El 7 de octubre de 1978 (“casualmente” el día de Nuestra Señora del Rosario) fue aprobada en el Congreso de los Diputados la despenalización del uso, venta y promoción de los anticonceptivos en España. En realidad, el más usado de ellos, la píldora anticonceptiva ya se vendía en España desde 1964 pero solo bajo autorización médica como parte de tratamientos ginecológicos respecto a problemas menstruales. Ahora se abría la veda totalmente para usar sin ninguna restricción estos letales abortivos.
Recordemos que salvo los métodos de barrera y de esterilización (moralmente muy reprobables) no existe ningún fármaco ni dispositivo considerado como anticonceptivo que no tenga efecto abortivo, y que su fabricación, prescripción, dispensación y consumo tienen implicaciones morales tanto para médicos, farmacéuticos, fabricantes y consumidoras.
Lo que en su día se ocultó a la sociedad española por parte del gobierno de Adolfo Suárez (o apenas se le dio publicidad) es que la legalización total de los anticonceptivos era uno de los acuerdos entre Gobierno y oposición en el marco de los llamados Pactos de la Moncloa, de 1977 que, aunque se referían principalmente a cuestiones económicas también incluían cuestiones de tipo social “consideradas prioritarias”. Fue una de las grandes traiciones a la sociedad española conceder este grave derecho al mal .
En abril de 1978 había empezado en el Congreso el debate para esta despenalización, a propuesta del grupo parlamentario comunista y duró varios meses paralelamente a los debates sobre la redacción de la Constitución. Por supuesto, la legalización de los anticonceptivos fue aclamada por la mayoría de la prensa como un avance imprescindible “en la modernización del país”. Fue aprobada con los votos favorables de UCD, socialistas, comunistas y Minoría Catalana (Convergencia Democrática, el partido “católico” de Pujol). Se opuso Alianza Popular. La única discrepancia entre UCD, socialistas y comunistas fue que la UCD introdujo una enmienda (perfectamente irrelevante para el futuro) que contemplaba la posibilidad de prohibir anticonceptivos “nocivos para la salud”.
Paralelamente, la izquierda intentó debatir ya la despenalización del aborto. El gobierno no aceptó, de hecho, el presidente Suárez manifestaba estar en contra del aborto, pero el portavoz de UCD afirmó que su partido no se negaba a discutir este asunto “más adelante, en un debate tranquilo y sosegado”. En realidad, pronto se vería que, en la Constitución, cuya redacción estaba a punto de concluir en aquel momento, brillaba por su ausencia la prohibición del aborto, con lo cual, de hecho, se abría la puerta a su legalización posterior.
Probablemente tampoco fue casualidad que la despenalización de los anticonceptivos coincidiera con la expansión de la pornografía en España, ya totalmente legalizada, después de su prohibición durante el régimen del General Franco. Una muestra muy clara de ello fue el aclamado (por la mayor parte de la prensa) aterrizaje en España de la revista Playboy, en noviembre de 1978. Su fundador el norteamericano Hugh Hefner había llegado a ser inmensamente rico gracias a su imperio pornográfico que constaba entonces de rascacielos en Nueva York y Chicago, 5 casinos, 3 hoteles de superlujo, clubs privados en ocho ciudades de Estados Unidos, una editorial, una productora de cine y 2 fincas de recreo.
Hefner vino a España y celebró el estreno de su edición en español (dentro del grupo de editoriales de José Manuel Lara) con una fiesta en el hotel Ritz de Barcelona. El diario EL PAÍS tituló “Llega a España el erotismo de calidad”.
También aparecieron en esa época otras publicaciones como la felizmente desaparecida “Interviu”, revista de gran tirada entonces, que con desnudos en la portada contribuyó a degradar a un gran número de españoles y ensalzar el culto a la indecencia.
Igualmente, la transición fue también la época más descarada del “cine del destape” en España. Mientras, en la prensa de la época aparecían con pequeños artículos o perdidas en páginas interiores las noticias sobre los cotidianos asesinatos de la banda terrorista ETA (79 en ese año), que, en plena campaña de limpieza étnica e ideológica en Vascongadas, había establecido ya su reinado de terror en esa región, antaño tan entrañablemente española.
La legalización de los anticonceptivos coincidió inmediatamente – y no puede ser casualidad- con el fin del baby boom que había vivido España en los años 60 y 70. Probablemente no fue la única causa y la grave crisis económica que vivió España coincidiendo con la llegada de la democracia también influyó desde luego, pero no se puede negar que la generalización y popularización de los anticonceptivos en nuestro país fue el inicio de la “cultura hedonista” de la búsqueda del placer a cualquier precio como único objetivo en la vida, que hoy padecemos con tanta magnitud y a tantos niveles.
Se implantó así en España el germen de políticas antinatalistas que el aborto vendría a apuntalar definitivamente pocos años después. Nadie pensó entonces en las terribles consecuencias, no solo morales, sino económicas de todo esto con la imposibilidad de mantener las prestaciones sociales en nuestro país para las generaciones presentes y futuras que hoy ya se percibe con nitidez a causa de la dramática caída del índice de natalidad que sufre España desde entonces.
Hoy por suerte ya son muchas las voces científicas que se alzan para denunciar el efecto moral nefasto que causa la pornografía con su capacidad para encadenar a la gente en una terrible adicción que puede llevarle a abominables crímenes. Es de esperar una reacción en algún momento contra la pornografía. No en vano, el sangriento y astuto dictador genocida comunista chino Mao Zedong ya escribió que “para destruir una nación hay una fórmula segura: inundarla previamente de pornografía”.
Javier Navascués