(LifeNews/InfoCatólica) Según un reciente artículo publicado en The Atlantic, el suicidio asistido se ha vuelto tan frecuente en Canadá que los médicos no pueden atender la demanda creciente. El texto, titulado apropiadamente «Canadá se está matando a sí misma», expone cómo la Ley de Asistencia Médica para Morir (MAiD, por sus siglas en inglés), aprobada hace apenas diez años, representa ya aproximadamente una de cada veinte muertes en el país. Esta cifra supera el total combinado de fallecimientos por alzhéimer y diabetes, así como las tasas registradas en países donde la eutanasia lleva más tiempo legalizada.
El problema no radica en la falta de médicos dispuestos. De hecho, muchos profesionales están acudiendo al que el artículo describe como «el régimen de eutanasia de más rápido crecimiento del mundo». Un ejemplo de ello es la doctora Stefanie Green, fundadora de la Asociación Canadiense de Evaluadores y Proveedores de MAiD, quien dejó atrás décadas de práctica como médico de maternidad para dedicarse a este ámbito. Según declaró a The Atlantic, ambos tipos de medicina implican «partos».
Algunos médicos han informado de haber practicado cientos de eutanasias y, aun así, la demanda sigue superando la oferta. El Parlamento canadiense legalizó el MAiD en 2016, prometiendo una mayor autonomía y una reducción del sufrimiento. Sin embargo, esta práctica ha generado preocupaciones sobre la integridad de la medicina, los derechos de conciencia, la presión sobre los más vulnerables y la expansión de lo que muchos denominan una «cultura de la muerte».
Tal como señala la Asociación Médica Estadounidense en su declaración oficial: «La eutanasia es fundamentalmente incompatible con el papel del médico como sanador, sería difícil o imposible de controlar, y supondría graves riesgos sociales». Esta advertencia cobra aún más relevancia en sistemas de salud pública como el canadiense, donde las decisiones sobre quién debe vivir o morir pueden acabar determinadas por factores económicos, justificados por nociones arbitrarias sobre la «calidad de vida».
Allí donde se legaliza, el llamado «derecho a morir» pronto se convierte en un supuesto «deber de morir». Aunque se promete a los pacientes una «muerte digna» y el fin del sufrimiento, muchos expresan el deseo de no ser «una carga» para sus seres queridos. Según explicó la profesora de Derecho y Discapacidad, Theresia Degener, existe la percepción de que «una vida con discapacidad vale automáticamente menos, y que en algunos casos, la muerte es preferible».
Pese a las afirmaciones de las autoridades canadienses, no existen salvaguardias efectivas. Un informe publicado el año pasado en The New Atlantis documentó cientos de infracciones graves a la normativa tan solo en la provincia de Ontario, sin que ninguna haya sido denunciada ante las autoridades judiciales. Aunque el forense jefe de Ontario, Dirk Huyer, aseguró que «todos los casos se reportan y son revisados», médicos informantes identificaron más de 400 «incumplimientos», entre ellos la administración de eutanasia a pacientes incapaces de consentir o fallos en la comunicación con los farmacéuticos.
Solo el 61 % de los médicos informa a los farmacéuticos del propósito de los medicamentos antes de dispensarlos, como exige la ley. Además, se han documentado casos en los que los proveedores aceleraron el proceso sin respetar el plazo legal de espera de diez días. En un caso, la doctora Eugenie Tjan administró los fármacos equivocados; al no producirse la muerte, debió suministrar otros distintos. Huyer no reportó este incidente, y más tarde admitió que fue una violación «flagrante» de la ley canadiense: «La familia y la persona fallecida sufrieron enormemente».
Según el mismo informe, aproximadamente una cuarta parte de los proveedores de eutanasia en Ontario fueron notificados por la oficina del forense sobre problemas de cumplimiento solo en 2023. La legislación nacional exige que estos informes deriven en investigaciones penales, pero Huyer no informó ninguno. En su lugar, optó por mantener «conversaciones informales» con los profesionales implicados. La doctora Tjan, por ejemplo, solo recibió un correo de advertencia y continúa ejerciendo.
Hablar de «pendiente resbaladiza» se queda corto. El MAiD comenzó como una opción para pacientes gravemente enfermos al final de la vida. Actualmente, la ley se ha ampliado para incluir a personas con enfermedades graves que no están en fase terminal, y próximamente permitirá el acceso a personas con trastornos mentales. Además, el Parlamento ha recomendado extender la práctica a menores de edad.
El suicidio asistido no es una práctica médica en sentido estricto, sino una que corrompe la medicina, pone en riesgo a los más vulnerables y mina la confianza pública. En este contexto, la esperanza es que el caso canadiense sirva de advertencia para otros países y que los cristianos en Canadá den testimonio valiente tanto en su forma de vivir como de morir.
