(CNA/InfoCatólica) Catholic Charities Fort Worth (CCFW) anunció el 17 de julio que continuará al frente de la Oficina de Refugiados de Texas hasta septiembre de 2026, revocando una decisión previa que preveía abandonar ese papel a finales de este año debido a los recortes presupuestarios a los programas de refugiados implementados por la administración Trump.
La decisión responde a los llamados urgentes de cerca de 60 organizaciones proveedoras de servicios a refugiados en Texas, que advirtieron que la retirada de CCFW pondría en riesgo 200 millones de dólares en fondos federales esenciales para más de 118.000 refugiados.
En junio, CCFW había comunicado su intención de dejar su rol como organismo delegado para la Oficina de Refugiados de Texas a partir de octubre. La organización había asumido esa responsabilidad en 2021, después de que el gobernador Greg Abbott retirara a Texas del programa federal de reasentamiento de refugiados en 2016.
Ante esta situación, los proveedores reaccionaron rápidamente, enviando cartas en las que advertían que una salida abrupta de CCFW provocaría serias interrupciones en los servicios. «Hacer esto en este contexto no es moral en muchos sentidos», afirmó Kimberly Haynes, directora en Texas de Church World Service, quien pidió a CCFW que permaneciera al menos un año más para garantizar una transición estable.
Haynes declaró al Houston Chronicle en junio que la salida de CCFW podría obligar a su organización a despedir empleados y cerrar programas como el de Asistencia en Efectivo para Refugiados, Asistencia Médica, Servicios Legales de Inmigración y Ajuste Social, lo cual afectaría al 80% de sus servicios en Dallas y Houston.
El presidente y director ejecutivo de CCFW, Michael Iglio, señaló en un comunicado compartido con CNA que la decisión de revertir su salida se tomó tras una «reflexión más profunda» y «retroalimentación cuidadosa» por parte de los proveedores.
«Reconocimos que una retirada anticipada podría poner en riesgo serio la continuidad de los servicios», afirmó Iglio, añadiendo que abandonar prematuramente era una decisión que la agencia «no podía permitir en conciencia».
Al continuar hasta el fin de su contrato en septiembre de 2026, CCFW busca garantizar la estabilidad de los servicios y facilitar una transición responsable.
En marzo, CCFW presentó una demanda contra la administración Trump y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., alegando la congelación ilegal de 36 millones de dólares en fondos. Aunque los pagos se reanudaron tras una revisión de integridad del programa, el incidente puso de relieve la fragilidad del financiamiento para los programas de refugiados.
Esta decisión llega en medio de mayores desafíos para los servicios a refugiados bajo la segunda administración Trump, que en enero suspendió el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, afectando con ello 100 millones de dólares en ayudas solo en la región de Houston.
Como consecuencia, la Arquidiócesis de Galveston-Houston despidió en febrero a 120 empleados, la mayoría de los cuales trabajaban en asistencia a refugiados.
La enseñanza social católica sobre la inmigración, basada en el llamado de Jesús a acoger al forastero (cf. Mateo 25,35), fundamenta el compromiso de CCFW con los refugiados. La decisión de continuar su labor se alinea con la defensa de políticas migratorias humanas promovida por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
