(Actuall/InfoCatólica) En medio de esta pandemia, con el apoyo ciudadano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, publicó el 12 de agosto en el Boletín Oficial de la región, una «Orden de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que las entidades sin ánimo de lucro, soliciten subvenciones para realizar proyectos de “atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”».
Según el señor Reyero, titular de la Consejería, la cantidad a pagar a las entidades LGTBI oscila entre 30.000 y 50.000 euros por proyecto. Este dinero proviene de los madrileños residentes en la Comunidad.
Las normas que se aprobaron en Madrid durante el mandato de Cristina Cifuentes (Partido Popular), amparan esta oferta económica.
Se cubrirá «el coste del personal dedicado al proyecto LGTBI en cuestión, los suministros y materiales, las dietas y los gastos de transporte, los seguros exigidos en la convocatoria y otras “necesidades básicas” de los participantes en el proyecto LGTBI».
Este tipo de ayudas económicas sirven para desarrollar leyes sobre los «derechos» de las personas LGTBI, la de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación.
Esto da cabida a «un conjunto de acciones subvencionables, de atención, asesoramiento e información dirigidas de manera específica a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad».
En el Boletín se lee lo siguiente: «la situación de discriminación y privación de derechos que las personas LGTBI han sufrido a lo largo de la historia…existen aún muchos obstáculos y barreras a los que las personas LGTBI se enfrentan a diario, siendo en muchas ocasiones víctimas de trato discriminatorio, vejaciones, agresiones o delitos de odio».
Todo esto, aunque la situación generada por la pandemia ha golpeado económicamente a todo el mundo y los madrileños no son la excepción. Hay muchas personas que aún luchan contra la enfermedad, hay desempleo, fallecidos en cantidad, caída del PIB en el país y, además, el 6 % de la población de Madrid es alimentada por instituciones benéficas o servicios sociales de la Administración.
Cabe la pregunta si existiendo esta crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial, es momento de financiar proyectos que solo busquen conseguir la aceptación de los ciudadanos.
Hay huérfanos, viudas, separados y divorciados, personas con discapacidades de diversa índole, desempleados, empresarios arruinados por la pandemia, ancianos abandonados, madres solteras, entonces, por qué deberían los integrantes de la comunidad LGTBI recibir algún beneficio sobre los demás ciudadanos.
«No cabe mayor injusticia y discriminación que la que se ejerce contra el ciudadano de a pie en nombre de una supuesta igualdad y a favor de una minoría presuntamente agraviada desde hace milenios».
Y ¿de qué forma comprueba una persona, que pertenece al colectivo LGTBI?, ¿Cómo calificaría alguien para ser beneficiario de estos proyectos?