(InfoCatólica) El ministro de Educación y responsable de la laicidad, Jean-François Roberge, confirmó el 28 de agosto que el proyecto de ley será presentado en la próxima sesión parlamentaria de otoño, con el objetivo de abordar lo que el gobierno describe como una «proliferación de oraciones en las calles», en referencia a organizaciones religiosas, principalmente islámicas, observadas durante 2024.
La iniciativa se enmarca en la política de laicidad estricta que Quebec ha promovido en los últimos años, destacada por la Ley 21 de 2019, que prohíbe a los empleados públicos en posiciones de autoridad —como jueces, policías y maestros— usar símbolos religiosos visibles, y la prohibición de oratorios en escuelas públicas en abril de 2023. Según Roberge, la nueva legislación busca garantizar la neutralidad de los espacios públicos al prohibir oraciones colectivas o visibles en lugares como calles, parques, plazas y edificios públicos. Aunque no se han especificado todos los detalles, el gobierno ha señalado que la medida no afectaría las prácticas religiosas privadas en hogares o lugares de culto, pero sí apunta a manifestaciones públicas que, según las autoridades, podrían alterar el orden o la percepción de neutralidad del Estado.
El anuncio responde directamente a eventos recientes, como grandes oraciones islámicas en las calles de Montreal y otras ciudades, que generaron debate público y críticas de algunos sectores que las consideran incompatibles con el modelo de laicidad quebequense. El gobierno sostiene que estas manifestaciones representan un desafío a la cohesión social y a los valores laicos de la provincia, un argumento que ha resonado entre una parte considerable de la población local.
Reacciones
El arzobispo de Montreal, Mons. Christian Lépine, expresó su «grave preocupación» por las consecuencias de la medida, a la que considera incompatible con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, la Carta de Derechos y Libertades de Quebec y la Declaración Universal de Derechos Humanos. A su juicio, iniciativas como esta desincentivan gestos de esperanza y solidaridad, y podrían amenazar tradiciones religiosas profundamente arraigadas en la provincia.
La Asamblea de Obispos Católicos de Quebec también alzó la voz a través de su presidente, el obispo Martin Laliberté, quien se declaró «estupefacto» y alertó de que la medida afectaría a personas de múltiples credos. En una carta abierta, los obispos advirtieron que la propuesta sería discriminatoria, inaplicable y dirigida especialmente contra minorías religiosas. Efectivamente, la ley podría usarse para prohibir procesiones católicas.
La Fundación Canadiense para la Constitución señaló que la iniciativa vulneraría el derecho a la libertad religiosa, protegido por la Constitución. Su directora de litigios, Christine Van Geyn, declaró:
«Esta legislación constituye un atentado contra el derecho a la libertad religiosa, protegido por la Constitución. Consideramos que se trata de un exceso que afectará a comunidades religiosas de todo Quebec y que merece una revisión minuciosa. La laicidad no exige hostilidad hacia las personas creyentes, y eso es precisamente lo que representa esta ley propuesta».
Van Geyn añadió:
«Es comprensible que el gobierno quiera evitar protestas o rezos que bloqueen calles, pero prohibir toda oración pública en Quebec vulnera precisamente las libertades que hacen que Canadá sea mejor que una teocracia. El gobierno debería aplicar las leyes existentes y multar a quienes bloqueen el tráfico o incumplan las ordenanzas sobre ruido; no atacar a todas las personas creyentes».
La Asociación Canadiense de Libertades Civiles calificó la propuesta de «una clara vulneración» de la libertad religiosa, de expresión, de reunión y de asociación. Su directora, Harini Sivalingam, afirmó:
«Suprimir la expresión religiosa pacífica, sea individual o comunitaria, bajo el pretexto de la laicidad, no solo margina a las comunidades religiosas, sino que también socava los principios de inclusión, dignidad e igualdad».
El director ejecutivo de la CCLA, Howard Sapers, advirtió sobre «la creciente tendencia de algunos gobiernos a abusar de la cláusula de excepción (ndr:ver más abajo) para vulnerar derechos y libertades fundamentales».
El Foro Musulmán Canadiense también se sumó a las críticas, afirmando que las oraciones públicas son una manifestación de la libertad de expresión, y que una prohibición generalizada estigmatizaría a comunidades, fomentaría la exclusión y debilitaría la cohesión social en Quebec. «El gobierno debería centrarse en resolver problemas reales, no en vigilar los derechos fundamentales de sus ciudadanos», afirmó el grupo en un comunicado.
La población, a favor
Por otro lado, una encuesta reciente realizada por Leger indica que los quebequenses son los más propensos en Canadá a apoyar restricciones a las oraciones públicas, con un apoyo considerable en la provincia, especialmente entre los votantes de la CAQ. Este apoyo refleja el arraigo cultural e histórico de la laicidad en Quebec, influenciado por la llamada «Revolución Tranquila» de los años 60, que marcó un alejamiento de la influencia de la Iglesia católica en la vida pública.
Anticonstitucional
Expertos constitucionales han cuestionado la viabilidad legal de la propuesta, sugiriendo que podría requerir el uso de la cláusula de excepción (notwithstanding clause) de la Carta Canadiense, una herramienta que Quebec ya empleó para implementar la Ley 21 y otras medidas polémicas. Esta cláusula permite a las provincias suspender temporalmente ciertas protecciones constitucionales, pero su uso recurrente ha generado críticas por debilitar los derechos fundamentales. Algunos analistas advierten que la prohibición podría enfrentarse a demandas judiciales prolongadas, similares a las que han desafiado legislaciones previas.
En el ámbito político, la propuesta ha intensificado las tensiones entre el gobierno provincial y las comunidades minoritarias, así como con partidos de oposición como Québec Solidaire y el Partido Liberal de Quebec, que han expresado su preocupación ante la estigmatización de grupos religiosos.
La CAQ cuenta con una sólida mayoría en la Asamblea Nacional y tiene el apoyo de su base electoral para sacar adelante la ley.
