(LifeNews/InfoCatólica) La reciente decisión del gobierno canadiense de suprimir el cargo ministerial responsable de las personas con discapacidad ha provocado una fuerte polémica, especialmente por coincidir con la expansión del programa de eutanasia y suicidio asistido en el país.
Al anunciar su nuevo gabinete, el primer ministro Mark Carney no nombró a ningún sustituto para el puesto que anteriormente ocupaba Kamal Khera, dejando sin representación ministerial directa a más de ocho millones de personas con discapacidad en Canadá. La medida ha sido calificada como una grave falta de sensibilidad y ha suscitado la indignación de activistas y expertos en derechos de las personas con discapacidad.
El profesor David Lepofsky, ciego y reconocido defensor de los derechos de las personas con discapacidad, condenó con dureza la decisión: «For the prime minister to do this is a real slap in the face to eight million people with disabilities in Canada». Lepofsky afirmó que este acto transmite claramente que estas personas no son una prioridad para el gobierno.
En la misma línea, Rabia Khedr, directora nacional de Disability Without Poverty, lamentó que la falta de representación en el gabinete «sends a message. Unfortunately, people with disabilities are being left behind».
La activista Donna Jodhan también criticó lo que considera una omisión reveladora de las verdaderas prioridades del nuevo gobierno: «The omission speaks volumes about where Canadians with disabilities now stand on the government’s priority list».
Desde el movimiento provida, David Cooke afirmó que el gobierno está «prioritising euthanasia over improving medical and social supports for this vulnerable and marginalised group».
Estas reacciones se producen en un contexto especialmente preocupante. El último informe oficial del gobierno canadiense sobre el programa de eutanasia, titulado Quinto Informe Anual sobre Asistencia Médica para Morir en Canadá 2023, reveló que el 58,3 % de quienes accedieron al procedimiento sin que su muerte natural fuese inminente presentaban algún tipo de discapacidad.
Desde 2016, cuando se legalizó la eutanasia en el país, las condiciones de acceso al procedimiento se han flexibilizado progresivamente. En 2021, se eliminó el requisito de que la muerte del solicitante fuese «razonablemente previsible». Posteriormente, en 2024, se aprobó legislación que permitirá el suicidio asistido por motivos de salud mental a partir de marzo de 2027. Además, un comité parlamentario recomendó en 2023 extender esta práctica a menores de edad en determinadas circunstancias y facilitar su acceso a personas reclusas.
Estas decisiones legislativas se han visto acompañadas de testimonios estremecedores. En 2018, Roger Foley, paciente con una enfermedad neurológica crónica, grabó a personal hospitalario ofreciéndole la eutanasia a pesar de su deseo expreso de continuar su tratamiento en casa.
De forma similar, en 2023, la canadiense Rose Finlay, cuadripléjica, consideró la eutanasia como opción no por desear morir, sino porque los apoyos estatales eran más lentos y difíciles de obtener que el procedimiento de muerte asistida. Según explicó: «There is a huge and detrimental discrepancy that exists in the supports that are available to disabled Ontarians...». Y concluyó con una acusación contundente contra el Estado: «Starve them, cut them off from participating in society and then offer them death».
Estos casos ilustran un clima alarmante en el que muchas personas con discapacidad sienten que se les empuja hacia la eutanasia como única salida, especialmente en contextos de precariedad.
Paralelamente, el debate ha alcanzado también al Reino Unido, donde actualmente se discuten dos proyectos de ley sobre suicidio asistido. Allí, voces como la de la exparalímpica baronesa Tanni Grey-Thompson han expresado su temor: «Every disabled person who writes to me... is absolutely terrified about what this means for them».
Por su parte, Lord Kevin Shinkwin, también con discapacidad, advirtió sobre las consecuencias de uno de estos proyectos: «This Bill would put a price on my head – on the head of so many disabled people».
En Escocia, la parlamentaria Pam Duncan-Glancy, usuaria de silla de ruedas, cuestionó duramente la falta de garantías del proyecto de ley escocés: «There are no safeguards that could address the concerns identified in this Bill».
Desde Right to Life UK, Catherine Robinson denunció que «people with disabilities in Canada are being told they are not a priority» y advirtió que «this should be a warning to the UK as it considers adopting reckless anti-human policies».
