(LNBQ/InfoCatólica) El 16 de septiembre, la Asamblea Legislativa de la Región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, aprobó una resolución que habilita a las conferencias territoriales socio-sanitarias, así como a los comités consultivos conjuntos, a restringir las manifestaciones en las cercanías de hospitales, clínicas de planificación familiar y centros donde se practican abortos.
La resolución fue impulsada por el Partido Demócrata (PD), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Civici con De Pascale, y cuenta con el respaldo de la Alianza de los Verdes y la Izquierda (AVS). Según explicó el consejero regional Paolo Trande (AVS), el objetivo no es prohibir las manifestaciones, sino «desplazarlas unos metros», con el fin de preservar la tranquilidad en torno a estos espacios sanitarios. No obstante, la medida ha suscitado críticas por parte de sectores provida, que la consideran una restricción a la libertad de expresión y de religión.
Trande argumentó que la resolución no está dirigida a las oraciones, sino a las manifestaciones de carácter político, como las que incluyen pancartas contra la Ley 194 o mensajes considerados culpabilizadores hacia las mujeres. La medida ha sido interpretada por algunos como una respuesta directa a acciones como el rezo del Rosario organizado por la Asociación Comunitaria Papa Juan XXIII frente al Policlínico de Módena.
La resolución contempla la creación de «zonas de acceso seguro» que impedirán la realización de protestas o concentraciones frente a los centros afectados. Algunos críticos han señalado que, aunque en teoría la resolución no prohíbe la oración, podría llegar a considerarse una manifestación si se realiza de forma organizada y visible.
Diversas voces han cuestionado la coherencia de la medida, sugiriendo que si se trata de evitar ofensas a la conciencia o la sensibilidad de determinados colectivos, también podrían prohibirse otras manifestaciones como las marchas del Orgullo cerca de iglesias, los piquetes laborales frente a fábricas o las manifestaciones sindicales junto a oficinas gubernamentales.
El primer firmante de la resolución, Lorenzo Casadei (M5S), defendió la iniciativa afirmando:
«No permitiremos que la historia, especialmente en Emilia-Romaña, retroceda bajo ninguna circunstancia. Si alguien en Roma piensa usar las instituciones para imponer una moral de Estado, se encontrará con un muro de laicidad».
Por su parte, Maria Rachele Ruiu, portavoz de la organización Pro Vita & Famiglia, declaró que esta resolución «criminaliza a quienes defienden la vida, atacando formas pacíficas y legítimas de libre expresión que de ninguna manera obstaculizan la aplicación de la Ley 194». Ruiu añadió que «no hay una sola noticia que informe de mujeres que no pudieron abortar debido a estas protestas o vigilias de oración», y afirmó que muchas mujeres agradecen el apoyo recibido por parte de voluntarios provida.
