(InfoCatólica) La agenda de la «cultura de la muerte» de la coalición del Partido Socialista de España y los comunistas de Podemos adquiere velocidad.
Después de la aprobación de la ley de Eutanasia y de que el Consejo de Ministros diese vía libre a la «ley Trans» ahora quiere una vuelta de tuerca más al aborto.
La propuesta tiene cuatro objetivos
- acabar con los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar, tal y como establece la ley
- acentuar la persecución de los rescatadores, incluso con cárcel, para proteger el negocio de los abortorios y privar a las madres de su derecho de información
- eliminar el consentimiento paterno expreso para las menores que quieran abortar, y
- limitar la objeción de conciencia del personal sanitario, ya que en la actualidad la mayoría quieren seguir siendo médicos y salvar vidas, el aborto no es un procedimiento médico.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este jueves que «la Ley del aborto necesita una reforma» para «eliminar los tres días de reflexión» que son obligatorios para aquellas mujeres que se hayan planteado deshacerse de sus hijos. Cree que es «importante» lanzar el mensaje de que «las decisiones de las mujeres no necesitan supervisión» ni «ser tuteladas», según ella lo están.
Montero ha inaugurado unas autodenominadas jornadas sobre salud sexual y reproductiva (aborto), organizadas por el Instituto de las Mujeres, donde se ha referido a esta reforma en la que, según ha indicado, ya están trabajando, y que ella misma anunció hace ahora casi un año.
La titular de Igualdad sostiene que «España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto» y ha señalado su intención de que la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva se impulse en «próximos meses» para que «sea una realidad cuanto antes».
En su intervención, ha reconocido que el texto aprobado sobre esta materia en 2010 fue «un avance significativo» para la sociedad española, aunque cree que ahora «han surgido nuevas necesidades».
Además, ha criticado las tímidas «barreras» que «de la mano del PP» se incluyeron en la ley en 2015, con la «obligación de las mujeres de 16 a 18 años» de «contar con el consentimiento expreso» de ambos progenitores o tutores para llevar a cabo el aborto.
Sin embargo el Partido Popular que disfrutó de dos mayorías absolutas no derogó ninguna de las leyes del aborto, todo lo más sometió a la del 2010, con la que el aborto pasaba a ser un derecho, a una tímida reforma cosmética. Los pocos diputados y senadores populares que discreparon fueron laminados por el presidente del PP Mariano Rajoy.
Acabar con la objeción de conciencia y los rescatadores
Montero quiere penalizar lo que llama «el acoso a las clínicas», e impedir la labor de los rescatadores que salvan vidas de los niños y de las madres; y, por supuesto, regular la objeción de conciencia de los médicos para que «no esté por encima del derecho a decidir sobre su cuerpo» de las mujeres y que estas puedan realizar el aborto en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos». En la actualidad la mayoría de los médicos ejercen como tales y objetan, ya que el aborto directo no es médicamente necesario para salvar la vida de una mujer
