CEDAW-ARGENTINA: DICTADURA ABORTISTA. Exigen un registro público de quienes se oponen a la educación sexual. El gobierno reconoce la abolición de la patria potestad. Campaña para la ratificación del Protocolo.

Fuentes: Propias, Press Release WOM/1459, 16-07-04. (Vid. NG 597, 650, 653, entre otros).

Por Juan C. Sanahuja

El 23 de julio terminó la sesión nº 31 del Comité de seguimiento de la Convención de eliminación de toda discriminación contra la mujer (CEDAW). Esta sesión comenzó el 6 de ese mes. Esta vez el comité examinó a Angola, Bangladesh, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Malta, España y Argentina, que continuó el examen del pasado año.

La delegación argentina la integraban: la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, María Lucila Colombo; la embajadora Juliana di Tullio; la presidenta de la Fundación para las Mujeres, Paz y Desarrollo (Córdoba) , María Teresa Puga-Marín; el Representante Permanente de Argentina ante las Naciones unidas, César Mayoral; la Presidenta de la Fundación del Banco Nación, Estela Palomeque y los representantes de la Misión Argentina ante las Naciones Unidas, Gustavo Ainchil y Gabriela Martinic. Recordamos que Juliana di Tullio es la embajadora argentina que desconociendo la legislación nacional, se plego este año a las políticas de la internacional del aborto en las tres reuniones que convocó la CEPAL.

El delito de oponerse a la educación sexual

Los miembros del Comité elogiaron a la Argentina por su "avance" en el tema del empoderamiento de las mujeres en medio de la crisis socio-económica; pero la urgieron a que "se intensificaran los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres, la feminización de la pobreza y los problemas de salud femeninos; (…) y señalaron que el informe fallaba en el análisis de las denuncias de las mujeres y en la ausencia de un registro público de los acusados de violencia doméstica, violaciones, acoso sexual, explotación sexual, prostitución, y de aquellos que se oponen a la educación sexual en las escuelas".

El informe presentado por Argentina, con un claro tinte propagandístico a favor de la "cultura de la muerte", resalta que "un tercio de la mortalidad materna es debida a abortos intencionales porque éstos que son ilegales y afectan exclusivamente a las mujeres pobres entre los 20 y los 34 años". De acuerdo con el informe, el Programa Nacional de Salud Sexual y Paternidad Responsable "marcó un hito en el logro del respeto de los derechos humanos a través de la reducción de la mortalidad materna, el número de admisiones hospitalarias por abortos y la tasa de fertilidad adolescente".

Los principales "avances" que resalta son: la provisión universal y gratuita de anticonceptivos para todas las jurisdicciones -llevadas a cabo por la Unidad de Monitoreo y Asesoramiento del Programa Materno-Infantil (PROMIN), y el entrenamiento de los trabajadores de la salud involucrados en este Programa-, el acceso a la información y al asesoramiento, la promoción de la participación femenina en las decisiones y en la calidad y extensión de los servicios de salud reproductiva y sexual. El informe señala también que el programa LUSIDA, para combatir el HIV/SIDA y las enfermedades de trasmisión sexual está incorporado al PROMIN y se realiza a través de mensajes en los medios de comunicación, campañas dirigidas a los adolescentes y la distribución de materiales publicitarios sobre salud reproductiva y sexual.

El informe destaca las actividades del Consejo Nacional de la Mujer, señalando que desde el 2003 implementó varios programas y actividades en la promoción de la igualdad y equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo programas de entrenamiento y asistencia relacionados con la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y el concepto de ciudadanía, participación política, salud sexual y paternidad responsable, etc. Estas actividades se realizan a nivel nacional con la colaboración de las provincias y los municipios y las ONGs.

La presidente del Comité, delegada de Turquía, Ayse Feride Acar, urgió a la delegación para que todos los programas se realicen priorizando la perspectiva de género, para así cambiar los estereotipos de género que subsisten en Argentina.

Entre las respuestas de delegación destacamos:

María Lucila "Pimpi" Colombo: (…) "Existen más de 100 proyectos en las distintas provincias bajo planes de ayuda familiar, cuyas metas incluyen, entre otras cosas, prevenir la violencia contra la mujer y los embarazos precoces. (…) Como en la Argentina no existe la cultura de la prevención, se está trabajando en este sentido. El gobierno atento a esto, está asignando mayores recursos a estos 'servicios sociales' en todo el país. El gobierno piensa lograr estas metas mediante equipos de entrenamiento que trabajan en el ámbito de los Ministerios de Salud y Trabajo. Los adolescentes pueden recibir citas médicas confidenciales a partir de los 14 años. El gobierno desea promover el diálogo entre los jóvenes y los adultos. La esterilización voluntaria se está discutiendo en varias provincias. Es importante asegurar el acceso universal y democrático a los métodos anticonceptivos".

(…) "Con respecto a los derechos humanos la Argentina está trabajando en varios frentes. El Gobierno le asignó máxima prioridad a la defensa de los derechos humanos y apoya la ratificación del Protocolo Opcional. El Gabinete está trabajando en la promoción del Protocolo". (Recordamos que en el lenguaje de la ONU se incluye en violencia contra la mujer todo lo que impida su plena "autonomía reproductiva", es decir, para evitar dicha violencia la legalización del aborto sin restricciones es imperativa).

Juliana Di Tullio: (…) "Respecto a la salud, el Consejo de la Mujer y el Ministro de Salud están trabajando sobre un programa que crea cursos de entrenamiento y seguimiento en los centros provinciales de salud con particular énfasis en las mujeres pero que incluye a los hombres. (…). "La paternidad planificada es relativamente nueva y se deben agregar políticas más intensas en ésta área."

María Teresa Puga-Marín: (…) "el Gobierno provee anticonceptivos orales a los centros de salud y a los ginecólogos en todas las provincias. Se han distribuido más de un millón de dispositivos intrauterinos en las provincias". (…) (Este número de DIU's duplica la cifra oficial, vid NOTIVIDA 237)

Hacia la ratificación del Protocolo Opcional (vid. NOTIVIDA 147, NOTIVIDA 219, NOTIVIDA 220).

Después de la sesión del Comité del CEDAW, en Argentina los grupos feministas y abortistas con apoyo del gobierno, comenzaron la campaña para la ratificación del Protocolo. Políticos, legisladores y activistas de los movimientos abortistas, se reunieron el 22 de julio, en el Auditorio de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La próxima reunión está prevista para el 19 de agosto. FIN, 05-08-04.

¿DERECHOS CIVILES, LIBERTAD RELIGIOSA O PERSECUCIÓN?.

Fuentes: Propias; LifeSite News, 30-07-04; Mainstream Coalition web page, 31-07-04; Christian Seniors Association, Press Release, 21-07-04. (Vid. NG 519 y 520, entre otros).

Por Juan Bacigaluppi

El Director Ejecutivo de Christian Seniors Association (CSA), James Lafferty, pidió al Fiscal General de los Estados Unidos, John Ashcroft, que investigue la persecución, pública y descarada, a los ministros de distintas confesiones cristianas de los Estados de Kansas y Missouri (USA). Además, presentó su reclamo ante la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia pidiendo que se envíen agentes federales a estos dos estados para que observen allí las actividades de la Mainstream Coalition en contra de los predicadores cristianos.

La denuncia se basa en una noticia de Associated Press y en datos que aporta la misma página web del grupo denominado The Mainstream Coalition. Según estas fuentes existen más de 100 miembros de este grupo "monitoreando" los sermones y el culto de algunas iglesias cristianas elegidas previamente.

La Christian Seniors Association es una organizacion fundada por el Rev. Louis P. Sheldon en el 2003, compuesta por personas que defienden los valores judeo-cristianos en los medios de comunicación y en la políticas públicas. Tiene sede en Washington y cuenta con más de 100.000 miembros.

James Lafferty, su director ejecutivo, declaró: "La iglesias de esos estados (Kansas y Missouri) son muy influyentes y hacen proselitismo por la firmeza de sus creencias" (…) "Reclamamos que los ciudadanos creyentes estén protegidos como promete la Constitución. Es tiempo que alguien rechace estos disparates liberales". Y continuó diciendo: "Esto es una persecusión pura y simple. La iglesias de Kansas y Missouri que se oponen al 'matrimonio' entre homosexuales figuran en primer lugar en las listas de la Coalición para ser monitoreadas".

La Mainstream Coalition se denomina así misma un "guardián cívico". Dice que sus miembros monitorean los sermones para demostrar que existen clérigos, pastores y predicadores que apoyan a candidatos políticos concretos, lo cual está en contra de la ley. Pero la página web de la Mainstream Coalition, revela una agenda "progresista" de apoyo al aborto, al activismo homosexual, y a la prohibición de toda mención religiosa en la escuela, que no es más que pretender una enseñanza cerrada a la trascendencia y a cualquier referencia al orden espiritual.

Muchos de los miembros de Mainstream Coalition, también lo son de la American Civil Liberties Union; de Planned Parenthood, filial en USA de la IPPF, la internacional del aborto y la perversión de menores; y de la National Education Association que procura "extirpar" a Dios de las escuelas.

Lafferty declaró que Mainstream Coalition, "no quiere monitorear nada; ellos están allí para intimidar a los pastores y a los fieles. Los cristianos no deben ser coaccionados para renunciar a ninguno de sus derechos como ciudadanos, incluyendo el derecho a manifestar públicamente su devoción y el derecho de expresar sinceramente las creencias que sostienen".

La Mainstream Coalition está relacionada con las siguientes organizaciones: People for the American Way; Americans United for Separation of Church and State; Political Research Associates; The Interfaith Alliance; Center for New Community; Southern Poverty Law Center; Kansas Citizens for Science; Texas Freedom Network; Privacy Rights Education Project; Religious Coalition for Reproductive Choice, una organización pseudo religiosa financiada con fines propagandísticos a favor del "derecho" al aborto por el Centro de Políticas para los Derechos Reproductivos.

La Interfaith Alliance está relacionada con el proyecto Carta de la Tierra, la iniciativa neo masónica Foro del Estado del Mundo y el Parlamento de las Religiones del Mundo, a los que hemos dedicado muchos boletines de Noticias Globales. Estos tres proyectos que están involucrados de un modo u otro con la "cultura de la muerte", pretenden implantar en el mundo una religión sincretista, basada en el inmanentismo y el relativismo moral, con dosis grandes de panteísmo, que sería el credo del Nuevo Orden Mundial.

Como otras muchas organizaciones que dicen defender las libertades civiles, Mainstream Coalition busca implantar un modelo de sociedad cerrado a la trascendencia, carente de principios permanentes y un Estado ateo, enemigo de Dios, que obligue a los ciudadanos a ocultar sus creencias religiosas sin manifestarlas públicamente y sin que éstas influyan en sus acciones.

¿Derechos civiles y libertad religiosa?

Entre los fenómenos que se pueden actualmente observar, comunes en muchos países europeos y americanos, encontramos a diversas organizaciones que dicen defender los derechos civiles y otras que "promueven y defienden" la libertad religiosa.

Las que tienen por objeto los derechos civiles suelen insistir en la separación Iglesia-Estado para reclamar el supuesto derecho al aborto o de los homosexuales a constituir una "familia", como si la ley natural no fuera universal y no obligara a todos los hombres cualquiera sea su fe. Enarbolan la bandera del Estado Laico, para justificar los crímenes contra la vida humana, en unión con organizaciones bien conocidas como el grupo de apóstatas Católicas por el Derechos a Decidir. Denuncian judicialmente a obispos y Conferencias Episcopales que fieles al Magisterio, enseñan sin ambigüedades la moral cristiana. Suelen hacerse presentes en la vida pública reclamando, por ejemplo, dejar de nombrar a Dios en el juramento de fidelidad a la bandera como en los Estados Unidos; o exigen el retiro de la una imagen de la Santísima Virgen del edificio de Tribunales en Buenos Aires.

Las que reclaman por la libertad religiosa no protestan, por ejemplo, contra la reciente decisión del gobierno sueco de enviar a la cárcel a un pastor evangélico que tuvo la "osadía" de predicar sobre lo que la Biblia enseña respecto de la homosexualidad. Tampoco lo hacen contra la persecución a los cristianos en Sudán o en otros países islámicos, en la India, China o Vietnam; tampoco les mueve a hacer declaraciones y comunicados la negativa por parte de Israel a dar visas a sacerdotes católicos. Antes bien, suelen crear casos de conflicto artificiales en lugares en los que gentes de todas las confesiones religiosas viven en paz y armonía, sin duda por el sustrato cultural cristiano que impregna esas sociedades. Así pasó en Argentina, por ejemplo, con el sonado caso de la educación religiosa en las escuelas públicas en Catamarca, con la amenaza de retirar las imágenes religiosas en los lugares públicos en Tucumán, y con los actuales intentos de borrar el nombre de Dios de la constitución de la provincia de Santa Fe.

Un ejemplo entre muchos

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en Argentina, que consiguió que se retirara la imagen de la Virgen de Tribunales enarbolando la bandera de la "discriminación religiosa", está relacionada con organizaciones pro homosexuales y pro abortistas como Liga de Defensa de las Minorías Sexuales y la Fundación Mujeres en Igualdad, y al igual que éstas y otras organizaciones "progresistas" recibe fondos de la Fundación Ford.

Entre las iniciativas que aparecen en su pag web figura el programa de "fortalecimiento democrático y social" realizado en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de San Andrés y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), "para aportar respuestas a la crisis social y contribuir a la transformación de las instituciones políticas. Este programa, cuenta con fondos donados por la Fundación Ford (….)". El CELS y FLACSO promueven, entre otras cosas, la "reingeniería sexual" del nuevo orden mundial.

Otros proyectos que marcan una pauta incontestable son: "Defendiendo los Derechos a la Salud Reproductiva en la Provincia de Santa Fe. Una propuesta para la reforma e implementación del programa de procreación responsable", a cargo de la Fundación Gémina y la ADC; y el "Proyecto Integral de Reforma Judicial" organizado por la ADC y el FEIM, conocida organización abortista argentina.

En la causa judicial de Mujeres por la Vida, (filial Córdoba), contra el Ministerio de Salud, promovida contra el programa nacional de salud reproductiva, la ADC actuó como patrocinante de la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, que se presentaron en el juicio apoyando la distribución de abortivos por parte del Ministerio. La Asociación Civil por el Derecho a Decidir es la cara legal de la organización abortista de apóstatas Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que también es financiada por la Fundación Ford.

(Sobre el retiro de la imagen de la Virgen de San Nicolás del edificio de Tribunales en Buenos Aires y sobre la cuestión de la enseñanza religiosa en Catamarca, vid. NOTIVIDA, www.notivida.org.ar -boletines-). FIN, 04-08-04