(LSN/InfoCatólica) El senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, anunció que el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos celebrará el 14 de enero una audiencia centrada en los peligros de las píldoras abortivas, en un momento de frustración provida por la falta de respuesta federal ante la expansión del aborto químico.
La audiencia lleva por título «Protecting Women: Exposing the Dangers of Chemical Abortion Drugs» y, según lo explicado por Cassidy al medio The Daily Wire, consistirá en debatir cómo sostener una cultura de la vida y cómo colocar la seguridad de las mujeres por encima de la ideología política. No se han dado a conocer todavía los nombres de los testigos ni el listado de preguntas concretas que se abordarán, aunque se ha indicado que la sesión podrá verse a través del sitio del comité del Senado.
Cassidy, médico de profesión y presidente del comité, enmarcó la convocatoria en términos de defensa de la vida humana y de protección de las madres. En su declaración sostuvo: «Como médico y un fuerte conservador provida, estoy comprometido a proteger a las madres y a los no nacidos. La evidencia médica es clara: los fármacos del aborto químico no solo matan a bebés inocentes, sino que también ponen a las mujeres en grave peligro».
Uno de los puntos de mayor preocupación es el envío de píldoras abortivas a través del correo, incluso cruzando fronteras estatales, para que sean usadas en completa privacidad. Esta práctica se ha convertido en una de las herramientas principales del lobby abortista para debilitar las leyes provida estatales, pese a los riesgos médicos que conllevan estos fármacos. A esos riesgos se suma el hecho de que, al consumirse sin personal sanitario presente, una posible complicación puede no recibir atención inmediata.
En ese contexto, se recordó una carta del 20 de noviembre dirigida a responsables federales de salud, encabezada por los congresistas republicanos Chris Smith (Nueva Jersey) y Diana Harshbarger (Tennessee). En ella se pedía que «los efectos deletéreos y gravemente infradeclarados del fármaco mifepristona sobre las mujeres sean investigados enérgicamente y que se adopte una acción decisiva para proteger a las mujeres del daño», y se reclamaba que «se adopten medidas inmediatas para, como mínimo, restablecer el requisito de dispensación presencial de la mifepristona».
Esa carta citaba un análisis de abril del Ethics & Public Policy Center (EPPC), que, basándose en datos de seguros, concluyó que casi el 11% de las mujeres sufre sepsis, infección, hemorragias u otras afecciones graves tras tomar mifepristona. También se aludía a hallazgos similares de la Restoration of America Foundation, presentados como parte de un “creciente cuerpo de pruebas” que apuntaría a que los riesgos para la salud asociados a los abortos con mifepristona son graves, extendidos y significativamente infradeclarados.
Pese a ello, el informe anual más reciente de Planned Parenthood Federation of America indicaba que, casi dos años después (a abril de 2024) de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara Roe v. Wade y permitiera que volvieran a aplicarse prohibiciones directas del aborto por primera vez en medio siglo, la mayor cadena abortista del país seguía operando casi 600 centros en todo el territorio nacional. En el periodo más reciente reportado, Planned Parenthood declaró 392.715 abortos.
El profesor Michael New, del Lozier Institute, valoró esas cifras con estas palabras: «un número récord de abortos para la organización y representa aproximadamente el 40 por ciento de los abortos realizados en Estados Unidos».
La polémica se intensifica por la incertidumbre sobre cuándo y cómo la administración Trump abordará el problema del aborto químico. Desde su regreso al cargo, el presidente Donald Trump ha adoptado diversas acciones provida principalmente en el terreno de la financiación con dinero de los contribuyentes. Sin embargo, en ámbitos provida se ha extendido la preocupación desde que Trump declaró que no haría cumplir una ley federal que prohíbe la dispensación por correo de píldoras abortivas, manteniendo así una política de la administración Biden que, según se denuncia, socava las leyes provida estatales.
En mayo se abrió una expectativa de cambio cuando el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., prometió una «revisión completa» de los riesgos médicos de las píldoras abortivas, aunque desde entonces no se han anunciado conclusiones ni un calendario. Paralelamente, algunos líderes provida han pedido el cese del comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Marty Makary, por informaciones —que él niega— según las cuales estaría «ralentizando deliberadamente» dicha revisión.
