(Agencias/InfoCatólica) No ha habido una gran decepción, es el modo de actuar de ciertos «conservadores» en cuanto llegan al poder. Para sorpresa de nadie, el presidente de Chile, José Antonio Kast, cerró el 10 de agosto la puerta al proyecto de ley «Escucha su corazón» (Boletín 18.419-11), la iniciativa que propone modificar el Código Sanitario para incorporar un trámite previo al aborto en las tres causales legales: el médico deberá informar si existe actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable, ofrecer a la paciente escucharla y, si esta rechaza el ofrecimiento, abstenerse de practicar la intervención.
«Es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso; pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia», afirmó el mandatario en una entrevista con T13 Radio, según recoge BioBioChile. La decisión ha provocado desazón inmediata entre los diputados que impulsan el texto, procedentes de las filas afines al propio jefe de Estado.
Un «gobierno de emergencia» sin agenda valórica
Kast justificó su posición en el programa con el que llegó a La Moneda. «Nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar en un gobierno de emergencia: temas de economía, seguridad, social, que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión», explicó. El presidente introdujo además una objeción sobre el diseño del texto: «En otros países, (escuchar) el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria».
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados el 25 de junio de 2026 por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL, autor principal), junto con los diputados Álvaro Jofré (PNL), Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes (los tres del Partido Republicano) y Ximena Ossandón (Renovación Nacional), que retiró su firma poco después. El punto más polémica causó del articulado radica en que, pese a presentarse como un refuerzo del consentimiento informado, vincula el rechazo de la escucha con la obligación del médico de no proceder al aborto, lo que convierte un ofrecimiento nominalmente voluntario en requisito de acceso. No mucho más que firmar cualquier consentimiento y esto lo convertiría en un consentimiento más informado.
En Chile el aborto es legal desde 2017 en tres supuestos: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y violación. La norma (Ley 21.030) fue aprobada durante el segundo mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet. Según cifras atribuidas a la exministra de Salud Ximena Aguilera desde la entrada en vigor de la ley hasta 2025 acudieron 6.249 mujeres a un centro de salud amparándose en alguna de las tres causales; el 85 % decidió practicarse la interrupción y el 15 % continuó con el embarazo.
Fisuras en la coalición y rechazo institucional
La diputada Ximena Ossandón retiró su patrocinio entre el 16 y el 17 de julio, tras reconocer que había firmado sin haber leído el articulado completo y que la cláusula que condiciona la práctica del aborto a la aceptación de la escucha le resultó «una sorpresa». El retiro se formalizó mediante oficio ante la Comisión de Salud de la Cámara, según documentó El Mostrador. El presidente de esa comisión, el diputado Andrés Celis (RN), descartó priorizar el proyecto en la tabla por falta de urgencia del Ejecutivo y acumulación de iniciativas anteriores.
El Colegio Médico de Chile emitió el 15 de julio una declaración pública en la que afirmó que el consentimiento informado debe ser «libre de coerción» y cuestionó la compatibilidad de la medida con una atención clínica centrada en la paciente. Además, bancadas del Partido Republicano y del PNL bloquearon en la Sala de la Cámara la solicitud de unanimidad para que el proyecto fuese también analizado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
El desmarque del Ejecutivo se había anticipado el 3 de agosto, cuando la ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que el proyecto «carece de evidencia científica» y que no existe respaldo clínico de que escuchar los latidos cambie la decisión de una mujer en las tres causales. La diputada Sara Concha, del Partido Republicano y presidenta de la Comisión de Familia, marcó igualmente distancia desde una posición declaradamente provida: «La defensa de la vida no puede transformarse en una revictimización de la mujer».
«Yo esperaba más del Presidente»
Las palabras de Kast cayeron mal entre los libertarios. El jefe de la bancada de diputados del PNL y principal impulsor del proyecto, Cristóbal Urruticoechea, reconoció el derecho del presidente a fijar sus prioridades, pero situó en otro plano la cuestión de fondo: «No bajaremos los brazos, vamos a seguir dando la lucha, la batalla, hasta levantar todo lo que derrumbó el gobierno del expresidente Gabriel Boric. No solamente en materia económica, sino en materia humana. Una nación crece y nace libre cuando lo más importante de todo puede vivir en paz, y ese es aquel ciudadano que merece vivir desde su concepción hasta su muerte natural», declaró, en palabras que recoge La Tercera.
La diputada Paulina Muñoz, también libertaria, fue más directa: «Yo me pregunto cuándo es el tiempo de nosotros para poder poner encima de la mesa los temas valóricos. La defensa de la vida inocente no tiene tiempo. Yo esperaba más del Presidente, siendo él un hombre de fuertes principios y valores». Muñoz precisó que nadie exige al mandatario que apruebe o rechace el texto, sino que reconozca al asunto el mismo espacio que a otras materias de interés nacional.
La voz del arzobispo de Santiago
El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago y primado de Chile, se pronunció sobre el proyecto en dos ocasiones, según recoge ACI Prensa. El 17 de julio defendió que «toda vida merece ser acogida»; sin embargo, el 27 de julio matizó su posición, desplazando el foco hacia la figura de los médicos y mostrándose arrepentido por un tuit previo sobre las madres y los latidos que fue considerado insensible. El cardenal propuso como alternativa que sean los profesionales sanitarios quienes escuchen la actividad cardíaca, no las pacientes, al tiempo que reiteró su oposición al aborto «bajo cualquier circunstancia». No se ha localizado un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Chile como cuerpo colegiado sobre este proyecto concreto.
Un proyecto sin vía legislativa clara
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respaldó la decisión de Kast: «Coincido totalmente con el Presidente. Es un debate que se debe concentrar en el Congreso, sin que el gobierno ingrese a la discusión». Squella aclaró que votaría a favor del texto con modificaciones, pero situó sus prioridades en la seguridad y la reforma constitucional.
La senadora del PNL Vanessa Kaiser replicó a la ministra Chomali en La Tercera: «El problema es que ella dijo que este debate no agrega nada. Se desautoriza a sí misma, a menos que sea abortista. Desde que el diputado Urruticoechea levantó esto, a nadie se le ocurre decir "eso es una mórula", empezamos a hablar del niño. Es un triunfo cultural gigantesco». Kaiser añadió una advertencia política al Gobierno: «Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo».
La presentación del proyecto generó movilizaciones en al menos una decena de ciudades el 31 de julio, bajo lemas como «Escucha mi corazón» y «Escucha mi decisión». A 12 de agosto de 2026, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Salud, sin prioridad en la tabla, sin urgencia del Ejecutivo y habiendo perdido uno de sus patrocinios originales.
A diferencia de las heartbeat bills estadounidenses, que prohíben directamente el aborto a partir de la detección de actividad cardíaca (~6 semanas de gestación), el modelo chileno no establece una prohibición sino que condiciona el acceso a la aceptación de un trámite.
