesia, el obispo no cesa de recibir quejas de fieles que están hartos del título de “Catholic” que aparece en la cabecera de dicho medio. Es lógico. No puede ser católico quien no profesa la fe católica, quien hace del disenso doctrinal su leit motiv.

Cuando Mons. Finn ha pedido explicaciones a los responsables del NCR, la respuesta ha sido que ellos son un “periódico independiente que comenta sobre ‘asuntos católicos’“. O sea, en otras palabras, usted métase en sus asuntos, señor obispo, que nosotros no tenemos que darle explicaciones de nada. Otros obispos intentaron en vano que la palabra “Catholic” fuera eliminada. Y me imagino que no hay gana alguna de meterse en un conflicto legal sobre esa cuestión. No parece fácil que el término “catholic” sea considerado como copyright de la Iglesia Católica por parte de un tribunal de EE.UU. Otra cosa es que el sentido común dicte que no se puede llamar católico quien no lo es.

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