(InfoCatólica) La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han defendido la medida como una respuesta a posibles retrocesos y han exigido a la Comunidad de Madrid el registro de objetores de conciencia en el ámbito sanitario.
Redondo ha afirmado:
«Estamos dando un paso histórico para blindar los derechos de las mujeres frente a quienes pretenden retroceder en conquistas ya consolidadas. El aborto es un derecho, y lo protegeremos en la Constitución para que ninguna fuerza política pueda cuestionarlo en el futuro».
Pilar Alegría ha añadido:
«Esta reforma es una apuesta por la igualdad y la justicia social. No permitiremos que las mujeres vean restringido su derecho a decidir por motivos ideológicos o por diferencias territoriales».
Alegría también ha confirmado que el Ejecutivo ha solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, que facilite el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. En este sentido, ha declarado:
«Es imprescindible contar con esta información para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en todo el territorio nacional, sin excepciones ni barreras».
La reforma constitucional, impulsada por el PSOE y Sumar, requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado, lo que implicará negociaciones con otras fuerzas políticas. Redondo ha asegurado que la medida tiene un carácter preventido:
«No se trata de ampliar plazos, sino de asegurar que este derecho quede protegido ante el auge de discursos conservadores que hemos visto en otros países».
La ministra ha hecho referencia a la necesidad de alinear la legislación española con estándares europeos y responder a las demandas de colectivos feministas.
Por su parte, Alegría ha respondido a las críticas del PP, que considera la exigencia del registro de objetores una intromisión en las competencias autonómicas. La portavoz ha insistido:
«No estamos invadiendo competencias, estamos asegurando derechos. Las comunidades autónomas deben colaborar para que la ley se cumpla de manera homogénea».
El proceso de reforma constitucional, según han explicado, podría prolongarse varios meses y, en caso de no alcanzar un consenso amplio, podría derivar en un referéndum. Dado que el Partido Popular ya ha anunciado que no apoyará la propuesta, puede que estemos ante el primer paso para que en España se celebre un referéndum similar a los celebrados en Portugal e Irlanda, donde el aborto recibió el apoyo mayoritario de la población.








