(InfoCatólica) Francia registró en 2025 un total de 259.416 abortos, un 2,9 % más que el año anterior, mientras el país asiste al descenso sostenido de su natalidad. Lo recoge el último número de Études et Résultats, la publicación de la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística (DREES), el servicio estadístico público de sanidad y solidaridad, en un estudio firmado por Annick Vilain y Jeanne Fresson que se publica cincuenta años después de que la ley Veil despenalizara el aborto en 1975.
La tasa alcanza los 17,8 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, la más alta de la serie que la DREES ofrece desde 1990. Tras mantenerse estable en torno al 15 por mil desde principios de los años 2000, empezó a crecer en 2018, retrocedió durante la pandemia en 2020 y 2021 y ha subido medio punto tanto en 2024 como en 2025. En 2023 se superaron los 244.000 abortos y en 2024 se llegó a 252.197, cifra que el organismo ha corregido al alza respecto a su publicación anterior. El aumento del último año es de 7.219 abortos.
El estudio aporta un indicador que va más allá de la cifra anual. El índice coyuntural de aborto, que neutraliza los cambios en la estructura de edad de la población, se sitúa en 0,63, frente al 0,61 de 2024 y el 0,55 de 2018. La propia DREES lo traduce en términos concretos, ya que con las tasas actuales, y si cada aborto correspondiera a una mujer distinta, más de seis de cada diez francesas abortarían a lo largo de su vida fértil.
Una subida que alcanza a todas las edades
El recurso al aborto es más frecuente entre los 20 y los 29 años, con 29,7 casos por mil entre los 20 y los 24 años y 30,3 entre los 25 y los 29. Desde 2022 las tasas aumentan en todas las edades. En las mujeres de 25 años o más el incremento prolonga la tendencia anterior, pero en las menores de 25 supone una ruptura, porque su recurso al aborto venía descendiendo desde varios años antes de la pandemia. Entre las menores de edad la tasa crece ligeramente desde 2022 y llega al 5,8 por mil, aunque sigue siendo el único grupo que se mantiene por debajo del nivel de 1990, cuando era del 7,0.
La DREES sitúa este aumento en un contexto más amplio de cambio en los comportamientos ante la anticoncepción, documentado por la encuesta Contexte des sexualités en France.
Las diferencias territoriales son muy marcadas. En los departamentos y regiones de ultramar la tasa, ajustada por edad, es del 33 por mil, el doble que en la Francia metropolitana (17 por mil), y supera el 45 por mil en Guadalupe y en la Guayana, aunque en este último caso el organismo advierte de que parte de los abortos corresponde probablemente a mujeres no residentes. En la metrópoli, la tasa de Provenza-Alpes-Costa Azul (23 por mil) casi duplica la de Países del Loira (12,6).
Fármacos, consulta privada y matronas
El 81 % de los abortos son ya farmacológicos, un punto más que en 2024, frente al 31 % de 2001 y el 68 % de 2017. En 2004 todos se practicaban en centros sanitarios y el 57 % eran quirúrgicos. Hoy el 47 % se realiza fuera de ellos, y es precisamente el aborto farmacológico extrahospitalario el que impulsa la subida, mientras los quirúrgicos se mantienen estables y los farmacológicos hospitalarios disminuyen.
El protagonismo de las matronas es el dato que la DREES destaca en el título de su estudio. Autorizadas desde 2016 a practicar abortos farmacológicos en su consulta, realizan ya uno de cada cuatro abortos del total, el 54 % de los que se llevan a cabo en consulta privada. Su actividad ha crecido un 15 % en un año y son ya 1.690 las que practican abortos, 240 más que en 2024, mientras el número de médicos generalistas solo aumenta en 40 y el de ginecólogos permanece estancado.
Una política orientada a facilitar el aborto
Esta transformación responde a una voluntad política constante de facilitar el acceso al aborto. En 2016 se suprimió el plazo de reflexión obligatorio de siete días para las mayores de edad y la financiación pública pasó al 100 %. En 2022 el plazo legal se amplió hasta las catorce semanas de gestación, y el 8 de marzo de 2024 la Constitución incorporó la libertad de las mujeres para recurrir al aborto. Con todo, sería abusivo atribuir el aumento de forma mecánica solo a estas reformas.
La ampliación de 2022 tiene ya un reflejo medible. Uno de cada diez abortos hospitalarios se practica a partir de las 12 semanas de amenorrea, es decir, contadas desde la última regla, lo que equivale a diez semanas de gestación. Representan el 5 % del total. De los 531 centros que practicaron algún aborto en 2025, 406 realizaron al menos uno entre las 12 y las 16 semanas de amenorrea, y 230 lo hicieron en las semanas 15 o 16. La DREES pide prudencia con estas cifras porque en el 2,1 % de los abortos hospitalarios la duración del embarazo consta como desconocida o errónea.
El contraste con la evolución demográfica resulta llamativo. Mientras los poderes públicos se alarman por la caída de la natalidad, los abortos siguen creciendo. No existe entre ambos fenómenos una relación estadística automática, pero la coincidencia obliga a interrogarse sobre las prioridades de la política familiar francesa. ¿Qué ayudas reales se ofrecen a las mujeres que desean seguir adelante con su embarazo pese a sus dificultades económicas? ¿Qué atención se presta a la vivienda, a la estabilidad laboral, al apoyo a las familias y a la acogida de los hijos? ¿Y por qué el debate público insiste más en el acceso al aborto que en los medios para que no tengan que recurrir a él las mujeres que quieren tener a su hijo?
La cuestión va más allá de las convicciones científicas y religiosas, porque afectan a la solidaridad nacional, a la maternidad y a la capacidad de una sociedad para acoger la vida.
