(ACI Prensa/InfoCatólica) Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, ha decidido denunciar formalmente a dos hombres responsables de agredir sexualmente a su hija, quien falleció por eutanasia en España tras un prolongado proceso judicial.
Ramos explicó así sus motivaciones: «He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. Lo hago porque siento que eso es lo que ella quería. Noelia habló de las violaciones en televisión y el mismo día que ella murió me dio su diario. Y, cuando yo lo leí, entendí muchas cosas».
La madre solicitó a la Fiscalía investigar dos presuntas violaciones que habrían dado origen a la situación que desembocó en el caso de su hija. En una grabación difundida por la Fundación Española de Abogados Cristianos, Ramos expresó: «Siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad. Por eso he decidido ir a Fiscalía, porque no puedo quedarme de brazos cruzados. A mi hija ya no me la van a devolver, pero tampoco quiero que todo esto quede en el olvido. Lo hago por ella y también por otras chicas a las que les ha pasado lo mismo y ellas no denuncian».
«Es lo único que puedo hacer por mi hija», añadió, y expresó su determinación de «que no quede nunca en el olvido».
Ya en abril de 2026, Ramos había reclamado públicamente la derogación de la ley de eutanasia: «Por favor, que esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias. No quiero que pase más esto. Esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente».
Las denuncias y la documentación aportada
Con el apoyo de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Yolanda Ramos presentó dos denuncias ante las Fiscalías Provinciales de Barcelona y Tarragona. Según la comunicación de la fundación, «fue la propia Noelia quien dejó por escrito el relato de ambas agresiones sexuales».
La primera agresión, según ese relato, ocurrió cuando Noelia «fue forzada a mantener relaciones sexuales por quien entonces era su pareja sentimental, un joven pakistaní con el que tuvo una relación de cuatro años».
La segunda tuvo lugar después de que Noelia conociera a un camarero en Salou: «fue drogada, alcoholizada y violada por tres hombres». La denuncia precisa que «tres días después de esa agresión, Noelia intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica. Años después solicitaría la eutanasia».
Abogados Cristianos sostiene que los hechos «podrían ser constitutivos de dos delitos de violación del artículo 179 del Código Penal, con distintas circunstancias agravantes previstas en el artículo 180».
La fundación añadió: «La familia no pudo denunciar los hechos en su momento al carecer de pruebas suficientes. Sin embargo, tras el fallecimiento de Noelia, su madre ha podido acceder a diversa documentación que, según expone la denuncia, permitiría identificar a los presuntos autores».
Entre las pruebas figuran un manuscrito de la propia Noelia relatando ambas violaciones, además de conversaciones, datos de identificación y otros elementos que facilitarían la localización de los presuntos agresores.
La fundación subrayó que «el fallecimiento de la víctima no impide la persecución penal de estos delitos» y pidió a la Fiscalía «que impulse las diligencias necesarias para identificar a los responsables y exigirles las correspondientes responsabilidades penales».
El primer caso judicializado de eutanasia en España
Noelia Castillo recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026. Había solicitado el procedimiento en abril de 2024, y le fue concedido en agosto de ese mismo año, momento en que sus padres iniciaron acciones legales para intentar preservar su vida.
Se trató del primer caso judicializado en España desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia, el 25 de junio de 2021. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, esta ley se ha cobrado ya 1.688 vidas.
En el proceso judicial se argumentó que Noelia no había recibido la ayuda necesaria para afrontar sus problemas psiquiátricos, evidenciados por múltiples intentos de suicidio, uno de los cuales le causó lesiones graves.
Abogados Cristianos explicó: «El propio Tribunal Constitucional (STC 94/2023) deja claro que la eutanasia no puede aplicarse cuando el origen del sufrimiento es una enfermedad mental y que el Estado tiene la obligación de proteger a estas personas frente al riesgo de suicidio».
Asimismo, se denunció al médico y al abogado que realizaron la evaluación inicial por, según consta en sentencia del Tribunal Supremo, «fingir su desacuerdo para así elevar la decisión a la Comisión de Garantías y Evaluación y “forzar” una supuesta mayor garantía en la toma de decisiones».
Además, se interpusieron denuncias contra siete miembros de la comisión de garantías por conflicto de intereses, y contra el exconsejero de Salud de Cataluña, Josep María Argimón, por haberlos designado.
