(InfoCatólica) El Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha abierto juicio oral contra siete de las exclarisas que protagonizaron la ruptura con la Iglesia, y tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan doce años de prisión para cada una de ellas por el trato dispensado a las cinco religiosas de avanzada edad que permanecieron bajo su cuidado.
La petición de condena se suma a una fianza solidaria de 300.000 euros fijada por la juez instructora para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso, incluidas indemnizaciones de 60.000 euros por cada una de las cinco víctimas, según publica ABC.
Cargos y hechos investigados
Las acusaciones comprenden presuntos delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, administración desleal y apropiación indebida. La instrucción sostiene que las cinco religiosas, de entre 87 y 101 años, fueron mantenidas durante meses en condiciones incompatibles con la atención que requería su elevado grado de dependencia, primero en el monasterio burgalés de Belorado y después en el de Orduña (Vizcaya).
Según la resolución judicial, cuando la Guardia Civil rescató a las ancianas el 18 de diciembre de 2025, los informes médicos y forenses describieron un panorama especialmente preocupante: varias de ellas no habían recibido el desayuno ni la medicación a la llegada de los agentes, una permanecía sola sentada en el inodoro y otra convivía en una habitación con perros entre restos de suciedad y excrementos.
Pensiones desviadas a negocios
La investigación aprecia indicios de que las pensiones y cuentas bancarias de algunas de las religiosas mayores fueron utilizadas para sufragar gastos ajenos a su cuidado. Según recoge ABC, desde esas cuentas se realizaron transferencias, pagos de combustible, compras por internet, pagos mediante Bizum, adquisición de pienso para animales, nóminas de trabajadores de los negocios de las exreligiosas e incluso transferencias a familiares de la exabadesa, Laura García de Viedma, conocida como sor Isabel de la Trinidad durante su vida religiosa.
La fianza de 300.000 euros se destinaría, en principio, al pago de posibles indemnizaciones a las cinco monjas mayores, en particular a las cuatro cuya pensión fue derivada a cuentas en las que alguna de las exreligiosas figuraba como cotitular y ejercía el control efectivo de los fondos.
Ancianas utilizadas para dificultar el desahucio
La resolución judicial sostiene además que las religiosas ancianas, que nunca secundaron la ruptura con la Iglesia, fueron utilizadas como un obstáculo para dificultar los desahucios de los monasterios ocupados por las exclarisas. Según la magistrada, esta estrategia respondía tanto al interés de retrasar los lanzamientos judiciales como al mantenimiento del control sobre los recursos económicos de las mayores.
Las exmonjas denuncian una «caza de brujas»
Las siete procesadas han hecho pública la petición de penas mediante un comunicado en el que expresan su «desacuerdo» y se declaran «plenamente inocentes de las graves acusaciones». Sin embargo, como señala ABC, no informaron de que la juez también había fijado la fianza de 300.000 euros.
En su escrito, las exreligiosas aseguran afrontar el procedimiento «con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan» y tildan la situación de «caza de brujas como en la antigua inquisición». A su juicio, existe una voluntad deliberada de «quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida».
«Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia», sostienen en el comunicado, en el que califican todo lo sucedido desde la ruptura como «una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica».
El grupo, actualmente refugiado en la vivienda de una familiar en La Puebla de Montalbán (Toledo), concluye pidiendo respeto a «nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación» y solicitando a la opinión pública que reserve su juicio hasta conocer «todas las circunstancias del caso».
Con la presentación de los escritos de acusación, el procedimiento entra en su fase decisiva. Salvo un giro inesperado, las siete exmonjas deberán sentarse en el banquillo para responder de unos hechos por los que podrían ser condenadas a doce años de prisión cada una. La acusación particular la ejerce el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, monseñor Mario Iceta.
