(InfoCatólica) El sacerdote chileno Felipe Berríos ha presentado su renuncia a la Compañía de Jesús después de un proceso que se prolongó durante casi cuatro años y que concluyó en octubre pasado con la absolución por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de las acusaciones de delitos de connotación sexual que pesaban sobre él.
Críticas al manejo institucional del caso
La decisión del religioso se dio a conocer a través de una carta dirigida al provincial de la Compañía de Jesús en Chile, padre Juan Cristóbal Beytia, y publicada por la revista progre chilena Reflexión y Liberación. En el documento, Berríos denuncia un mal manejo por parte de la orden jesuita de las acusaciones en su contra y del proceso posterior.
El sacerdote responsabiliza a la Compañía de Jesús por apoyar el escarnio público y contribuir a generar un profundo daño, al tiempo que reclama a los jesuitas una instancia de reflexión y un pedido de disculpas. Según su relato, la orden hizo pública la existencia de «acusaciones de índole sexual» en su contra sin haberle comunicado primero de qué se lo acusaba, lo que generó «gran revuelo mediático» por ser un sacerdote conocido y de relevancia pública.
Llamados públicos sin especificar las acusaciones
Berríos denuncia que la Compañía de Jesús realizó llamados públicos a denunciar «cualquier mala conducta en la que yo pudiese haber incurrido», sin explicar cuáles eran las supuestas acusaciones de índole sexual, «dejando a la imaginación de la gente las aberraciones más grandes».
El religioso aclara que «ninguna de las ocho denunciantes habló nunca de relaciones sexuales, desnudos, tocamientos de genitales o palabras soeces denigratorias u ofensivas», sino que «la mayoría de estos relatos, como quedó demostrado en el Decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se fueron construyendo con el tiempo y tienen múltiples inconsistencias».
Absolución en ambas jurisdicciones
En el ámbito de la justicia civil, la investigación determinó primero la absolución por prescripción, y tras una apelación se declaró el sobreseimiento definitivo y total de la causa en diciembre de 2024 «por la imposibilidad de determinar la efectividad de los hechos».
En el plano canónico, el 22 de octubre de 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe concluyó definitivamente que «no resulta la certeza moral sobre la comisión de los delitos imputados». La decisión se fundamentó en «que en las etapas precedentes había habido un vicio en la valoración crítica de las denuncias, que los relatos en mi contra eran divergentes, que no habían sido lineales ni coherentes». Este decreto «dejó sin efecto dos decretos anteriores, incluido el de expulsión de la Compañía de Jesús».
Medidas disciplinarias pese a la absolución
Sin embargo, Berríos reprocha la actitud de la Compañía de Jesús, que «ordenó, una vez más con publicidad, 'atender a las personas que de alguna manera han sido vulneradas por comportamientos del P Berrios'», aun cuando el Dicasterio indicó que «si bien una de las denuncias efectivamente había ocurrido, no era delito, y que las otras tres, de acuerdo con el Decreto, no ocurrieron».
El sacerdote revela que el provincial, al notificarle sobre la decisión del Dicasterio, le impuso «siete medidas disciplinarias, entre ellas restricciones a mi ministerio sacerdotal». «Después de casi cuatro años siendo enjuiciado públicamente y pese a la contundencia de los procesos judiciales penales ordinarios y eclesiásticos, para la Compañía de Jesús como institución, donde juré entrar y morir en ella, soy igualmente responsable de hechos que no cometí», subraya.
La respuesta de la Compañía de Jesús
Al conocer la decisión de Berríos, la Compañía de Jesús en Chile emitió un comunicado en el que anticipa que el provincial «remitirá los antecedentes a la Curia General, para dar curso al procedimiento que corresponde en estos casos».
La orden jesuita defiende su actuación señalando que «frente a denuncias de abuso a niñas, niños y adolescentes, o personas en situación de vulnerabilidad, la Compañía de Jesús activa protocolos institucionales de público conocimiento que se han aplicado sin excepción a cualquier jesuita, conforme a procedimientos formales, obligatorios e independientes».
Justificación de las medidas adoptadas
El comunicado explica que «las medidas adoptadas --tanto las de acompañamiento y reparación a las denunciantes, como las de restricción respecto del P. Berríos-- responden al mérito de los antecedentes disponibles y al deber de actuar con responsabilidad». Estas medidas «se sustentan en lo recabado durante la Investigación Previa y el Proceso Administrativo Penal, realizados por expertos independientes, y la convicción alcanzada como Compañía de Jesús».
La orden reconoce que «aun cuando en ciertas instancias no se haya alcanzado la certeza moral exigida en el proceso canónico respecto de algunos de los hechos, se constataron conductas que transgredieron límites y causaron daño, lo que lamentamos profundamente».
Compromiso con la protección de vulnerables
El comunicado concluye asegurando que «el actuar de la Compañía de Jesús se funda en un compromiso ineludible con la justicia, la búsqueda de la verdad, la ejecución de procedimientos serios y responsables y, de manera prioritaria, con la protección de personas en situación de vulnerabilidad».
Por su parte, Berríos concluye su carta expresando que «aunque seguiré fiel al Evangelio y al sacerdocio, según la mirada de San Ignacio, fiel a mi misión de estar al servicio de la fe y la promoción de la justicia, ante la actitud del gobierno de la Compañía de Jesús, no me queda otra decisión, en conciencia y delante de Dios, que solicitar la salida de la Compañía de Jesús».
